*** La música de la resistencia en Colombia

VEA LA TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DEL ARTÍCULO COMPLETO

EN AL JAZEERA EN INGLÉS.

El documental completo (con 3 videos cortos adicionales) se ven mejor en el original:

Music of resistance in Colombia

Es mejor leer el texto en la traducción automática y observar los videos en el original en inglés.  El documental y los cortos no representan ninguna dificultad: casi todo lo que se dice está en español con subtítulos.

Se puede ver el video de la canción de "Marcando territorio" completa, y su letra traducida al inglés, en esta entrada anterior de nuestro blog.  ¡El audio es mucho mejor!

La fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano  busca organizar el trabajo juvenil en Buenaventura desde el 2007.  Promueve y genera la participacion comunitaria para mejorar las condiciones de vida integral a nivel social, ambiental, espiritual, cultural y los Derechos Humanos.

La Coordinación Regional Pacífico es una iniciativa de las diócesis del litoral y varias ONGs nacionales e internacionales.  La mayoría de los videos pueden verse en su canal en YouTube.  Vale la pena también revisar su Revista Interactiva.

¡Muchas gracias Al Jazeera por la visibilidad internacional!

** Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

De: Anthony Dest <dest.anthony@gmail.com>
Fecha: 20 de julio de 2011 14:33

Comunicado de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN)*
20 de julio de 2011

Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

 

La violencia y hostigamiento continúan socavando el marco legal que defiende los derechos de los afrocolombianos. Aunque las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra, las comunidades afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzado. Los consejos comunitarios afrocolombianos se crearon para administrar los territorios colectivos y jugar un importante papel en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, e informado. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen expulsando violentamente a las comunidades afrocolombianas de sus territorios colectivos, haciéndolo con la cooperación y aval de proyectos económicos de gran escala. ACSN ha denunciado en varias ocasiones estas expresiones de violencia en contra de las comunidades y líderes afrocolombianos. Pese al conocimiento doméstico e internacional de la destrucción sistemática de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las amenazas y la violencia no han disminuido:

 

El 15 de julio, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su celular a las 12:48 a.m. el siguiente mensaje de texto: "ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre".

Mientras tanto, uno de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes empezando el 7 de julio. El anónimo dijo: "tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo".

Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 líderes afrocolombianos e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. Incluso en La Toma, Cauca, paramilitares y compañías multinacionales siguen amenazando los derechos de la comunidad y la autonomía del consejo comunitario a pesar de la atención internacional que ha recibido la situación. El 15 de julio, Aníbal Vega, el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma, recibió una llamada telefónica advirtiendo que "…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben".

 

Dichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de la Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A/10 de la Corte Constitucional que declara ilegal toda actividad minera hecha sin primero haber cumplido con el derecho del consejo comunitario a consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los afrodescendientes de La Toma han practicado la minería artesanal desde 1636. No obstante, los inversionistas han solicitado y buscado licencias mineras en las tierras colectivas por los últimos 11 años. Paramilitares y mineros ilegales siguen amenazando con su presencia en La Toma a través de actividades mineras ilícitas, amenazas y asesinatos. Desde hace varias semanas hay ocho retroexcavadoras en tres sitios diferentes del territorio del Consejo Comunitario de La Toma haciendo minería ilegal (ver foto). La presencia de 4 de estas retroexcavadoras era de conocimiento de funcionarios del gobierno y de autoridades locales, regionales y nacionales desde el 15 de junio. El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Colombia proteger desde comienzos del 2009. Estas expresas han sido desobedecidas.

 

La violencia y los atentados en contra del las comunidades afrocolombianos e indígenas no se ha limitado a Cauca o los integrantes del PCN. Hay un ambiente de intimidación y violencia generalizada en contra de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Para señalar sólo una instancia, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) en Santiago de Cali el 13 de julio. Los hombres atacaron al representante legal de la organización y a otro miembro del equipo de COPDICONC, señalándolos como "guerrilleros" mientras los abusaban físicamente y demandaban saber a qué grupo guerrillero pertenecían. Los hombres robaron computadoras, grabadoras, memorias USB y materiales que contienen información sensible acerca de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Ese mismo día, 3 hombres armados ingresaron a la casa de la presidenta de COPDICONC. Estos tipos de ataques dificultan el trabajo de la sociedad civil para defender los derechos constitucionales de los afrocolombianos.

El movimiento en defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas ha tenido que afrontar diversos obstáculos locales, nacionales e internacionales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos hechos por grupos armados ilegales no han parado de agredir a organizaciones y líderes afrocolombianos. Cuando los líderes y organizaciones son silenciados, las comunidades que ellos representan se quedan sin protección. La presión inmensa de vender o abandonar sus tierras colectivas  hace más difícil que estas comunidades defiendan sus derechos territoriales. Las medidas de protección que han sido adoptadas para estos líderes y comunidades son mínimas. Hay casi total impunidad de los delitos que se cometen contra los afrocolombianos.

Las violaciones constantes a los derechos culturales, territoriales y humanos de comunidades afrocolombianos se agravará con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una mayor inversión efectuada en el contexto de un conflicto armado interno devastará estas comunidades ya que no hay garantías para la protección de los derechos etnoterritoriales de los afrocolombianos. El congreso de EE.UU. debe apoyar la carta del congresista Hank Johnson a Obama, la cual exhorta al presidente a que se oponga al TLC y que "los Estados Unidos y Colombia tomen medidas inmediatas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas y prevenir que sucedan nuevos desplazamientos de estas comunidades".

ACSN recomienda que el Departamento de Estado y el congreso de los EE. UU. le urjan al gobierno colombiano que:

• (a) implemente el Auto 005 y Sentencia 1045-A de la Corte Constitucional (b) cree medidas de protección diferenciales y colectivas con son consultadas con los consejos comunitarios y organizaciones (c) se comunique con la alcaldía de Suárez, Cauca y demande sacar las retroexcavadoras que hay en el territorio y la adopción de medidas para prevenir la llegada de nuevas y (d) reconozca la ruta de protección del territorio tradicional.
•  El Ministerio del Ambiente respete los derechos ambientales de las comunidades.
•  El Ministerio de Defensa decomise las ocho retroexcavadoras en el territorio colectivo de La Toma.
• La Alcaldía de Suárez (a) defienda la autoridad del Consejo Comunitario de La Toma ante los intereses privados e inversionistas y (b) demande que la Fuerza Publica decomise las ocho retroexcavadoras.
• La Procuraduría General de la Nación (a) investigue y sancione a todos los funcionarios que otorgaron títulos o concesiones violando los derechos de las comunidades y (b) abra una investigación a la alcaldía y secretario de gobierno de Suárez y demás funcionarios gubernamentales por permitir la minería ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.
• La Fiscalía General de la Nación abra una investigación penal a los dueños de la maquinaria y a todas las demás personas que han permitido o consentido la entrada, presencia y actividad ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.

 

CONTACTO:

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com 

  

* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.

***

Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)^* Statement
July 20, 2011

New Abuses of Afro-Colombians' Legal Rights under Santos Administration

                                                                                                         

Violence and intimidation tactics continue to undermine the legal framework that defends the rights of Afro-Colombians. Despite possessing collective land rights to more than 5.2 million hectares of land, Afro-Colombians are disproportionately affected by forced displacement. Democratically elected Afro-Colombian Community Councils were created with the purpose of governing the collective territories and playing an important role in defending the right to previous, free, and informed consultation and consent. However, paramilitary groups that collude with large-scale economic projects violently expel Afro-Colombian communities from their collective lands. ACSN has repeatedly denounced various expressions of violence against Afro-Colombian communities and leaders. Despite domestic and international awareness of the systematic destruction of Afro-Colombian communities' rights, the threats and violence continue:

On July 15, José Santos Caicedo of the Black Communities' Process (PCN) received a text message at 12:48 a.m. that said: "You already know that everything has a price, but you will pay the price with blood." Mr. Santos is member of PCN's National Coordination Team.

Meanwhile, one of PCN's local activists in northern Cauca, Armando Caracas Carabalí, received a series of threatening phone calls beginning on July 7. The anonymous caller said: "You have 24 hours to leave the municipality of Buenos Aires or we will fill you with bullets."

These threats arrive in a context where at least 29 Afro-Colombian and indigenous leaders have been murdered in 2011 alone. Even in La Toma, Cauca, paramilitaries and multi-national corporations continue to threaten the rights of the community and the autonomy of the Community Council despite increased international attention. On July 15, Aníbal Vega, the legal representative of La Toma's Community Council, received a threatening phone call that said: "You people from the Community Council are the ones opposed to the machines working in the Ovejas River. The bumps in the road must be removed so that they don't disturb progress."

 

The recent intimidation against the Community Council of La Toma comes after Constitutional Court Sentence 1045-A, which declares that all mining and mining licenses granted in the collective lands are illegal if they do not abide by the Community Council's rights to previous, free, and informed consultation and consent. Afrodescendents in La Toma have practiced artisanal mining since 1636. However, investors have sought mining licenses on the Community Council's lands for at least eleven years. Paramilitary groups and illegal miners continue to impose their presence in La Toma via illegal mining, threats, and murders. For many weeks eight excavators (see photo) in three different parts of the Community Council of La Toma have been mining illegally. Government officials and local, regional and national authorities have been aware of the excavators since June 15. The Community Council of La Toma is one of the emblematic cases mentioned in Constitutional Court Order 005 of 2009. The orders to protect La Toma have not been implemented and disobeyed.

Recent violence and attacks on Afro-Colombian and indigenous communities are not limited to Cauca or the members of PCN. There is a generalized sense of intimidation and violence against Afro-Colombian and indigenous communities and their rights. For example, two armed men broke into the offices of the Council for the Integral Development of Black Communities of the Western Mountain Chain of Nariño (COPDICONC) in Santiago de Cali on July 13. The men assaulted the legal representative and another member of COPDICONC. They called the members "guerrillas" as they physically abused them and demanded to know what guerrilla group they belonged to. The men stole computers, recording equipment, cellular phones, hard drives, and other material with sensitive information regarding human rights violations against Afro-Colombian communities. That same day, the home of the president of COPDICONC was broken into by three men. These kinds of attacks make it extremely difficult for civil society to defend the constitutional rights of Afro-Colombians.

The movement to defend the rights of Afro-Colombian communities has met serious obstacles at the local, national, and international level since its inception. Threats, attacks, and murders by illegal armed actors continue to target Afro-Colombian leaders and organizations. When leaders and organizations are silenced, the communities that they represent are left defenseless. These communities find it increasingly difficult to defend their collective land rights in the face of increased pressure to abandon or sell it. The protective measures from the government that have been adopted for these leaders and communities are minimal. There is almost complete impunity for the crimes that are committed against Afro-Colombian leaders.

The continued abuse of the cultural, territorial, and human rights of Afrodescendent communities will be aggravated by the approval of the pending Free Trade Agreement. Increased investment in the context of an internal armed conflict will devastate these communities because there is no guarantee for the protection of Afro-Colombians' ethnoterritorial rights. The U.S. congress should support Rep. Hank Johnson's letter to Obama opposing the FTA and demonstrating the need for the "United States and the Colombian government to take immediate steps to strengthen Afro-Colombian territorial rights and prevent further displacement of Afro-Colombians."

ACSN recommends that the U.S. State Department and Members of the U.S. congress urge the Colombian government to:

• (a) fully implement Constitutional Court Order 005 and Sentence 1045-A (b) create differential and collective protective measures that are consulted with the community councils and organizations (c) contact the mayor's office of Suarez, Cauca and demand that they remove the excavators in the territory and adopt measures to prevent the arrival of new ones, and (d) recognize the protection route of the traditional territories (la ruta de proteccion del territorio tradicional).
• Ministry of the Environment to respect the environmental rights of the communities.
• Ministry of Defense to confiscate the eight illegal excavators in the collective territory of La Toma.
• Mayor's Office of Suarez to (a) defend the authority of the Community Council of La Toma before private interests and investors, and (b) demand that the Colombian Armed Forces remove all eight of the excavators.
• Prosecutor General's Office to (a) investigate and sanction the officials that have granted titles and concessions that violate the rights of the communities, and (b) open an investigation into Suarez's mayor's office and secretary of the government, in addition to other government officials, for permitting illegal mining in the territory of the Community Council of La Toma.
• Inspector General's Office to open a criminal investigation against the owners of the machinery and all other people that have permitted the entrance, presence, and illegal activity of the excavators in the territory.

 

CONTACT:

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com

*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) serves as an international observer.

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** Amenazas a lideres PCN y Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma

De: Jose Santoscaicedo <jsantos@renacientes.net>

Nuevas Amenazas para Líderes del PCN y del Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma.

 

 

Afrokolombia, Julio 18 del 2011

 

El Equipo de Derechos Humanos del Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN  y las demás organizaciones sociales y de derechos humanos firmantes denuncian ante la  comunidad nacional e internacional los siguientes hechos que ponen en grave riesgo la  vida e integridad física de los miembros del PCN y los derechos las comunidades: 

 

1.         En la madrugada del viernes 15 de julio de 2011, a las 00:48:29 se recibió en el celular de José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del PCN un mensaje de texto que "ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre".

 

2.         Un mensaje idéntico fue recibido por Armando Caracas Carabalí, otro activista del PCN que desarrolla su trabajo en el Norte del Cauca. Desde el 7 de julio este activista ha recibido además llamadas telefónicas en tono amenazante en las que le dicen que ``tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o sino le llenan el buche de plomo ``. Estos nuevos mensajes se suman a la lista de amenazas que en los últimos meses han recibido miembros del PCN en distintas regiones del país.

 

3.         El viernes 15 de Julio a las antes de las 9 de la noche Aníbal Vega, actual Representante Legal del Consejo Comunitario del Corregimiento de La Toma recibió una llamada telefónica en la que le dijeron "…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las maquinas trabajen en el rio Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para  que no estorben".

 

4.         Estos nuevos mensajes se suman a la lista de amenazas que en los últimos meses han recibido  los miembros de la Junta del Consejo Comunitario de La Toma y los miembros del PCN en distintas regiones del país. A pesar del riesgo evidente y a que el PCN tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta hoy los esfuerzos de PCN, por lograr la protección efectiva de sus líderes, organizaciones y comunidades desde una perspectiva diferencial, integral y colectiva acorde con los mandatos constitucionales, han sido infructuosos.   Uno de los últimos intentos en esta dirección tuvo lugar en la Mesa de Garantías con Grupos Étnicos en el marco del G-24, el pasado 21 de junio del 2011 en la que el gobierno nacional se comprometió, en cabeza del Viceministro de Gobierno, con las organizaciones afrodescendientes e indígenas a revisar todos los casos urgentes y tomar medidas sin que ello haya tenido lugar hasta ahora.

 

5.         Las amenazas a miembros del PCN y de otras organizaciones afrocolombianas, se incrementan en momentos en los cuales, las comunidades afrodescendientes enfrentan y denuncias proyectos y políticas que violan sus derechos territoriales y los derechos al derecho al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones, identidad y participación.    Un ejemplo de ello, es lo ocurrido el 16 de julio con el Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, cuando hombres armados entraron a su oficina, amenazaron a varios de sus miembros y robaron todos los archivos de este Consejo Comunitario.

 

6.         El PCN como organización afrodescendiente, ha venido denunciando al gobierno Nacional, por la violación del derecho a la consulta previa, que ha sido recurrente en varias zonas del país y  en la aprobación de un  número importante de leyes,  como lo es el mismo Plan Nacional de Desarrollo  denominado "Prosperidad para Todos". Así mismo PCN, ha venido visibilizando los impactos negativos que el TLC con los Estados Unidos trae contra las comunidades afrodescendientes, ante su posible aprobación.

 

7.         De la misma manera desde PCN, se ha venido denunciando insistentemente sobre las amenazas que constituyen para muchas comunidades la expansión de la palma aceitera que van en contravía de los derechos territoriales y de la diversidad cultural y ambiental del Territorio Región del Pacifico,  así mismo ha venido denunciando la gran minería y  minería ilegal en los territorios colectivos y ancestrales.  Es de tener en cuenta que algunas de estas comunidades afectadas, hacen parte de los casos emblemáticos a los que la Corte Constitucional mediante el auto 005 ordeno al gobierno adoptar planes específicos de protección, sin embargo estas órdenes después de dos años no han sido cumplidas.   

 

8.         La comunidad afrodescendiente de La Toma, tiene presencia en su  territorio desde  1636, siendo la lucha  por sus derechos visible a nivel nacional e internacional. Desde mediados de mayo del 2011 hay una alerta sobre la presencia de retroexcavadoras en el territorio ancestral del Consejo Comunitario de La Toma. No obstante esto y ser de conocimiento público y de las entidades gubernamentales del orden local, regional y nacional 8 retroexcavadoras continúan haciendo minería ilegal en el territorio de este Consejo Comunitario.

 

En consideración de lo anterior, se demanda de las autoridades:

 

1.         Al gobierno Nacional, adoptar medidas de protección, urgentes y eficaces, para proteger la vida e integridad física de los líderes afrodescendientes,  JOSÉ SANTOS CAICEDO, ARMANDO CARACAS CARABALI, ANIBAL VEGA y demás miembros del PCN y líderes del Consejo Comunitario de La Toma,  las cuales deben ser concertadas y responder al enfoque diferencial, integral y colectivo, acordes con los derechos de las comunidades y el trabajo que desarrolla el PCN y el Consejo Comunitario de La Toma.

 

2.         A los organismos de control y judiciales, realizar una investigación exhaustiva que permita develar y sancionar los responsables de los hechos aquí denunciados y de los demás hechos que han puesto en riesgo la integridad y libertad de los miembros de PCN.

 

3.         Que el Gobierno Nacional de cumplimiento inmediato a las ordenes establecidas en el auto 05 del 2009, en especial las relativas a los planes específicos de protección, la ruta étnica y  la caracterización.

 

4.         Que en cumplimiento de las órdenes del auto 005, el gobierno nacional, concerte directamente con el Consejo Comunitario de La Toma el proceso para la formulación del Plan de protección, la implementación de la Ruta Étnica de protección y la caracterización territorial.

 

5.         Que en cumplimiento del auto 005 y de la sentencia, las autoridades saquen las retroexcavadoras que hacen presencia ilegal en el Consejo Comunitario de La Toma y adopten medidas preventivas para impedir la llegada de nuevas.

 

Juntos podemos lograr que la historia de Zaragoza en la via Cali – Buenaventura y la de Timbiqui no se repitan.

 

 

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

CORPORACION SEMBRAR

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR

COORDINADOR NACIONAL AGRARIO

ASOCIACION NOMADESC

 

 

Favor comunicarse con las siguientes autoridades y funcionarios:

 

 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CARRERA 8 NO. 7 -26 PALACIO DE NARIÑO BOGOTÁ

FAX. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

 

ANGELINO GARZÓN

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CARRERA 8 NO.7-57 BOGOTÁ D.C.

Teléfonos: (57 1) 444 2120, 444 21 22

Fax (57+1) 444 21 2158

E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

 

OSCAR GAMBOA

Director del Programa Presidencial de Asuntos Afrocolombianos

(57) 315 494 7881

 

HERNÁN JAIME ULLOA VENEGAS

Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Email: hernanulloa@presidencia.gov.co

Teléfonos: (57+1) 595 1850

 

SANDRA NARVAEZ

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Presidencia

(57) 310-697-2672 o al conmutador (57+1) 562 9300

 

RODRIGO RIVERA

MINISTRO DE LA DEFENSA

AVENIDA EL DORADO CON CARRERA 52 CAN BOGOTÁ D.C.

SIDEN@MINDEFENSA.GOV.CO,

INFPROTOCOL@MINDEFENSA.GOV.CO, MDN@CABLE.NET.CO

 

GERMÁN VARGAS LLERAS

MINISTRO DEL INTERIOR

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.

E-MAIL: GERMAN.VARGAS@MIJ.GOV.CO,

MINISTRO@MINJUSTICIA.GOV.CO

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

 

AURELIO IRAGORRI

VICEMINISTRO DEL INTERIOR

Celular :(57) 316-5257647

 

VIVIANE MORALES

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

CONTACTO@FISCALIA.GOV.CO, DENUNCIE@FISCALIA.GOV.CO

 

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ

DEFENSOR DEL PUEBLO

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,

defensoria@defensoria.org.co

Secretarias : Natalia Rueda Soler, Ext.   2315 

Rosa Rodríguez Gil FAX: Ext. 2246 2316 

 

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

CRA. 5 NO.15 – 80F BOGOTÁ D.C.

ANTICORRUPCIÓN@PRESIDENCIA.GOV.CO,

REYGON@PROCURADURÍA.GOV.CO

 

LUIS FERNANDO COLORADO

ALCALDE DE  SUAREZ

Celular: (57) 317-660-7182

Teléfono (57+1) 317 517 1173

contactenos@suarez-cauca.gov.co

 

 

EIDER TRUJILLO 

Alcaldía de Suarez, Secretario de Gobierno

Celular : 317 660 7187

 

** COPDICONC - Nariño: ACCION URGENTE

De: ASOCIACION NOMADESC <asociaciondhnomadesc@gmail.com>

Fecha: 17 de julio de 2011 04:47

Reciban un cordial saludo.  Solicitamos a todos ustedes reaccionar de manera urgente, la situación es muy grave.

 

Fraternalmente

 

NOMADESC

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ACCIÓN URGENTE

CONTINUA PERSECUCIÓN CONTRA LÍDERES Y COMUNIDADES DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO, COPDICONC [1]

Hombres armados asaltan la oficina de COPDICONC, amenazan y hurtan los computadores y memorias USB con toda la información del Consejo Comunitario.

Santiago de Cali, 16 de Julio de 2011.

Las organizaciones abajo firmantes, alarmadas por la grave situación de derechos humanos que se viene presentando en contra de los líderes y comunidades pertenecientes a COPDICONC, Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, a los organismos multilaterales de Naciones Unidas, exigir al gobierno colombiano en cabeza del presidente JUAN MANUEL SANTOS, acciones inmediatas de prevención y protección a las comunidades por los hechos que relataremos a continuación:

LOS HECHOS

1.- El pasado 13 de Julio siendo las 3:30 p.m. tres hombres armados ingresaron a la casa de la lideresa MARÍA ANTONIA AMAYA, presidenta del consejo mayor COPDICONC, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, donde funcionó provisionalmente hasta el día de los hechos, la oficina del Consejo Comunitario. Lugar de atención a la población que viene siendo objeto de graves violaciones de derechos humanos y desplazamiento forzado de los municipios de Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario, Santa Barbará de Iscuande, El charco, Argelia y Balboa.

2.- El día de los hechos se encontraban en esta Oficina, la Asistente Administrativa, ÁNGELA MARÍA PEREA VALENCIA y el Representante Legal de COPDICONC , JOSÉ IRIS ARCO VELÁSQUEZ, quienes fueron atacados por dos hombres que ingresaron armados, sometiéndolos, gritándoles, maltratándolos física y psicológicamente; señalándolos como "guerrilleros" mientras les tapaban la boca y cubrían sus rostros, les gritaban que dijeran a qué grupo guerrillero pertenecían o sino los asesinaban, a su vez les ordenaron repetir en varias ocasiones el número del documento de identidad.  Mientras estos dos hombres intimidaban a los líderes de COPDICONC dentro de la oficina, en la puerta de la calle un tercer hombre armado vigilaba.

3.- Los hombres preguntaban insistentemente por el lugar donde se encontraba la presidenta del Consejo Comunitario, MARÍA ANTONIA AMAYA, a la vez que la señalaban de guerrillera y gritaban que venían a asesinarla (MARIA ANTONIA no se encontraba en este lugar ya que estaba en compañía de la coordinadora de Derechos Humanos del Consejo, MARIA FERNANDA MARCILLO efectuando los trámites de visado para viajar a Costa Rica al Encuentro y Conferencia Regional de Mujeres Afro).

4.- Estos hombres, estuvieron por espacio de 20 minutos y hurtaron los equipos de oficina (como computares, grabadoras, Memorias USB, Celulares y un video beam) que contenían toda la información de la violación sistemática de los derechos humanos que el consejo viene visibilizando, registros de víctimas del conflicto armado y población en situación de desplazamiento forzado: documentos que contienen datos personales, descripción de los hechos y posibles autores; carpetas con información de todos los proyectos y convenios ejecutados y que están por ejecutar, además de documentos de uso exclusivo del Consejo que datan del proceso que se ha venido desarrollando durante una década.

ANTECEDENTES

Según información de la comunidad uno de los hombres que participó en estos hechos había alquilado hacía 15 días una pieza en el lugar y se le había visto merodeando en varias oportunidades a los alrededores.

Es importante resaltar que la situación del territorio en estos momentos es de alto riesgo y ha sido objeto de la emisión de Informes Defensoriales, Alertas Tempranas y Declaratorias de Alto Riesgo, por parte de la Defensoría del Pueblo y los Comités Municipales de Atención a la Población de la Población Desplazada, que dan cuenta de la presencia de grupos armados ilegales que controlan el territorio y vienen cometiendo crímenes atroces contra la población civil. Así mismo diariamente se reporta el desplazamiento forzado, confinamiento y violación al DIH en contra de los miembros de COPDICONC.

El Consejo Comunitario, en los meses de agosto y septiembre de 2010, convocó a las autoridades municipales y departamentales, organizaciones humanitarias y de cooperación internacional, organizaciones sociales y de derechos humanos con el fin de visibilizar LA GRAVE CRISIS DE DERECHOS HUMANOS EN LA REGION y solicitar acciones inmediatas para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.

Los hechos aquí descritos aumentan el riesgo de los líderes del Consejo Mayor COPDICONC, quienes no cuentan con garantías de seguridad efectivas que permitan el ejercicio de la representación y defensa de derechos humanos de la comunidad.  Situación que alarma a toda la población, máxime si se tiene en cuenta que trece miembros del Consejo Comunitario son beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas el 24 de julio del año 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.  Medidas que exigen al Gobierno Colombiano la prevención y protección de los derechos de los líderes y la población perteneciente a este consejo comunitario.

Debido a la gravedad de los hechos ocurridos, REQUERIMOS del Gobierno Nacional y las Autoridades Civiles, una investigación responsable de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que generan zozobra, miedo y terror agravada por la pérdida de información confidencial de denuncia que está contenida en los equipos.

Llamamos a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que se pronuncien y exijan al gobierno nacional el cumplimiento irrestricto de las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos fundamentales de las comunidades de la Cordillera Occidental de Nariño.

COPDICONC ha venido denunciando desde el año 2000 hasta la fecha, las continúas amenazas, persecuciones y la situación de alto riesgo de líderes del consejo.

Por lo anterior y de manera urgente, EXIGIMOS:

- A la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, convocar de manera extraordinaria una sección del comité de riesgos del CREER, en donde se evalué la situación actual, se informen las acciones emprendidas por parte de las entidades competentes para proteger los derechos de las comunidades y se brinde las  garantías suficientes y necesarias para el ejercicio del liderazgo y la exigibilidad de los mismos.

- A las autoridades competentes, que implementen acciones concretas que tiendan a la consecución de la información contenida en los equipos de uso exclusivo del Consejo.

- A la Fiscalía General de la Nación entregar resultados acerca de la investigación que debió iniciar a raíz de la denuncia interpuesta por los líderes del Consejo Comunitario.

- Al Ministerio Público que exija a las autoridades del Orden Nacional, Departamental y Local, el estricto cumplimiento a sus competencias e investigue la acción u omisión de servidores públicos en los casos de violación de derechos humanos en el territorio.

 

CONSEJO MAYOR "COPDICONC"

ASOCIACION NOMADESC

CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR

MOVICE CAPITULO VALLE DEL CAUCA

RED DE HERMANDAD VALLE DEL CAUCA

MEMORIA VIVA

SINTRAUNICOL

MINGA DE RESISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

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[1] Organización de carácter regional étnico territorial de comunidades negras asentadas en la región de la cordillera occidental de Nariño y sur del cauca, considerada el último bastión de resistencia del palenque histórico el castigo. Fundada el 10 de agosto de 1996. Legalmente constituido el 04 de marzo de 1997; adjudicación de titulo colectivo de tierras para comunidades negras, resolución No 00402 del 28 de abril del 2003. Con jurisdicción en seis municipios de Nariño: Policarpa, Cumbitara, Leiva, El Rosario, El Charco, Santa Bárbara de Iscuande y tres en el Cauca; Argelia, Balboa y Guapi.

 

POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS, LIBERTAD Y AUTONOMÍA DE NUESTROS PUEBLOS

LUCHAREMOS TODOS LOS DÍAS

"COPDICONC"

Email: copdiconc2008@hotmail.com

Santiago de Cali-Colombia

** Nuevo informe de ABColombia - Devolviendo la Tierra a las Victimas de Colombia

De: CCEEU, Mildrey Corrales <mildreycorrales@etb.net.co>

Queremos compartir con ustedes el nuevo breve informe escrito poco antes de que finalizare la Ley de Victimas.  El documento tiene como enfoque el proyecto de ley y proporciona un análisis del capítulo sobre restitución de tierras.  Además,  hace recomendaciones a los gobiernos del Reino Unido e Irlanda y la Unión Europea sobre cómo sus políticas mejor pueden apoyar las víctimas quienes recibirán restitución de tierras en virtud de la ley.

 

El documento fue sensibilizado con los gobiernos del Reino Unido y Irlanda y con parlamentarios tanto en Reino Unido como Irlanda y Eurodiputados en Bruselas durante una visita de Monseñor Hector Fabio Henao y dos líderes (representantes de Cocomopoca y del Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA) principios de junio.   El documento fue bien recibido y en las reuniones con parlamentarios hubo varios compromisos de llevar el tema a los gobiernos (haciendo preguntas en el parlamento por ejemplo). 

 

Agradecemos que nos ayuden distribuirlo con sus contactos y la organizaciones de las plataformas en Colombia.  Está disponible también en nuestra página web (http://www.abcolombia.org.uk/subpage.asp?subid=399&mainid=23)

 

Muchas gracias.

 

Abrazos,

 

Claire

 

 

Claire Welling Herrera

Information and Advocacy Officer

ABColombia

email: cherrera@abcolombia.org.uk

Tel: +44 (0)20 7870 2217

 

 

ABColombia

Romero House

55 Westminster Bridge Road

London SE1 7JB

 

 

For more information on ABColombia visit our website www.abcolombia.org.uk

 

 

Help us support Colombian Human Rights Defenders - visit ColombiaDefenders.org to find out how. 

 

ReturningLandReportSPANISHweb.pdf

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}** ENFRENTAMIENTOS ENTRE EJERCITO Y LAS FARC EN CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO GUAPI – MUNICIPIO DE GUAPI (COSTA PACIFICA DE CAUCA)

De: ORLANDO PANTOJA <cococauca@hotmail.com>

Fecha: 14 de julio de 2011 11:11

ENFRENTAMIENTOS ENTRE EJERCITO Y LAS FARC EN CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO GUAPI – MUNICIPIO DE GUAPI (COSTA PACIFICA DE CAUCA)

Desde el 29 de junio hasta hoy 14 de julio de julio de 2011 y de manera esporádica se han venido enfrentando el ejército y las Farc, en el territorio colectivo del Consejo comunitario del Alto Guapi municipio de Guapi- costa pacífica del Cauca.

Al parecer los habitantes de las comunidades de los Consejos comunitarios de Napi, San francisco y del Alto Guapi están siendo sometidas a restricción alimentaria pero también en estado de indefensión como el caso de la comunidad de "Caimito", que a raíz del recrudecimiento de los combates y también por los allanamientos del ejercito que se realizan sobre las casas de la población civil, desde el día miércoles 13 de julio de 2011 se ha estado desplazando.

En el momento la mayoría de los habitantes de la comunidad de Caimito estimada en 250 habitantes aproximadamente, se comenta que alrededor del 95% se encuentra desplazada en la comunidad de Callehonda y se dice que están confinadas.

Reiteramos las exigencias al gobierno nacional y los actores del conflicto armado que libren la guerra fuera de los territorios colectivos étnicos, y respeten los protocolos del derecho Internacional humanitario entre los cuales está la distinción de la población civil.

Solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, la mayor atención frente a la crisis humanitaria que se presenta y que ponen en vilo la vida de la población civil.

Guapi – Cauca, 14 de julio de 2011.

Regional COCOCAUCA

** Informe gira COCOMACIA (paro armado medio Atrato 22may-2jun11)

De: Nancy Estella Rodríguez Acero <..@gmail.com>
Fecha: 6 de julio de 2011 17:27

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Síntesis de los

INFORMES DE GIRA, VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE COCOMACIA A LAS COMUNIDADES POR EL PARO ARMADO DECRETADO POR LA FARC EN EL MEDIO ATRATO DEL 22 DE MAYO AL 02 JUNIO DE 2011

Del 06 al 16 de junio de 2011, la Junta Directiva de COCOMACIA, lideres, asesores y Comité Disciplinario emprendieron una gira de acompañamiento a las comunidades que hacen parte de nuestro proceso organizativo, la cual contó con el apoyo de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó y Equipos Misioneros de las distintas zonas.

En esta gira se acompañaron y visitaron 45 comunidades afrocolombianas ubicadas a lo largo del río Atrato y algunos afluentes, en donde encontramos el siguiente panorama:

En relación al Conflicto armado:

• Todas las comunidades se encuentran atemorizadas por la presencia de grupos armados al margen de la ley (guerrillas y paramilitares), así como por el accionar de la fuerza pública (policía, ejército, marina, etc) que transitan y se hospedan dentro de algunas comunidades colocándolas en un mayor grado de vulnerabilidad.

• En varias comunidades, los grupos armados ilegales presuntamente han dejado o colocado artefactos explosivos, lo que está generando que no haya libre movilidad y que se pierdan los productos agrícolas cultivados tales como arroz, plátano, etc, que brindan los alimentos a las comunidades y les permiten una entrada económica, porque las comunidades tienen miedo de encontrarse con minas antipersonas. En ese sentido es preocupante el desabastecimiento alimentario por el que estas comunidades atraviesan. Para COCOMACIA esto es lamentable, ya que no sabemos hasta cuando las comunidades resistan en el territorio o en que momento se presente algo indeseado por la desesperación ante la falta de sus productos elementales para el sustento diario.

• Frecuentemente hay sobre vuelos en las comunidades, las que manifiestan que estos sobre vuelos son realizados por un helicóptero del ejército y una avioneta sin identificar.

• Se sigue presentando desabastecimiento de alimentos y gasolina en todas las comunidades, los miembros de los grupos armados compran todo lo que hay en las tiendas y gasolineras dejando sin nada a la comunidad.

• A raíz de la presencia de grupos armados y por miedo a su accionar, las comunidades están en riesgo de desplazamiento, podemos afirmar que de las comunidades visitadas no hay una sola que cuente con condiciones de resistir en el territorio.

• A raíz del pasado paro armado de las FARC el pasado 22 de mayo, muchas persona están sufriendo trastornos psicológicos, sobre todo los niños y niñas que vivieron esta situación, la cual se agudiza por el constante sobre vuelo de los helicópteros del ejército nacional.

• En algunas comunidades se han presentado bombardeos por parte del ejército nacional, esta situación aumenta la zozobra de sus pobladores.

• Se han presentado amenazas por parte de personas que comercializan con la madera, a quienes los pobladores reclaman por ciertas actitudes que ponen en peligro el bienestar de la comunidad y estos responden con amenazas.

• Persiste el confinamiento en las comunidades, los grupos armados han manifestado no garantizar la vida de las personas que frecuenten determinados lugares, además del miedo de los pobladores al encontrarse con algún grupo ilegal o caer en algún campo minado.

• El frente 34 de las FARC está entregando cartillas alusivas a su accionar e ideología en muchas comunidades.

• Muchas casas de las comunidades visitadas fueron pintadas por milicianos de las FARC, y en algunas mas hay vallas con mensajes alusivos a su ideología de guerra.

• Algunas comunidades han sufrido el robo de sus cultivos de pan coger por parte de los diferentes actores armados, entre ellos la fuerza pública y actores armados al margen de la ley.

• Hay presencia de cultivos ilícitos sembrados por personas ajenas al territorio e incluso promovido por actores armados.

Procesos organizativos

• Se evidencia una vez más como esta presencia de actores armados y su accionar ha generado una disminución y debilitamiento del proceso organizativo, pues en algunos casos es difícil asumir la gobernabilidad y aplicación de los reglamentos internos por miedo y el temor a ser señalados o estigmatizados por los grupos armados que hacen presencia en algunas comunidades.

• Muchas instituciones están desconociendo el papel de los consejos comunitarios y deslegitiman sus funciones y competencias en la administración del territorio.

• A raíz del accionar de los violentos hay una sistemática violación de los derechos humanos y territoriales.

Ambiental:

• El proceso de implementación de la minería esta dejando graves problemas y deterioro al medio ambiente, se evidencia como algunas ciénagas y ríos se están sedimentando, sus aguas cristalinas han perdido el color y se encuentran contaminadas con los químicos que se utilizan en la actividad.

• En algunas comunidades empiezan a escasear recursos pesqueros y animales que servían de medio alternativo para la canasta familiar.

• La desviación de algunos ríos y quebradas expone a los pobladores a mayores riesgos de sufrir problemas de inundaciones y desastres naturales, además de acabar con la flora y la fauna silvestre.

Social:

• Las comunidades carecen de alimentación y se verifica el grave abandono al que el estado las ha sometido, en varias comunidades no se brinda el servicio de educación y menos el de salud.

Recomendaciones.

• Es necesario un acompañamiento periódico a las comunidades para evitar el desplazamiento, en ese sentido es imperante que las instituciones del estado dispongan de los recursos necesarios para ello y para asegurar los derechos étnicos y territoriales de la población.

• Adecuación e implementación de centros humanitarios para atender la población en un eventual desplazamiento.

• Brindar atención humanaría a las comunidades confinadas y en riesgo de desplazamiento, prestando atención en temas de salud y educación, así como en procesos de restablecimiento de las actividades productivas.

• Se requiere atención psicosocial urgente en toda la población, sobre todo en mujeres, niños y niñas.

** Hostigamientos en Lopez de Micay

De: ORLANDO PANTOJA <cococauca@hotmail.com>
Fecha: 22 de junio de 2011 11:30

HOSTIGAMIENTOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY (COSTA PACIFICA DE CAUCA)

La población negra del municipio de López de Micay, se encontraba asustada y alterada a raíz de los hostigamientos armados prácticamente en el área urbana.

El 20 de junio de 2011 a las 10:30 am al parecer un grupo de soldados se movilizaba por el puente que sirve comunicación entre la cabecera municipal de López de Micay hacia la comunidad de Chuare (Consejo comunitario de la Mamuncia de la Regional COCOCAUCA) y las torres de comunicación, cuando fueron interceptados al parecer por insurgentes de las farc.

En el cruce de disparos y al parecer también de bombas, se generó pánico, zozobra y confusión entre la población civil, ya que a esa hora estaban los alumnos en clases. Los habitantes se sintieron sin salida ya que en general hay un estado de riesgos permanentes por la intensificación de la guerra o conflicto interno en la zona.

Posterior al enfrentamiento, se comenta que en el sitio de combate lamentablemente se encontró un cadáver, y se espera que no corresponda a población civil.

Reiteramos las exigencias al gobierno nacional y los actores del conflicto armado que libren la guerra fuera de los territorios colectivos étnicos, y respeten los protocolos del derecho Internacional humanitario entre los cuales está la distinción de la población civil por fuera de acciones bélicas.

Guapi – Cauca, 22 de junio de 2011.

Regional COCOCAUCA