El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano

 

 

lunes, 28 de marzo de 2011

** BUENAVENTURA: Informe MinPúublico situación río Anchicayá

De: Sulma Rodriguez <rodrigus@unhcr.org>
Fecha: 25 de marzo de 2011 11:58


 

INFORME DE MISION HUMANITARIA DE OBSERVACION Y VERIFICACION A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE AGUA CLARA, LLANO BAJO, SAN MARCOS, GUAIMIA, LIMONES, Y SABALETAS

 

Buenaventura, Marzo 16 de 2011

 

(Descargue archivo adjunto - PDF 168 Kb - 10 pág.)




Sulma Rodríguez Fajardo
Oficial de Protección Nacional
Tel  (2) 2422067
cel 3115166642
Oficina de Terreno Buenaventura




viernes, 25 de marzo de 2011

** DIPLOMADO "Comunidades afrocolombianas y memoria histórica en el marco de Justicia y Paz"

De: Héctor Herrera <hectorandres.hs@gmail.com>
Enviado: jue, marzo 24, 2011 2:35:45 PM

Cordial saludo

Adjunto la información del diplomado sobre "Comunidades afrocolombianas y memoria histórica en el marco de Justicia y Paz". No tiene costo y sus contenidos son muy interesantes.

Lo realizan: Centro de Memoria, Paz y Reconciliación; GIZ; Alcaldía de Bogotá y la Universidad Central.

Por favor reenvien este mensaje a personas que podrían estar interesadas

Gracias

 

VER ADJUNTOS COMPRIMIDOS (formulario y convocatoria) EN:

http://dl.dropbox.com/u/20683962/rvdiplomadocomunidadesafrocolombianasymemoriahistri.zip

 



** Perspectivas en derechos humanos y derecho humanitario, 2010 - 2014 CCJ

De: Ana Jimena Bautista <anajimenabr@gmail.com>


Estimados y estimadas
 
Reciban un afectuoso saludo,
 
Al considerar que resulta de su interés, en archivo adjunto envío un documento elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas a propósito de la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo.
 
Abrazos

--
Ana Jimena Bautista Revelo
Integrante UTL R. Iván Cepeda Castro


VER EL TEXTO COMPLETO (PDF) EN:

http://www.coljuristas.org/LinkClick.aspx?fileticket=wYAB8i%2bFdq4%3d&tabid=36&language=es-CO




* CONVOCATORIA ABIERTA PARA EL CONCURSO NACIONAL DE VIDEO AFRO "ANANSE 2011"

De: Sello Negro <sellonegromagazin@yahoo.com>
Fecha: 24 de marzo de 2011 15:51


"Ananse 2011" el segundo festival de Cine y video afro  tiene como objetivo visibilizar e incentivar las producciones audiovisuales que aborden las manifestaciones culturales, políticas y sociales de la población afrocolombiana.

E el marco del "Ananse 2011", se abren las inscripciones para el concurso nacional de video afro.
en esta ocasión hacemos extensiva la invitación a participar a todos los realizadores, productoras y organizaciones de base afrocolombianas que cuenten con productos audiovisuales sobre la temática afro.

Fechas de Convocatoria
Abre el 21 de Febrero y cierra el 8 de Julio de 2011.
Categorías
Mejor Audiovisual de Ficción
Mejor Audiovisual Documental

Descarga las bases del concurso y el formulario de inscripción:

Bases
http://www.anansefestivalcineafro.com/images/PDF/bases2011.pdf
Formulario
http://www.anansefestivalcineafro.com/images/PDF/formulario2011.pdf

Mayores informes en el sitio oficial
www.anansefestivalcineafro.com
sellonegromagazin@yahoo.com
Tels: +572 8895126
Cel: (320)661 8315



jueves, 24 de marzo de 2011

*** Organizaciones del Pacífico alzan su voz

De: Regional Pacífico <territoriopacifico@yahoo.es>
Fecha: 24 de marzo de 2011 20:57


Organizaciones del Pacífico alzan su voz

En Buenaventura, desalojo de los barrios, asesinatos, desapariciones, feminicidios, sobreexplotación laboral en el puerto, carencia de agua potable, desplazamientos, son algunos de los graves problemas denunciados frente al vicepresidente Angelino Garzón, al alcalde José Félix Ocoró y a las autoridades de la fuerza pública.

Los líderes sustentaron las denuncias en datos y vivencias, que los habitantes bonaverenses padecen a diario, sin que el Estado tome medidas de solución a estos problemas estructurales. Se preguntan ¿cómo es posible que haya una multimillonaria inversión en la ampliación del puerto mientras los pobladores se mueren de sed, el servicio de salud es precario y el conflicto armado se agudiza?

VIDEO:




Los obispos del Pacífico como parte de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano se reunieron con el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, y le plantean las problemáticas presentes y futuras generadas por políticas gubernamentales como la minería, la falta de consulta previa y el agravamiento del conflicto armado.

VIDEO:




Más información en www.pacificocolombia.org

Coordinación Regional del Pacífico Colombiano



miércoles, 23 de marzo de 2011

** Proyecto de ley afro

De: Arleison Arcos Rivas <arleison@une.net.co>
Fecha: 22 de marzo de 2011 22:52


Hola

En diferentes páginas afro se ha colgado el documento que les envío, adelantado con participación del Mininterior, "por el cual se reconoce el derecho fundamental a la identidad étnica de la población afrocolombiana, se adoptan políticas para la inclusión social de este grupo étnico, la igualdad de oportunidades y se dictan otras disposiciones".

Dada su importancia, se los envío para su conocimiento y difusión.

De igual manera, les envío el compendio normativo afrodescendiente en  América Latina (2009) para sus bibliotecas digitales.


Mag. Arleison Arcos Rivas
cuestionespedagogicas.blogspot.com
Rector IE Federico Carrasquilla - Medellín
Docente Ciencias Políticas - UdeA
arleisonarcos@gmail.com
3147933982 - 5217789

DESCARGAR LOS ADJUNTOS COMPRIMIDOS EN:
http://dl.dropbox.com/u/20683962/fwdproyectodeley.zip




lunes, 21 de marzo de 2011

Comunicado público de la RNDP

From: Nodo Centro Nodo Centro <rednaldemopaz.centro@gmail.com>
Date: 2011/3/20



Comunicado a la opinión Pública

de la Red Nacional en Democracia y Paz

 

Jóvenes y mujeres en Buenaventura punto focal de acciones violentas

 

Panfletos y violaciones sexuales a mujeres en Buenaventura estrategia de terror para el control y dominación de las comunidades en el territorio ancestral

 

En Buenaventura y el Pacífico colombiano no cesa el conflicto armado y la violencia socio-política, que se encuentra cimentada en el expansionismo portuario, en el marco del modelo de desarrollo neoliberal. Lo anterior se manifiesta en desapariciones forzadas, desplazamiento intraurbano, reclutamiento a menores, homicidios entre otras acciones destinadas a sembrar terror, zozobra y feminicidios.

 

Desde inicios del mes de marzo algunos barrios de Buenaventura se encuentran inundados por panfletos amenazantes firmados por el grupo paramilitar "Águilas Negras". En estos panfletos, dirigidos a la población joven, se anuncia un "nuevo ciclo de limpieza y duro trabajo", y se advierte: "debemos pedirles por el bien suyo no salgan de la casa porque los niños y niñas buenos se acuestan a las 11 pm y los niños malos los mandamos a dormir de esa hora en adelante no respondemos por vida alguna ya sea niño o niña o alguien inocente". En el panfleto se menciona que las acciones se iniciarán, entre otros, en los barrios Nayita, El Dorado, Cascajal, Bolívar, Independencia, Las Américas, Bellavista, Viento Libre y Bajo Firme, en los últimos meses en estos lugares, reconocidos por ser zonas de las Águilas Negras, las desapariciones y homicidios han aumentado.

 

Pese a las resientes denuncias, el comandante de la Policía de Buenaventura, Héctor Triviño, y el Alcalde, José Félix Ocoró Minotta, irresponsablemente insisten en manifestar por diferentes medios la inexistencia de grupos paramilitares en la ciudad: "Podemos decir, como manifestaban las autoridades de Policía, aquí no hay Águilas Negras"[1].

 

Sin embrago, la estrategia paramilitar en el puerto de Buenaventura sobre el Pacífico se mantiene a pesar de su supuesta desmovilización y de que en la cárcel se encuentren algunas de las cabezas visibles del Bloque Libertador y del Bloque Calima, que operaron en la región con la actitud complaciente de algunos miembros de la Tercera Brigada y que hoy bajo la denominación de "Águilas Negras" continúan actuando en operaciones sistemáticas de persecución en contra de la población juvenil[2].

 

Para nadie es un secreto que Buenaventura se encuentra bajo el control y las acciones de grupos paramilitares tanto en la zona continental como en bajamar, sitio donde hay un interés expreso por la implementación de Macro-proyectos portuarios, turísticos, de infraestructura, etc. Prueba de ello, es que después de conocido el panfleto, el pasado 4 de marzo en el barrio Vista Hermosa de la comuna 12, hombres encapuchados, que se movilizaban en motocicletas, según hemos sido informados, golpearon a 3 jóvenes del barrio que se encontraban en sus calles. El mismo día fue montado a la fuerza en una camioneta un joven de 24 años de edad JHON EDWAR CORREA, y sólo fue hallado el jueves 10 de marzo del año en curso. El joven vivía en el barrio Alfonso López Michelsen de oficio constructor y otras veces motorraton fue encontrado fusilado en el barrio Vista Hermosa. Hechos similares han venido ocurriendo en los barrios Antonio Nariño y Caldas.

 

La modalidad del panfleto y las acciones de la estrategia paramilitar en Buenaventura no puede dejarse pasar por alto, pues en otras ciudades de la región como Popayán y Cartago se han presentado amenazas similares de paramilitares. Por ejemplo, el comunicado de las Autodefensas Unidas de Colombia "Comando Emergente Carlos Vásquez Castaño", amenazando a campesinos del Cauca, y la Acción Urgente de las organizaciones sociales y sindicales del municipio de Cartago – Valle, por las amenazas de muerte a líderes y liderezas.

 

Las cifras de Medicina Legal, muestran que para el año 2006 hubo 592 asesinatos en Buenaventura, en el 2007 se presentaron 527 casos, en el 2008 el conflicto armado cobró 360 vidas y en el año 2009 los muertos por homicidios ascendieron a 321 casos, cifra dentro de la cual falta incluir once feminicidios. "Registros oficiales indican que entre los años 2003 y 2010 han asesinado a 1.922 personas, de las cuales 1.338 eran jóvenes entre los 15 y los 35 años, lo que representa un 67% del total de las víctimas del periodo indicado[3]". En los últimos tres años 65 mujeres han sido asesinadas. De enero[4] a marzo de este año, 4 mujeres han sido desaparecidas y 6 asesinadas.

El pasado miércoles 02 de Marzo del año en curso, llegaron tres hombres a la casa de la lideresa ANA JULIA RENTERIA, presidenta de la Junta del Consejo Comunitarios del rio Cajambre, en la vereda Guayabal del rio Cajambre, a las siete de la noche y le dijeron que la invitaban a una reunión y que fuera con ellos, la cual se negó, ante la insistencia, ella respondió que iría en su propia lancha y se hizo acompañar de su esposo MIGUEL SANTOS RENTERIA CAICEDO, y hasta la fecha no han regresado[5].

El sábado 05 de marzo de este año fue encontrada LINA MARITZA DURÁN OLAVE, asesinada al parecer por ahogamiento, dentro de una zanja del barrio Caldas, según noticias de radio y familiares, su ropa estaba al lado del cuerpo y la menor mostraba señales de violación sexual. Lina tenía 15 años de edad y vivía en el barrio Nuevo Amanecer.

 

Dos días después, en la madrugada del martes 08 de marzo entre la 1 y las 2 de la mañana al interior de una tienda en la calle 7 de Agosto en el barrio Alfonso López Michelsen fue asesinada MÓNICA LIZETH DUQUE MARTÍNEZ, de 17 años. En el mismo hecho, fue violada y herida LINA MARCELA GIRALDO, de 18 años[6].

 

Simultaneo a los hechos señalados, en el rio Anchicaya en la altura de Humanes flota un cuerpo en estado de descomposición desde hace varios días, que al parecer es una persona que fue desaparecida de la vereda. Igualmente desde hace varios días se encuentra desaparecida la niña ANGI SULEY MOSQUERA RODRÍGUEZ, de 16 años de edad residente en el barrio lo Ángeles de la parte continental de la ciudad.

 

En los últimos años las mujeres en Buenaventura han sido afectadas por diferentes tipos de violencias, desde violencia intrafamiliar, hasta violencia patrimonial y económica en diversos escenarios de la ciudad. A pesar de que existen herramientas para que sean efectivos el cumplimento de los derechos civiles de las mujeres, tales como la Ley 1257 de 2008, estas como muchas otras quedan solo en el papel, pues cuando se acude a las instituciones para que se dé cumplimiento a lo que se les ordena, no cumplen con su objetivo. Es por esto que se dice que las mujeres de Buenaventura hoy no encuentran apoyo en las autoridades ni en los organismos que deben asistirlas en caso de ser maltratadas o abusadas por su condición de ser mujeres.

 

Por todo lo anterior, los jóvenes y mujeres de Buenaventura exigimos y demandamos:

 

  • A las autoridades competentes la búsqueda de jóvenes y mujeres desaparecidas forzadamente, y que se castigue a quienes han vulnerado sistemáticamente sus derechos.
  • Que la Procuraduría investigue a los agentes estatales y otras autoridades por su tolerancia con la estrategia paramilitar por sus asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y la violencia sexual contra mujeres y niños.
  • Que Procuraduría y Fiscalía investiguen la negligencia de las autoridades competentes en adoptar medidas de promoción, prevención, atención oportuna y efectiva de las acciones que menoscaban la dignidad humana.
  • Solicitamos a las Fiscalía Nacional, Distrital y Provincial el estado de las investigaciones sobre anteriores feminicidios en Buenaventura, donde se detalle responsables, condena, etc., y el por qué no se han iniciado otras investigaciones.
  • Al Ministerio Público local asignar a un responsable que haga seguimiento a las investigaciones que se adelantan por estos casos.
  • Solicitamos a las Organizaciones sociales y de Derechos Humanos, a la Comunidad Nacional e Internacional y a los organismos de Naciones Unidas con presencia en la zona exigir al Gobierno Colombiano garantías para los derechos y protección para las personas y comunidades amenazadas; solicitar a las autoridades competentes locales, departamentales y nacionales actuar pronto, urgente y eficazmente para posibilitar el derecho a una sepultura digna de los restos de tantos jóvenes y mujeres desaparecidas; que se persiga a la delincuencia y estructuras paramilitares en los barrios Nayita, El Dorado, Cascajal, Bolívar, Independencia, Las Américas, Bellavista, Viento Libre, Bajo Firme y otros, en los que hay presencia paramilitar a escasos metros de presencia policial y militar.
  • A las autoridades competentes del Distrito, mayor seguridad en la ciudad, para garantizar a la población bonaverense el disfrute de los espacios del Distrito, sin zozobra, miedos ni amenazas, para que el desplazamiento por las calles y barrios de la ciudad sea de manera segura y acordes con nuestra ancestralidad de hombres y mujeres del Pacífico.
  • A los Concejales y al Alcalde Distrital la disposición de recursos y profesionales competentes en las dependencias distritales que les corresponde la atención de la población joven y de mujeres, para que se tomen acciones efectivas.
  • A las autoridades competentes en temas de juventud y de mujer que den informes sobre las propuestas, proyectos, acciones y avances en temas de atención, en términos de violencias y violación de derechos humanos en el Distrito para esta población.

 

A los 19 días del mes de marzo de 2011 firmamos:

 

·         Fundación Rostros & Huellas del Sentir Humano – Buenaventura / Valle del Cauca

·         Colectivo de Mujeres Afrocolombiana Wiwa – Buenaventura / Valle del  Cauca

·         Corporación PODION – Bogotá D.C.

·         Centro de Capacitación Don Bosco – Cali / Valle del Cauca

·         Escuelas de DDHH del Valle del Cauca – Cali / Valle del Cauca

·         Plataforma Sur de Organizaciones Sociales – Neiva / Huila

·         Corporación Colombia Joven – Villarica / Cauca

·         Asociación de Mujeres Lideresas de Familias (ASOLIFA) – Mosquera / Cundinamarca

·         Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez / Santander

·         APRODIC – Cartagena / Bolívar

·         Pastoral de la Tierra de la Diócesis de Pasto / Nariño

·         Fundación Madre Herlinda Moisés – Cartagena / Bolívar

·         Diócesis de Sincelejo - Diakonía de la Paz / Sucre

·         Corporación Juvenil Thimos – Bogotá D.C.

·         Corporación Con-Vivamos – Medellín / Antioquia

·         Asociación Comunitaria para la Solidaridad y la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental de Medellín / Antioquia

·         Comité Cultural de Zapamanga – Floridablanca / Santander

·         Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Barranquilla / Atlántico

·         Corporación Tiempos de Vida – Magangué / Bolívar

·         Pastoral Social de Neiva / Huila

·         Corporación Red de Promotores de Derechos Humanos y DIH – Neiva / Huila

·         Escuela de Convivencia Pacífica y Solidaria de Puerto Carreño / Vichada

·         Fundación Mujer Amiga – Jamundí / Valle del Cauca

·         CODEPAS – Montería / Córdoba

·         Fundación San Isidro – Duitama / Boyacá

·         Asociación Juvenil Bet-lehem – Ocaña / Norte de Santander

·         Secretariado Regional de Pastoral Social – Caritas Suroriente – Villavicencio / Meta

 



[1]Diario El País. En el puerto no hay presencia de las "Águilas negras", 03/03/2011. Disponible en:

http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/en-puerto-vuelan-aguilas-negras.

[2]Constancia 040907. Jóvenes asesinados y desaparecidos forzadamente. Buenaventura. Martes 4 de septiembre de 2007.

[3] Manifiesto de los jóvenes de Buenaventura. Territorio y juventud por el derecho a una vida digna. 10 de diciembre de 2010. Citado en: Buenaventura Viva, Edición noviembre-diciembre de 2010.Pp. 12

[4] Diario El País. Mujer fue golpeada y asesinada en Buenaventura. 31/01/2011. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/mujer-fue-golpeada-y-asesinada-en-buenaventura-0

[5] Denuncia del Consejo Comunitario de la cuenca del rio Cajambre ante Personería Distrital de Buenaventura.

[6]Diario El País. Asesinada otra menor en el Puerto. 08/03/20011. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/asesinada-otra-menor-en-puerto y Joven fue asesinada y violada en Buenaventura. 09/03/2011. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/joven-fue-asesinada-y-violada-en-buenaventura.





--
Christof Wunsch
Delegado de Comunicación Nodo Centro / RNDP
c/o Corporación PODION
Calle 54 #10-81
Piso 6
Bogotá D.C.
Tel: 0057 - (1) 2481919
Fax: 0057 - (1) 2353893
rednaldemopaz.centro@gmail.com





viernes, 18 de marzo de 2011

¿Qué es indecente en Colombia?

From: waltermiva@hotmail.com
Date: Thu, 3 Feb 2011 08:46:42 -0500


¿QUÉ ES INDECENTE EN COLOMBIA?

 es que el salario mínimo de un trabajador sea de $515.000/mes y el de un Congresista de $33.996.000, pudiendo llegar, con dietas y otras prebendas, a $38.500.000 /mes.

INDECENTE
 es que un profesor, un maestro, un catedrático de universidad o un cirujano de Salud Pública, ganen menos que el concejal de un municipio de tercera.

INDECENTE es que los políticos se suban sus retribuciones en el porcentaje que les apetezca (siempre por unanimidad, por supuesto y, al inicio de la legislatura).

INDECENTE
 es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años y tener 62 para percibir una Pensión y a los diputados les baste sólo con siete, y que los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima, sólo necesiten jurar el cargo.

INDECENTE
 es que los Congresistas sean los únicos trabajadores (¿?) de este país que están exentos de tributar un tercio de su sueldo.
INDECENTE es colocar en la Administración a miles de "Asesores" y "Suplentes" (léase amigotes con sueldos que ya desearían los técnicos más calificados).

 INDECENTE es el ingente dinero destinado a sostener a los partidos, aprobados por los mismos políticos que viven de ellos.
INDECENTE es que a un político no se le exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo (ni cultural, ni intelectual). ¡Sólo basta estar en la Bancada Mayoritaria y patrocinado por dineros sucios!

INDECENTE es el costo que representa para los ciudadanos sus viáticos, viajes (siempre en primera clase), comidas, comunicaciones, guardaespaldas, escoltas carros último modelo blindados, tarjetas de crédito etc. etc. y, se le niegue a la clase trabajadora un aumento digno en el Salario Mínimo.

INDECENTE
 no es que no se congelen el sueldo sus señorías, sino que no se lo bajen y por el contrario se estan inventando Proyectos de Ley, para aumentar sus pensiones y sus jugosas Prebendas.

INDECENTE
 es que sus señorías tengan seis meses de vacaciones al año.

 INDECENTE es que ministros, secretarios de estado y altos cargos de la política, cuando cesan, son los únicos ciudadanos de este país que pueden legalmente percibir dos salarios del TESORO PÚBLICO.


INDECENTE es que el dinero de las REGALIAS, que está destinado al desarrollo de las regiones y clases menos favorecidas, se quede en las manos de gobernadores y alcaldes corrompidos y todos sus cargaladrillos que tienen de secuaces.

Y que sea cuál sea el color del gobierno, toooooodos los políticos se benefician de este moderno "derecho de pernada" mientras no se cambien las leyes que los regulan. ¿Y quiénes las cambiarán? ¿Ellos mismos? ¡Já! ¡Ja..!

 Pero........LO PEOR DE TODO...... ¡ES QUE SEGUIMOS VOTANDO POR ELLOS!

SÓLO NOSOTROS PODEMOS PONERLE REMEDIO A ESTO, Y ÉSTO SÍ QUE TRAERÁ AÑOS DE MALA SUERTE SI NO PONEMOS REMEDIO... Está en juego nuestro futuro y el de nuestros hijos.

saludos p´toditos
Elsa



Alerta Timbiquí por minería ilegal

De: diana Guerrero <karolina_95@yahoo.es>

 

SANTA MARÍA DE TIMBIQUÍ (CAUCA), UN PUEBLO AFROCOLOMBIANO QUE POR LA CODICIA MINERA DE FORÁNEOS, HISTORICAMENTE HAN CONDENADO AL SAQUEO Y LA DESGRACIA

 

Boletín, Campaña Renacer, marzo 2011

 

El Consejo Comunitario "Renacer Negro" de la comunidad negra del río Timbiquí, está ubicado en la parte alta del Municipio de Timbiquí, Departamento del Cauca;  es un territorio ancestral de 71.010 Has, titulado colectivamente mediante Resolución No 01120 del 16 de Mayo de 2001 por el INCORA.

El Municipio de Timbiquí ha sido sometido a vivir una historia muy particular; en 1900 se asentó  por títulos de la República la compañía  inglesa The New Timbiquí Gold Mines Ltda, compañía minera cuyas oficinas principales se encontraban en París, y a quien  el gobierno colombiano le tituló en ese entonces la margen derecha del rio Timbiquí, en su totalidad. En 1989 en  esa misma margen del Río y también con un permiso gubernamental,  se asentó hasta 1993,  una Compañía Rusa que además de los enormes  daños ambientales en el territorio, fincas de los nativos y sus casas, saqueo el oro  y empobreció a las familias que vivían de esta actividad, generando además un gran deterioro social  en todo el Municipio. La presencia de estas compañías y la responsabilidad sobre estos impactos, jamás ha sido asumida por el Estado Colombiano.

 

El periódico El País, en su edición del 29 de abril del 2010 que tituló Timbiquí podría ser epicentro de una masiva explotación minera, expresó ante la opinión pública nacional e internacional, la situación de riesgo que presentaban las comunidades de Timbiquí, por la amenaza de más 28 dueños de retroexcavadoras, podrían trasladar algunas de las 200 retroexcavadoras que al parecer hasta ese momento se encontraban aún asentadas en Zaragoza (valle), a este municipio caucano a saquear el oro y a destruir el patrimonio ambiental y ecológico del los pobladores del río Timbiquí y de otros ríos de la costa caucana.

 

El pasado mes de Mayo de 2010, el Municipio de Timbiquí, a través de los Consejos Comunitarios Renacer Negro y Negros Unidos en la Cuenca del Rio Timbiquí, Negros en Acción en la Cuenca del Rio Bubuey, Parte Alta Sur del Saija, Patía Norte San Bernardo y Bajo Saija en la Cuenca del Rio Saija, articulados en el Palenque Mayor el Castigo – Asociación de Consejos Comunitarios de este mismo Municipio, lanzó un S.O.S. por el ingreso al territorio de 2 retroexcavadoras en el rio Timbiquí, también alertaron a la comunidad Nacional e Internacional sobre la presencia de estas retroexcavadoras y la tendencia a invadir sus territorios para la explotación minera de manera ilegal. Denunciaron que lo que estaba ocurriendo en Suarez y Buenos Aires en el Norte de Cauca, lo ocurrido en Zaragoza en Buenaventura y lo que pudiera ocurrir en Timbiquí y la costa caucana, son una clara muestra que frente a la minería legal o ilegal y  frente a su responsabilidad de proteger los derechos ambientales, territoriales y culturales de nuestras comunidades,  el gobierno no aplica lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT, la ley 70 de 1993 y lo ordenado por la Corte Constitucional, entre otras de sus disposiciones en el auto 005 del 2009. No aplica, frente a la minería legal e ilegal, la protección de los derechos constitucionales de las comunidades negras/afrocolombianas, mientras nuestras comunidades son profundamente afectadas en su integridad cultural y sus vidas, todas las entidades estatales y gubernamentales parecieran ponerse de acuerdo para no operar.

 

En julio de 2010, en el marco de la Campaña Renacer: "Desde las entrañas protegiendo el territorio" impulsada por ASO MANOS NEGRA y la agenda común para la protección de los derechos del Territorio-región del Pacífico, y después de una gran caravana de lanchas por el río Timbiquí en un recorrido de más de cinco días, se lanzó una acción preventiva urgente por amenazas de muerte a representantes comunitarios en territorios ancestrales de la región del Pacífico Caucano, así como se solicitó de manera enérgica, entre otras peticiones: i) Que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Europea, y demás instancias internacionales de protección de derechos humanos se mantengan alertas a los acontecimientos que pudieran suscitarse con la Campaña RENACER, y, ii) a la Comunidad Internacional que manifieste su apoyo a los procesos sociales que vienen desarrollando las Comunidades Afrocolombianas dirigidos a salvaguardar sus derechos fundamentales reconocidos por los Convenios y Tratados Internacionales que han sido suscritos y ratificados por Colombia, y para que exija al Estado Colombiano la garantía en la seguridad y el respeto a la integridad personal y la vida de las personas que hicieron parte de la Campaña y a los representantes de los Consejos Comunitarios que se encuentran en peligro.

 

Recientemente, cuando el mundo entero estaba concentrado en lo que ocurría en Japón como consecuencia del terremoto y tsunami, las autoridades de Timbiquí se informaban que el día 10 de marzo de 2011, se habían presentado graves hechos en la comunidad de Santa María ubicada en la parte alta de Timbiquí, Consejo Comunitario "Renacer Negro". Vale la pena resaltar, que la comunidad de Santa María, en este momento es el epicentro de más de 28 retroexcavadoras (algunos manifiestan de hay el doble) provenientes de Zaragoza y que como se había advertido, este territorio colectivo hoy es víctima de la codicia minera que ha traído consigo la gran presencia e incidencia de un grupo armado que según el ejército nacional, pertenece a " los rastrojos".  

Según versión oficial del Ejército Nacional- Base militar de Guapi, dada a conocer por los medios de comunicación nacionales, el 10 de marzo la comunidad de Santa María enlutó tres familias y un pueblo entero, cuando al parecer, por acción de un irresponsable miembro de quienes se identifican como "los rastrojos", simultáneamente al momento que pedía agua en una humilde vivienda, manipulaba un arma de largo alcance frente a unos menores y por esta acción impactó de frente a una niña de apenas 13 años de nombre INGRID ANGULO  CUERO quien en pocas horas falleció, así como a dos niños más, JAIRO JAVIER ZUÑIGA AMU de 12 años  e IDER ANGULO OCORO de 10 años, los cuales resultaron heridos de gravedad y aún se debaten entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad de Cali.

Hay silencio, intimidación, miedo, complicidad por ocultar varios hechos, pero esta vez, se hizo público debido a que debieron bajar los heridos para recibir atención médica en el hospital de la cabecera; pero de los muertos -como se entierran y desaparecen allá en las minas- nadie da razones.


Algunos periodistas y académicos han advertido también, que detrás de esta actividad minera hay grandes intereses y poderes económicos, políticos y militares, y que ello, agudiza el riesgo para la población nativa y dueña de los territorios ancestrales de nuestra querida región del Pacífico, a quienes no se les escucha y se les está violando todo derecho. Hoy, el peligro es inminente, el crecimiento de esta actividad en la región, avanza a pasos agigantados; en estos momentos es de conocimiento público que sólo en la costa caucana existen 28 o el doble de retroexcavadoras en Santa María (Timbiquí), dos en el río Saija (Timbiquí), tres más que están llegando a San Bernardo (Timbiquí), cinco con presencia en López de Micay, dos en el río Guajuí (Guapi) y las que están en camino para instalarse en el río Napi (Guapi).

 

Insistimos en la imperiosa necesidad de hacer valer los Derechos individuales y colectivos de esta población Timbiquireña, hoy, cada vez más vulnerable frente a los intereses y maquinaria de la codicia minera que históricamente ha cobrado cientos de víctimas y que sigue campeando y violentando los nativos en sus propios territorios.

 

Exigimos que se cumpla el derecho a la Consulta Previa fundamentado en la Constitución Política a favor de los grupos étnicos, que además ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en sus sentencia T-769 de 2009 y en la que se ordena que debe hacerse antes de la exploración preliminar de la viabilidad económica de un yacimiento de minerales; que se cumpla la Ley 70 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, los mandatos de la Honorable Corte Constitucional respecto de la Sentencia T- 025 de 2004 y el Auto 005 de 2009, relativos a la protección de la integridad cultural de las comunidades afrodescendientes, y de manera especial, el derecho a la vida y a permanecer en nuestros territorios ancestrales.

 

Convocamos a todos los organismos nacionales e Internacionales de DDHH, a que realicen seguimiento permanente de los hechos ocurridos y las gestiones necesarias para la protección y defensa de las comunidades y procesos comunitarios afectados por la minería ilegal en Colombia.

 

 

Territorio-región del Pacífico, marzo 2011.


 


Violaciones recientes de los derechos humanos de Afro-colombianos

De: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Fecha: 17 de marzo de 2011 17:34


Violaciones recientes de los Derechos Humanos de afro-colombianos

Un dossier de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN)
17 mar 2011

La Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN por su sigla en ingles) desea llamar la atención a los deplorables incidentes ocurridos recientemente en relación a los derechos humanos de la comunidad Afro-colombiana:

Desaparición forzada de una líder Afro-colombiana
El 2 de marzo de 2011, Ana Julia Rentería, Presidenta del Consejo Comunitario del Río Cajambre, y su esposo, Miguel Santos Rentería, fueron obligados a asistir a una reunión fuera de su casa por hombres desconocidos. No hay información sobre la ubicación de Ana Julia y Miguel desde su desaparición. La Sra. Rentería es una líder importante de la comunidad afro-colombiana y madre de nueve hijos.

Soldados colombianos queman las casas de 119 familias Afro-colombianas
El 28 de febrero de 2011, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que los soldados del Batallón 80 incendiaron y destruyeron las casas de 119 afro-colombianos en la región del Bajo Calima. La justificación dada por los militares de quemar estas casas, que han pertenecido a estas comunidades durante los últimos setenta años, es que ahora son propiedad del proyecto de desarrollo económico del "Puerto Industrial de Agua Dulce SA". Esta comunidad ha sufrido cuatro incidentes parecidos desde 2005, resultando en la destrucción de 47 viviendas y el desplazamiento de los residentes.

Las FARC ponen en peligro a civiles Afro-colombianos
El 27 de febrero de 2011, una canoa llena de explosivos supuestamente colocados por las FARC explotó en la comunidad de Santa Ana del Consejo Comunitario de Los Manglares en el municipio de López de Micay, Cauca. La explosión causó la muerte de tres personas, entre ellos un civil indígena, e hirió a tres soldados. Esta situación ha causado que muchos miembros de la comunidad se encuentren confinados en sus casas por miedo de ser heridos. Además, el 7 de marzo de 2011, miembros de la milicia urbana de las FARC lanzaron una granada al lado de la estación de policía en López de Micay. Aunque nadie resultó herido, esta acción creó pánico y desplazó a residentes civiles locales.

Asesinatos de mujeres Afro-colombianas en Buenaventura
Según la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (FUNDEMUJER), 65 mujeres fueron asesinadas en el Puerto de Buenaventura en los últimos tres años. Quince de estas mujeres fueron asesinadas en los últimos quince meses. Estos ataques incluyen la violación y asesinato de una joven de 15 años de edad, en el barrio Matia Mulumba, cuya mano fue cortada antes de su muerte y Monica Lissete Duque de 17 años que también fue violada y degollada. La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre de 18 y 20 años. Sin embargo, estos casos también implican niñas de 10 a 12 años. El número total de casos no es claro ya que las personas tienen miedo de denunciar por temor de represalias. Aunque los motivos de estos asesinatos no son claros, parece que el clima general de violencia en Buenaventura, debido al conflicto armado interno y el narcotráfico, es un factor que conduce a la mutilación, la violación y la violencia contra mujeres. La impunidad es el estándar en casi todos estos casos, dejando la posibilidad de que los perpetradores actúen contra nuevas víctimas.

120 familias en riesgo de desplazamiento en el Medio Atrato
La comunidad de La Villa en el río Bebará (región del Medio Atrato, Chocó) se encuentra en alto riesgo de desplazamiento debido a las operaciones de combate entre las fuerzas armadas colombianas y el Frente 34 de las FARC. El 20 de febrero de 2011, las operaciones de combate dejaron un soldado muerto y otro herido, así como 120 familias de afro-descendientes e indígenas desplazadas. Después de que la comunidad decidió regresar y pacíficamente resistir el desplazamiento permanente de sus territorios ancestrales, la comunidad aún está en alto riesgo de daño y desplazamiento. Algunos de sus miembros se encuentran "confinados" (no pueden salir) en la zona debido a la continuación de las operaciones de combate y están enfrentando una emergencia humanitaria.

Miembro del PCN que denunció la corrupción atacada
El 9 de febrero de 2011, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicas y otros grupos de la sociedad civil estadounidense le escribieron al ministro colombiano del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sobre las denuncias de corrupción en la Comisión Consultiva de Alto Nivel durante el proceso de consulta previa con las comunidades afro-colombianas sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Santos. Las actividades denunciadas son preocupantes dado que las autoridades colombianas tienen la obligación de consultar previamente con las comunidades afro-colombianas afectadas para todas las políticas, programas y proyectos de desarrollo económico (incluida la aplicación de la Orden 005 de la Corte Constitucional sobre los desplazados internos afro-colombianos) relacionadas a las comunidades afro-colombianas.
El 3 de marzo de 2011, los miembros de ACSN fueron informados de que Teresa Cassiani, la persona que denunció las actividades de corrupción fue agredida físicamente por otro miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, la Sra. Idalmi Minota. La Sra. Cassiani es miembro del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) y forma parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Departamento de Bolívar. El PCN también fue expulsado como organización de la sesión del 28 de enero de la Consultiva por haber denunciado la corrupción. Nos parece muy problemático que la Comisión Consultiva de Alto Nivel no ha investigado este asunto y no ha sancionado a los responsables.

Retroceso en el caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó
Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras. El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso. También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.
El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares. Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones. Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EE.UU. y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares.

Dado el contexto de la violencia continua y sistemática contra las comunidades Afro-colombianas, ACSN recomienda:
Que el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado den pasos hacia la prevención y la protección de las comunidades Afro-colombianas, la justicia en los casos antes mencionados y la aplicación de la Orden 005 del 2009 de la Corte Constitucional que se refiere al desplazamiento interno en la población Afro-colombiana
Que todos los grupos armados colombianos cesen las actividades que podrían causar daño a civiles y que respeten el Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Que los legisladores de EE.UU. presionen que Colombia proteja a los líderes y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Curvaradó y Jiguamiandó y que se le devuelvan plenamente, sin reservas, sus territorios colectivos. Esta acción sería una señal de que el nuevo gobierno de Santos es genuino en sus planes de devolver las tierras a los desplazados internos.
Que las organizaciones de derechos humanos y activistas tomen acción enviando cartas y haciendo llamadas a las autoridades de Colombia y urgiéndoles que actúen en contra de estas violaciones.
Igualmente invitamos a los activistas a firmar la petición de change.org dirigida al Presidente Barack Obama sobre el TLC entre EE.UU. y Colombia en http://www.change.org/petitions/stop-the-us-colombia-free-trade-agreement

Pedimos distribuir este mensaje abiertamente en twitter y a través de sus páginas de internet.
Para más información póngase en contacto con Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA al (202) 797-2171;gsanchez@wola.org o Charo Mina Rojas, Grupo Internacional de Trabajo PCN al (434) 760-0663, charo@io.com
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*Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.





miércoles, 16 de marzo de 2011

** Traduccion al Español de la carta WOLA/TAF a USAID

De: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Fecha: 16 de marzo de 2011 15:54



Dr. Ken Yamashita
Director de Misión
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
Cra. 45 #24B-27, Puerta 2
Bogota, Colombia
Estimado Dr. Yamashita,

            Nos complace saber que USAID inauguró la convocatoria para un proyecto de cinco años de cooperación internacional de $61.4 millones de dólares para mejorar la situación socio-económica de las comunidades afro-colombianas e indígenas. Creemos que es positivo que USAID esté divulgando de manera amplia la convocatoria para el proyecto, impulsando un proceso de solicitud más abierto y transparente y convocando a un conjunto más amplio de contratistas, ONGs e instituciones a presentar propuestas.

            Como tal, hemos monitoreado de cerca el proceso de aplicación del proyecto y queremos aprovechar la oportunidad que nos brinda la consulta con sociedad civil de USAID del 10 de marzo para volver a exponer algunas inquietudes y ofrecer recomendaciones para el segundo paso de este proceso. Es nuestro deseo que USAID tenga en cuenta las preocupaciones y recomendaciones hechas por nuestras colegas afro-colombianas en la carta enviada el 19 de abril de 2010. Apreciamos el esfuerzo concertado bajo su liderazgo en cuanto al cambio en la programación de USAID de manera que garantiza una mayor transparencia, eficiencia y la ejecución de los proyectos que asisten de una mejor manera a la comunidad afro-colombiana.

En este sentido, recomendamos lo siguiente:

  • La implementación completa de la enmienda de USAID sobre las directrices para solicitudes de propuestas que desincentivan los acuerdos exclusivos entre los solicitantes de la convocatoria y los grupos locales colombianos. Hemos recibido reportes de solicitantes que están buscando acuerdos exclusivos y esto ha generado tensión, división y presión en los líderes y grupos afro-colombianos e indígenas. Quien recibe este subsidio necesita respetar y trabajar con las autoridades designadas de las comunidades afro-colombianas e indígenas.

  • La legislación de Estados Unidos designó esta financiación para comunidades afro-colombianas e indígenas. Como tal, es importante que quien sea que USAID determine que sea su contratista para dicho subsidio debe consultar previamente e integrarse de manera activa con las estructuras organizacionales establecidas en la Ley 70 de 1993 para los afro-colombianos y tener en cuenta el artículo 330 de la Constitución Política colombiana para los cabildos indígenas. Si un proyecto va a ser implementado en un territorio colectivo, entonces debe ser previamente consultado de manera libre, transparente e informado, de conformidad con sus autoridades legítimas según las directrices establecidas en la Corte Constitucional colombiana. Además, el contratista tiene que informar acerca de la metodología usada para cada una de estas consultas y asegurar que estos informes estén disponibles al público con el fin de garantizar transparencia y supervisión.

  • USAID tiene que asegurar que el beneficiario del subsidio y los asociados en la ejecución no impongan proyectos sobre los cuales las comunidades no estén de acuerdo o que sean considerados problemáticos o perjudiciales por los residentes de esa comunidad. Además de garantizar la ejecución de un mecanismo de consulta previa, USAID también tiene que garantizar que las estructuras organizacionales de comunidades afro-colombianas e indígenas (por ejemplo, los consejos comunitarios de las comunidades afro-colombianas, cabildos indígenas, organizaciones étnicas regionales y nacionales y grupos de base) se vean fortalecidas por el proyecto y que aporte la capacidad de estos líderes de implementar los proyectos de manera propia. Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, tenemos el placer de asistir y facilitar dichos procesos.

  • Quien implementa el proyecto debe apoyar la creación de un Comité interétnico de representantes afro-colombianos e indígenas. El Comité debe servir como interlocutor con USAID y su contratista. El propósito de este Comité sería garantizar que el mecanismo de consulta previa se ejecute correctamente entre USAID, el contratista, las administraciones territoriales competentes y los grupos de base. La Comisión también debe garantizar la aplicación de las órdenes judiciales 004 y 005 de la Corte Constitucional colombiana además de los planes de desarrollo territoriales de las comunidades a nivel regional y comunitario, en cuanto a la estrategia de desarrollo económico. Antes de diseñar e implementar la siguiente fase del subsidio de las minorías étnicas de USAID, la agencia debe revisar su estrategia actual en cuanto a los afro-colombianos y desarrollar la estrategia de los indígenas con personas elegidas a este Comité.

  • Hay que hacer esfuerzos para asegurar que estos proyectos no dividan a la población afro-colombiana ni indígena al favorecer a un grupo sobre otro, al igual que al causar divisiones entre estos grupos. También se deberá hacer el esfuerzo para asegurar que no se creen tensiones entre alcaldes, autoridades municipales y los líderes étnicos tradicionales por medio de facilitar el diálogo abierto, transparente y constructivo entre estas entidades cuando tiene que ver con ambas jurisdicciones. Para garantizar que no se lleven a cabo divisiones entre miembros de territorios colectivos, recomendamos que el contratista de USAID consulte directamente con los consejos comunitarios y cabildos de la comunidad en cuestión al igual que las organizaciones regionales y nacionales que compongan estos grupos. En regiones sin-títulos o urbanas recomendamos que los grupos de base que se compongan por estas minorías étnicas sean consultadas.

  • El beneficiario tiene que respetar el proceso de decisión autónomo de las comunidades afro-colombianas e indígenas responsables por región o centro urbano en donde el proyecto se ejecutará. En áreas urbanas con un alto número de personas desplazadas internamente, es esencial que el contratista siga las recomendaciones hechas por la Corte Constitucional colombiana en cuanto a las personas desplazadas internamente. Así mismo, recomendamos que el contratista enmarque y diseñe su proyecto dirigido a las personas desplazadas internamente con base en las pautas de USAID sobre el desplazamiento interno y la guía del proyecto CODHES/Brookings para la implementación de los Principios Rectores de la ONU en materia de desplazamientos urbanos.

  • Contratistas, ONGs (tanto estadounidenses como colombianas), y el personal que forma parte de la implementación de este proyecto deben ser totalmente examinados para garantizar que no tengan vínculos, alianzas u otro tipo de conexiones con grupos armados ilegales y políticos que están bajo investigación por conexiones con paramilitares, sus organizaciones sucesoras, grupos guerrilleros, redes de crimen organizado o narcotraficantes.

  • Las contrapartes de USAID no deben emplear a personas que han sido investigadas por corrupción o vínculos con grupos armados ilegales, narcotraficantes o sus beneficiarios (incluyendo políticos, el sector privado, etc.) Controles rigurosos de sus antecedentes deben hacerse para la totalidad del personal involucrado en la aplicación de estos subsidios.

  • El protocolo de tierras de USAID debe aplicarse de manera completa en los territorios en donde proyectos de USAID se vayan a ejecutar. USAID debe contratar evaluadores independientes con experiencia en los derechos de los afro-colombianos e indígenas para analizar este proyecto después de dos años de su ejecución y nuevamente al final del proyecto.

Les agradecemos por darnos la oportunidad de contribuir en el proceso y esperamos que nuestro diálogo en temas tan importantes continúe.

Atentamente,

Gimena Sanchez
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Nora Rasman
TransAfrica Forum

sábado, 12 de marzo de 2011

** Desaparece la Presidenta del Consejo Comunitario del río Cajambre - Buenaventura

De: Danelly Bantu <charanbira@gmail.com>
Fecha: 11 de marzo de 2011 16:43

 

DESAPARECE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO COMUNITARIO

DEL  RIO CAJAMBRE DE BUENAVENTURA  Y SU ESPOSO

 

El  pasado Miércoles 02 de Marzo del año en curso, llegaron tres hombres a la casa de la lideresa Ana Julia Rentería, presidenta de la junta del consejo comunitarios del rio Cajambre, identificada con la cedula de ciudadanía número 66.737506, en la vereda Guayabal del rio Cajambre,  a las siete de la noche y le dijeron que la invitaban a una reunión y que fuera con ellos, a lo cual ella se negó, pero ante la insistencia, ella respondió que iría en su propia lancha y se hizo acompañar de su esposo Miguel Santos Rentería Caicedo identificado con la cédula de ciudadanía número 16.514. 717 y hasta la fecha no han regresado.

 

Hoy se cumplen 9 días de la desaparición. Por este hecho, las comunidades rurales de Buenaventura y sus familias se encuentran muy angustiados pues doña  Ana Julia Rentería es una matrona de la comunidad y además es también madre de nueve hijos y una mujer comprometida con su comunidad, muy respetada y reconocida por su capacidad de liderazgo. Ella tenía una comercializadora de pescado en el rio y también era agricultora.

 

Los Consejos Comunitarios de los ríos hermanos y el Consejo Comunitario de Cajambre, denuncian la desaparición de esta gran mujer y lamentan de manera profunda el dolor y la angustia que hoy invade a sus familiares.

 

Ancestralmente,

ALFONSO CUERO

Representante Legal Consejo comunitario de la cuenca del rio Cajambre

 

APOYAN

 

Consejo Comunitario del del rio Mayorquin

Consejo Comunitario de la cuenca del rio Raposo

Consejo Comunitario de la cuenca del rio Anchicayá

Consejo Comunitario de la cuenca del rio Yurumangui

Consejo Comunitario de la cuenca  Baja del rio Calima

Consejo Comunitario de la zona Media y Alta del rio Dagua

Proceso de comunidades Negras en Colombia - PCN

 
 
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Danelly Estupiñan Valencia
Palenque Regional el Kongal - PCN
Buenaventura Pacifico