El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano

 

 
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martes, 31 de enero de 2012

** Asamblea Diocesana en Quibdó (Aurora)

De: Coordinación <coordinacion@kaired.org.co>
Enviado: Domingo, enero 29, 2012 8:21 P.M.

Compartimos este saludo de Aurora Bailón desde Bellavista (Chocó):



Apreciados compañeros y compañeras:

Ya estoy de nuevo en Colombia y la primera actividad en la que he participado ha sido en la XX Asamblea de la Diócesis de Quibdó", realizada del 23 al 27 de enero en Bellavista (Chocó), en la que participaron 150 personas representantes de los equipos evangelizadores y parroquias. Nos reunimos con el fin de evaluar el trabajo pastoral y fijar líneas de acción frente a los desafíos que nos presenta la situación actual del país y de la región. También dedicamos un espacio para preparar la conmemoración de la masacre de Bojayá, que el próximo 2 de mayo cumplirá 10 años y que a pesar del tiempo transcurrido las víctimas siguen sin recibir reparación y abandonadas a su suerte.


Como principales conclusiones de la Asamblea destacamos:
  • Implementar un Plan de Formación Intercultural para evangelizadores de la Diócesis y líderes comunitarios
  • Creación de una nueva opción pastoral "Por la infancia y la juventud", debido a que este sector de población es muy vulnerable.
  • Evaluar y definir junto con las organizaciones étnicoterritoriales y sociales el direccionamiento, estrategias y apuestas socio-políticas frente a las amenazas del territorio.
  • Construir junto con las organizaciones étnicoterritoriales y sociales una agenda común de incidencia política para la defensa del territorio.
  • Fortalecer las organizaciones de mujeres, población desplazada y víctimas de la violencia política para la defensa y cumplimiento de sus derechos.
 
Motivados por el lema de nuestra Asamblea: "Para que todos los pueblos tengan Vida y la tengan en abundancia", (Juan 10,10). Aspiramos que el Dios de la Vida, nos siga animando con la luz de su Espíritu, para continuar con la Evangelización Liberadora  en la región del Atrato.

Adjuntamos algunas fotos relacionadas con este evento:
100_1133: Amanecer Atrateño
100_1142: Entrada a la iglesia de Bellavista
100_1146: Cristo mutilado de Bojayá. Así quedó el Cristo crucificado después de la masacre y así se ha dejado para la memoria histórica.
100_1155: Bote transportando delegados

Un abrazo.

Aurora


viernes, 2 de diciembre de 2011

** La gente negra en la costa pacifica en medio de amenazas, enfrentamientos armados e intentos de homicidios (hechos recientes)

COMUNIDAD AMENAZADA POR ENFRENTAMIENTOS ENTRE PARAMILITARES Y GUERRILLA EN EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO DE CUERVAL (MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ) DE LA REGIONAL COCOCAUCA.

El día 30 de noviembre de 2011, entre las 3:00 y 4:00 p.m. al parecer se presentó un enfrentamientos entre la Guerrilla de las FARC y un grupo de paramilitares. Se desconoce saldo de bajas entre los dos grupos armados, pero las comunidades negras del Consejo comunitario de Cuerval, se encuentran amenazadas de los presuntos paramilitares por “falta de colaboración”...

2.      JOVEN QUE ESCAPÓ DE QUE LO ASESINARAN AHORA DEMANDA A LOS PERPETRADORES PARAMILITARES DE GUAPI POR INTENTO DE HOMICIDIO.

El día 28 de noviembre de 2011 entre las  8:30 p.m., un grupo de 5 hombres armados (uno de ellos con condena y casa por cárcel), al parecer de los rastrojos, intentaron asesinar al joven ALVARO  MAFLA MORENO de 27 años aproximadamente, hijo de Francisco Mafla (qepd) quien vivía en el barrio Santa Mónica y presuntamente fue asesinado por los paramilitares....


3.      EN AREA URBANA DE LOPEZ DE MICAY A PLENA LUZ DEL DIA AL PARECER ASESINAN A UN COMERCIANTE Y 2 SOLDADOS.

 El 1 de diciembre de 2011 un hombre con un arma de fuego se acercó y disparó contra soldados de contraguerrilla, resultado del hecho resultó muerto el comerciante del establecimiento y 2 soldados.


La Regional COCOCAUCA hace un llamado a los actores del conflicto armado....


Regional COCOCAUCA



jueves, 3 de noviembre de 2011

*** Carta/Letter Dept de Estado/US State Dept- Dioceses of Quibdo, FISCH and WOLA re: Choco

From: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Date: 2011/11/3



ENGLISH TEXT FOLLOWS SPANISH
                                                                
D i ó c e s i s  d e  Q u i b d ó
Vicaría de Pastoral Afro

3 de noviembre 2011

Estimados Señores,

Quisiéramos agradecerles por reunirse con el Padre Sterlin Londoño Palacios de la Diócesis de Quibdó y el FISCH (Foro Interétnico Solidaridad Chocó) y Gimena Sánchez-Garzoli de la Oficina Sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) el día 18 de octubre de este año. Apreciamos el esfuerzo que hicieron para brindarnos una reunión con un grupo amplio y representativo de diferentes oficinas del departamento de estado y por su atenta atención a las preocupaciones y sugerencias presentadas por el Padre, las cuales les relacionamos:

Fumigaciones Aéreas
Desde el mes de Septiembre 2011 se viene fumigando con glifosato los cultivos de coca y los cultivos de pan coger de las comunidades afrocolombianas e indígenas en el Chocó. Desde hace varios años las comunidades han venido informando de la presencia de dichos cultivos en sus comunidades, sin haber recibido una atención adecuada del Gobierno Colombiano. Los 5 mil miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas que se movilizaron en protesta contra la política de fumigación, han manifestado que no están de acuerdo ni con los cultivos de coca, ni con la aspersión aérea porque acaba con los cultivos tradicionales que son la base para el sustento.

Como lo han señalados los consejos comunitarios afrodescendientes de la región afectada, la fumigación aérea ha sido aplicada de una manera indiscriminada que afecta los cultivos lícitos necesarios para el sustento de las familias que viven en esa región. Cultivos de maíz, arroz, frutales, yuca, plátanos y otros han sido destruidos causando una grave crisis en la seguridad alimenticia de los habitantes. El veneno también fue fumigado en los acueductos de donde beben los locales y las casas de pobladores y un colegio fueron fumigados llevando a una preocupación por las afectaciones de salud que puede brindar el glifosato sobre la salud de humanos en particular los niños y mujeres embarazadas. Existen casos de afectaciones de piel y gastrointestinales de los pobladores que viven en la región.  Mas aya de la afectación humana, social y ambiental, seguimos preocupados que la política de fumigación solo conlleva a la dispersión de la coca y no a su reducción. Con mucho respeto les advertimos que esto no ayuda a atacar la raíz del problema que es el narco-trafico que con lleva a violencia, abuso y muchos problemas para las comunidades de esta región.

Las comunidades en esta región son victimas del narco-trafico. Ellas son forzadas por parte de los grupos ilegales de sembrar coca porque si no lo hacen sufren consecuencias devastadoras. Ellas no quieren sembrar coca y están dispuestas a buscar soluciones alternativas para trabajar con las autoridades para que se cese el narco-trafico en la región y que también se cese la política de fumigación que solo agudiza el problema. Nuestra recomendación es que la oficina de anti-narcóticos del Departamento de Estado establezca un dialogo con estas comunidades y sus entidades territoriales, el FISCH y la Diócesis de Quibdó para buscar mejores formas de erradicar la coca que conllevan no solo a su reducción pero a que se disminuye el narco-tráfico en el Chocó y se disminuyen los abusos cometidos contra los habitantes de esta zona debido a este fenómeno.

Desplazamiento Forzado
Colombia en general y las comunidades afrodescendientes e indígenas en el Pacifico en particular continúan siendo victimas de nuevos desplazamientos internos a raíz del conflicto interno armado, violencia, narco-trafico y la política de fumigaciones. Esto se suma a que más de la mitad de los pobladores del Chocó fueron desplazados desde el año 1996. En el caso del Chocó han habido 10 casos de  nuevos desplazamientos solo en el 2011. Los desplazados de la última década continúan en una situación precaria donde abandonaron sus tierras y sus derechos no han sido reconstituidos y su condición es una de pobreza absoluta. Sus lideres en Quibdó y en otras partes del país siguen bajo amenazas y sin haber visto justicia en las situaciones que con llevaron a su desplazamientos. El Estado ha sido omiso en su protección efectiva de líderes desplazados y el peligro de que haya más asesinatos sigue siendo alto. A estos se les suman los nuevos desplazados quienes experimentan una situación de emergencia en lo humanitario y necesidades básicas.

La Corte Constitucional de Colombia dio un gran paso a favor de los derechos de los desplazados con la orden T-025 de abril del 2004 y luego con el auto 2005 de enero del 2009 sobre las comunidades afrocolombianas desplazadas. Desafortunadamente, pese a lo que el gobierno de Colombia presenta fuera del país en términos de implementación de lo mismo, algunas comunidades del Chocó solo fueron socializadas que incluía el auto el mes pasado. En otras palabras el estado no ha implementado la orden de la Corte en el caso del  Chocó.

La Administración de Santos ha avanzado con una ley de tierras y victimas. Es importante resaltar que dicha ley no resuelve los derechos de los desplazados internos solo se refiere a los derechos de la tierra de algunos de ellos. En general este es un buen paso adelante y todos estamos de acuerdo que al reconocer las víctimas y sus derechos que el gobierno esta avanzando. Pero es importante notar que la ley fue hecha sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades afrocolombianas e indígenas. En las consultas para la implementación del decreto reglamentario de la ley de víctimas después que paso la ley, no se ha respetado  el derecho de las comunidades afrocolombianas de la consulta previa, libre e informada. A raíz de esto la Mesa Afrocolombiana ha presentado una propuesta de decreto ley para la reglamentación de la ley de victimas para los afrocolombianos. Sin embargo la situación sigue muy compleja y no hay voluntad política del gobierno para sostener una consulta de buena fe para el decreto de ley de víctimas. El riesgo que las comunidades afrocolombianas sean re-victimizadas con esta ley es muy alto.

A raíz de lo notado, le recomendamos a la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado que urgen a las autoridades Colombianas que hagan prioridad la aplicación de la Orden 005, implementen mecanismos diferenciados, urgentes y efectivos para la protección de líderes afrocolombianos y que avancen con una consulta previa, libre e informada del decreto de ley con las comunidades afrodescendientes y con todas las acciones que alteren la vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Titulación de COCOMOPOCA
En el año de 1999 el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), solicitó al Estado colombiano el reconocimiento jurídico de su posesión ancestral del territorio del Alto Atrato. Pese a que la propuesta fue la mejor sustentada de todo el Pacífico, según autos respectivos, el Estado Colombiano se demoró 11 años para este reconocimiento, debido a la presión ejercida entre otros, por empresas transnacionales que tienen intereses de explotación de recursos naturales. Tal realidad es perceptible en el hecho de que a COCOMOPOCA le reconocieron 73.000 hectáreas, pero dentro de esa misma área, le concesionaron más de 40.000 hectáreas para explotaciones mineras a gran escala y a cielo abierto. Esta y otras realidades similares, generan mucha inseguridad en los habitantes, y al no ser previamente consultados, afectan la existencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

Estamos convencidos de que su apoyo a estas justas causas de comunidades que además de lo descrito anteriormente,  tienen alto índice de necesidades básicas insatisfechas, es muy importante, por eso les invitamos a que en sus diálogos oficiales con el Gobierno Colombiano, consideren la importancia de abordar sobre los siguientes temas que son prioritarios para las comunidades, líderes y organizaciones afrodescendientes e indígenas:

1.      Monitoreo de parte de Uds. de la consulta previa, libre e informada cuando haya afectaciones ocasionadas por la implementación de planes y proyectos, así como la realización de estudios previos de impactos ambientales, sociales, culturales, étnicos y económicos para adelantar proyectos de explotación de recursos naturales y minerales.
2.      Efectuar la erradicación manual de los cultivos ilícitos para evitar las afectaciones físicas, espirituales, y culturales.
3.      Implementación pertinente, eficaz y eficiente de las ordenes y recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 005 de 2009 y complementarios, para la atención a población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado.
4.      Garantizar que todo apoyo financiero de los EEUU, por USAID y por otras vías, sea decidido para la construcción y materialización de los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrocolombianos. Todos dichos proyectos deberían ser consultados de forma previa, libre e informadas con las autoridades étnicas de los territorios en cuestión y con organizaciones afrodescendientes tradicionales de base. El Departamento de Estado debería sugerirle a USAID que sus contratistas respeten el derecho de las comunidades de la consulta previa, libre e informada y que en todas las etapas de la intervención haya un diálogo directo con las organizaciones étnicas territoriales.
5.      Frente a las altas cifras de asesinatos, desapariciones forzadas y señalamientos, realizar las adecuaciones necesarias para poder brindar a los líderes y liderezas y comunidades étnicas, esquemas de protección integral.
Nuevamente apreciamos la oportunidad de dialogar con Uds. sobre estos temas importantes que afectan las vidas diarias de miles de afrodescendientes en la región del Chocó. Es nuestra esperanza que el Embajador Michael McKinley visite Quibdó y que se reúna con la Diócesis de Quibdó y el FISCH en sitio para fortalecer estas alianzas y poder trabajar conjuntos sobre soluciones de una manera mas fuerte.

Sinceramente,

Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli
CC:
Zakiya Carr-Johnson, Unidad de Raza, Etnia e Inclusion Social
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, DRL
Olivia Franken, WH
Paula Uribe, Consultora
Amanda Porter, Embajada EEUU en Bogotá

English Translation:

November 3, 2011

Brian A. Nichols
Principal Deputy Assistant Secretary of State
International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Simon Henshaw
Director of Andean Affairs
Bureau of Western Hemisphere Affairs
U.S. State Department
2201 C St, NW
Washington, DC 20520
Dear Sirs,

We wish to thank you for meeting with Father Sterlin Londoño Palacios of the Dioceses of Quibdo and FISCH (Interethnic Solidarity Forum for Choco), Gimena Sanchez-Garzoli and Anthony Dest of the Washington Office on Latin America (WOLA) on October 18th. We appreciate the effort you made to grant us a meeting with representatives from various offices within the State Department concerned with Colombia and for your close attention to the concerns and suggestions that were presented by the Father. Below you will find a summary of the concerns expressed at this meeting:

Aerial Fumigations
Since September 2011, authorities have fumigated with glifosphate both coca crops and the food crops of Afro-Colombian and indigenous communities residing in Choco. For many years, these same communities have informed the Colombian government that coca cultivation was taking place in their territories and the authorities did not respond adequately to this concern. The five thousand Afro-Colombians and indigenous persons who recently protested the policy of fumigation have fully expressed that they are not in favor of coca growing and of the aerial fumigation policy. The later due to the fact that this lead to the crops that they grow to sustain themselves are destroyed by fumigation efforts.

As the Afro-Colombian community councils affected by the fumigation policy have pointed out in various public statements, aerial fumigation is applied in an indiscriminate manner that leads to the basic crops grown by the communities in order to sustain themselves are affected. Cultivations of corn, rice, fruits, yucca, plantain and other food items were destroyed by the fumigations and have led to a grave food security crisis for the inhabitants in the region. The poison from the fumigation effort has also landed in aqueducts from which the locals drink, the houses of residents and a school was fumigated. The later has led to great concern for the effects glifosphate will have on the health of these persons in particular their children and pregnant women. Already there exist reports of effects on residents' skin and gastrointestinal tracts. In addition to concerns health, social and environmental effects, we remain concerned that the fumigation policy is only resulting in dispersing coca growing and not its actual reduction. With all due respect, we inform you that this policy is not attacking the roots of the narco-trafficking problem. Narco-trafficking is highly problematic leads to violence, abuses and a series of other problems for the residents of this region.
The communities residing in this region are victims of narco-trafficking. They are forced by illegal armed groups to grow coca because if they refuse they suffer devastating consequences. They do not want to grow coca and are willing to seek alternative solutions that enable them to work with the authorities on how to attack narco-trafficking in the region. They would like the fumigations to cease because they only see this as aggravating the problem and not resolving it. Our recommendation is that the office of anti-narcotics affairs (INL) of the State Department establish a direct dialogue with the affected communities, their territorial leaders, FISCH and the Dioceses of Quibdo that seeks to find better ways to eradicate coca growing and leads to diminishing narco-trafficking in Choco. The hope for this dialogue would be for it to also lead to a reduction in the abuses committed against the inhabitants of this region by those involved in narco-trafficking.

Internal Displacement
Colombia, in general, and the afrodescendant and indigenous communities in the Pacific in particular, continue to be victimized by new internal displacements linked to the internal armed conflict, violence, narco-trafficking and the fumigation policy. New displacements are added to the fact that at least fifty-percent of Choco's has suffered internal displacement sin 1996. In Choco in 2011 alone, ten cases of new displacements have taken place.  The persons displaced during the last decade continue to live in precarious conditions having abandoned their lands and without their rights having been reconstituted. Most live in conditions of absolute poverty. Their leaders who are in Quibdo and throughout the country continue to face death threats and are still waiting for justice for the situations that led to their displacements. The State has omitted providing the leaders of the displaced effective protection measures and due to this many of them face a high risk of being assassinated. In addition to this longer standing problem, newly displaced persons are facing a humanitarian emergency where their basic needs are not being met. 

Colombia's Constitutional Court took the important step towards remedying the rights of the displaced in April 2004 with sentence T-025 and later with subsequent order 005 of January 2009 on Afro-Colombian displaced communities. Unfortunately, despite what the Colombian government presents outside of the country in terms of implementation of this order, some of the communities in Choco only learned about the contents of the order issued two years ago by the Court last month. In other words, the State has not implemented order 005 in the case of Choco. 
The Santos Administration has taken steps with the victims and land law. However, it is important to underscore that this law does not resolve the overall rights of internally displaced persons; it only refers to the territorial rights of some of the displaced. In general, we believe that the new law is a good step and everyone agrees that by recognizing victims and that they have rights the government is moving forward.  Nevertheless, the law was passed without an informed, free and previous consultation with Afro-Colombian and indigenous communities. The consultations for implementation of the regulatory decree for the victims law that was introduced after passage of the law, Afro-Colombians' right to a free, informed and previous consultation was not respected. As a result of this, the Afro-Colombian Working Table has put forth a proposal for the regulation of the decree law for Afro-Colombian victims. Despite this, the situation remains complex and there does not appear to exist the political will on the part of the government to hold a consultation in good faith with the Afro-Colombian victims. As such, the risk of Afro-Colombians being re-victimized by this law is very high.  
With regards to the above, we recommend that the State Department's Human Rights, Democracy and Labor Bureau urge the Colombian authorities to prioritize the implementation of Order 005, as well as, urgent, effective and differentiated mechanisms of protection for Afro-Colombian leaders. Further, that Colombia advance with a free, previous and informed consultation with Afro-Colombian communities on the decree law and that the previous consultation process is respected in all future legislation that affect Afro-Colombian and indigenous communities.

COCOMOPOCA Land Titling Process
In 1999, the Major Community Council of the Popular Campesino Organization of the High Atrato (COCOMOPOCA) requested that the Colombian State legally recognize its ancestral territory of High Atrato. Despite the fact that this was one of the claims best supported with evidence in all of the Pacific Coast, including with various subsequent judicial orders, it took the Colombian State eleven years to recognize this legal claim. Part of its reason for doing so had to do with transnational companies' interest in exploiting natural resources located in these territories. This reality is seen in that COCOMOPOCA received titles to 73,000 hectares. Yet in 40,000 of those same hectares concessions were granted for mining exploration to outsiders. These mining permits foresee large-scale open sky efforts. This and other realities in these territories are producing great insecurity for its residents. The territorial authorities were not previously consulted or consulted at all about these projects that will affect these communities in a physical, cultural and spiritual manner.

We are convinced that your support for these social justice causes that are important for these communities whose basic needs are largely unmet. For this reason, we recommend that in your official dialogues with the Colombian government that you consider integrating the following items that are a priority for these Afro-Colombian and indigenous communities, their leaders and organizations.

1.      Guaranteeing by monitoring on the part of your offices that the Colombian government implements free, informed and transparent prior consultation processes in the implementation of plans and projects (including prior environmental, social, cultural, ethnic and economic assessments) concerning natural and mining resources. 
2.      Effective manual eradication of illicit crops to avoid physical, spiritual and cultural effects of the local population.
3. Full implementation in an effective and efficient manner of the orders and recommendations emitted by Colombia's Constitutional Court in order 2005 of   2009 and complementary orders, for the attention of afrocolombians in the situation of internal displacement.
4.Guaranteeing that all financial support from the US, via USAID and other means, is designated to the construction and implementation of the ethnic-  development plans of Afro-Colombian communities. All projects financed by the US should be consulted in a free, informed and previous manner with ethnic authorities of the areas where these projects will be implemented, as well as traditional Afro-Colombian grassroots organizations. The US State Department should recommend that USAID guarantee that its contractors respect the right to previous, free and informed consultation in all stages of a project's development with the territorial ethnic organizations concerned.
  1. In terms of the high number of killings, murders, forced disappearances and threats, State should take action to guarantee that the necessary and adequate steps are taken to provide male and female leaders of ethnic communities' integral protection mechanisms.
Again, we appreciate the opportunity to dialogue with you on these important issues that affect the daily lives of thousands of afrodescendants in the region of Choco. It is our hope that Ambassador Michael McKinley will visit Quibdo and meet with the Dioceses of Quibdo and FISCH in order to strengthen alliances that enable us to work jointly in finding better solutions to these problems. 

Sincerely,

Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli

CC:
Zakiya Carr-Johnson, Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, Colombia Desk Officer, DRL
Olivia Franken, Colombia Desk Officer, WH
Paula Uribe, Consultant
Amanda Porter, Human Rights Officer, U.S. Embassy

Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
 Cell: (202) 489-1702
Website: www.wola.org
Skype: WOLAColombia
Twitter: wola_org



martes, 1 de noviembre de 2011

** Comunicado de Prensa USOffice

De: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Fecha: 1 de noviembre de 2011 14:09



Comunicado de Prensa
Noviembre 1, 2011

Contactos: Dana Brown, 202-232-8090, dana@usofficeoncolombia
                 Lisa Haugaard, 301-537-3387 (cell), lisah@lawg.org

Nuevo Reporte Evidencia la Grave Situación de los Líderes Defensores de Tierras y Territorios

En el día de  hoy la US Office on Colombia (USOC) publicó un reporte sobre la crítica situación en la se encuentran los líderes defensores de tierras y territorios en Colombia. Contra todos los Obstáculos: La Lucha Mortal de los Líderes Defensores de Tierras y Territorios en Colombia, documenta los casos de los 20 líderes que han sido asesinados desde que se inauguró la administración del Presidente Santos en agosto del 2010.

La nueva Ley de Víctimas busca restituirles la tierra a algunas de las más de 5 millones de personas desplazadas en el país, producto del conflicto armado interno. Sin embargo, tal como lo señala el reporte, para que la implementación de la ley sea exitosa el gobierno de Colombia deberá diseñar un programa de protección que les garantice  la seguridad a aquellas personas que buscan retornar a sus tierras. "El gobierno de Colombia deberá actuar de manera decidida en el desmantelamiento de los paramilitares y los grupos sucesores responsables de una gran parte de la violencia, y de este manera garantizar la seguridad de las personas que buscan retornar a sus tierras", afirmó Dana Brown, Directora Ejecutiva de USOC.

El reporte fue publicado en conjunto con una carta dirigida a la Secretaría de Estado Hillary Clinton, enviada por una coalición de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. En la carta las organizaciones le piden a la Secretaría Clinton que tanto los esfuerzos diplomáticos como de cooperación vayan destinados a promover la protección para la población rural colombiana y a apoyar retornos seguros, sostenibles y voluntarios. "El gobierno de los Estados Unidos debe vincular el apoyo que se le vaya a brindar desde los Estados Unidos a esta iniciativa, al desarrollo e implementación por parte del gobierno colombiano de un plan de protección factible, comprehensivo y efectivo para que proteja a los líderes y las comunidades", afirmó Lisa Hauggard Directora Ejecutiva del Latin America Working Group Education Fund, coautora de la carta. "El plan debe ser desarrollado sobre la base de una amplia participación con las comunidades afectadas. Sin dicho plan la población retornante solo encontrará a su regreso la muerte o un nuevo desplazamiento."

La carta hace referencia de igual manera a la importancia de la consulta previa, libre e informada con las comunidades afro-colombianas e indígenas, tal como lo establece la legislación colombiana. "Si en Colombia no hay una consulta previa sobre el decreto de implementación de la ley para las comunidades afro-colombianas que sea de carácter libre, previa e informada, puede resultar en la revictimización de estas comunidades" afirmó Gimena Sánchez de Washington Office on Latin America (WOLA)

Tanto el reporte como la carta afirman que la Fiscalía General de la Nación colombiana deberá dar prioridad a la investigación y sanción efectiva de casos sobre ataques y amenazas en contra de líderes defensores de tierra y territorios. Para que la Ley de Victimas tenga alguna posibilidad de lograr sus objetivos y así contribuir a la creación de una paz duradera, se necesita la puesta en marcha de un plan de protección que garantice el retorno en condiciones de seguridad de las comunidades desplazadas a sus tierras.
 

Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
 Cell: (202) 489-1702
Website: www.wola.org
Skype: WOLAColombia
Twitter: wola_org


martes, 18 de octubre de 2011

** Comunicado público de la RNDP por el asesinato de Luis Eduardo Garcia

From: <asistente@laalianza.org.co>
Date: 2011/10/18



Bogotá, 18 de octubre de 2011


La Red Nacional en Democracia y Paz y las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro dolor y solidaridad por el asesinato de nuestro compañero LUIS EDUARDO GARCIA, que fue encontrado ayer sin vida, luego que el domingo se dirigía de Popayán al Tambo, cuando cayó en un retén que montaron asaltantes en un sitio conocido como Caña Agria.

El compañero Luis Eduardo García fue miembro de la Red Nacional en Democracia y Paz y dirigente de la Corporación Casa de la Juventud y se caracterizó por su entrega y compromiso con la gente más necesitada y por la búsqueda de un país en paz y con plena vigencia de los derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes en calidad de miembros de la Red en Democracia y Paz, rechazamos de manera categórica los hechos descritos que cegaron la vida de nuestro compañero Luis Eduardo.  Consideramos este acto cobarde como inadmisible y exigimos ante el Gobierno Colombiano y las autoridades competentes que adelanten las investigaciones correspondientes
para el esclarecimiento de estos hechos que terminaron con la vida de Luis Eduardo.

Para muchos de nosotros es difícil hacer presencia física en la ceremonia litúrgica, pero unidos los acompañamos de todo corazón a su familia y a los/las compañeros/as de la Corporación Casa de la Juventud y desde cada uno de nuestros lugares elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso.

En honor a su nombre seguiremos luchando por un país más justo y solidario.

El señor les envíe todas sus bendiciones.

Suscriben

•       Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo PODION – Bogotá D.C.
•       Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali
•       Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura
•       Taller Abierto – Cali
•       Fundación Demospaz – Pasto
•       Asociación Cultural Casa del Niño – Villarrica
•       Fundación Comando de los Sueños – Sevilla
•       Comité Cultural Zapamanga (COCUZA) – Floridablanca
•       Pastoral Social de la Diócesis de Granada
•       Pastoral Social de la Arquidiócesis de Barranquilla
•       Corporación Thimos – Bogotá D.C.
•       Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco
•       Corporación Colombia Joven – Villarrica
•       Centro de Capacitación Don Bosco – Cali
•       Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez
•       Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares de Colombia "El Común" – San Gil
•       Pastoral Social de la Diócesis de Málaga-Soatá
•       Pastoral Social de la Diócesis de Ocaña
•       Fundación San Isidro – Duitama
•       Fundación Infancia Feliz – Barranquilla
•       Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Santa Marta
•       Asociación para la Promoción del Desarrollo Integral del Caribe (APRODIC) – Cartagena
•       Corporación Tiempos de Vida – Magangué
•       Corporación Desarrollo Solidario (CDS) – Cartagena
•       Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Neiva
•       Plataforma Sur de Organizaciones Sociales – Neiva
•       Diócesis de Montería – Proyecto de Desarrollo Comunitario CODEPAS
•       Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (FUNDEMUJER)
•       Secretariado Diocesano de Pastoral Social Inírida
•       Pastoral Social de la Diócesis de Puerto Carreño
•       Asociación Red Municipal de Promotores Juveniles de Derechos Humanos – Cali
•       Corporación Vive – Buenaventura
•       Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV) – Cali
•       Corporación Asesorías para el Desarrollo ASDES – Cali
•       Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano – GARIFUNA - Buenaventura
•       Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Vélez
•       Secretariado Regional de Pastoral Social – Caritas Suroriente – Villavicencio
•       Pastoral Social de la Diócesis de Puerto Gaitán
•       Pastoral Social de la Arquidiócesis de Villavicencio
•       Movimiento de Mujeres Populares e Inmigrantes – Cali
•       Pastoral Social de la Diócesis de Pasto
•       Pastoral Social de la Diócesis de San José de Guaviare
•       Asociación Juvenil Bet-lehem – Ocaña
•       Diócesis de Sincelejo – Diakonia de la Paz
•       Pastoral Social de la Diócesis de Montelíbano
•       Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP) – Cartagena
•       Vicaría del Sur – Diócesis de Florencia
•       Cooperativa Central de Caficultores del Huila (COOCENTRAL) – Garzón
•       Asociación Cultural y Ambientalista del Sur (ACAS) – Neiva
•       Pastoral Social de Mitú
•       Corporación Red de Promotores de DDHH y DIH – Neiva
•       Pastoral Social Diocesana de Armenia
•       Fundación Concern Universal Colombia – Ibagué
•       Asociación por la Paz, la Vida y la Justicia – Mariquita
•       Pastoral Social de la Diócesis de Florencia




jueves, 13 de octubre de 2011

Impunidad / Impunity - En línea

¡Por fin!




Impunity de Juan Lozano y Hollman Morris


Colombia, en la década del 2.000 vivió la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos. Se inició el proceso judicial histórico con algunos comandantes desmovilizados. Impunidad es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Se utilizó el nombre de "justicia y paz" para dejar casi nada de ambas. Desde esferas muy poderosas se mantiene una política afanosa en proyectos de ley y lentísima y enredada para procesos de protección, garantías y resarcimiento para las víctimas. ¡Que por fin el equilibrio favorezca a las víctimas y todos los afectados! Entonces por fin podremos hablar de justicia y de paz...


miércoles, 15 de junio de 2011

** Texto completo de la ley 1448 (Ley de víctimas)

De: Ana Jimena Bautista <anajimenabr@gmail.com>
Fecha: 13 de junio de 2011 12:35


Estimados y estimadas
Al considerarlo de su interés, envío en archivo adjunto el texto de la ley 1448 de 2011:
"POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"


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Ana Jimena Bautista Revelo
Integrante UTL Iván Cepeda Castro


VER PDF DEL TEXTO COMPLETO EN:

Ya está disponible en la Secretaría del Senado como texto copiable con notas de vigencia:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1448_2011.html


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Dear fellows

Considering it of your interest, I send the attached text of law 1448 of 2011:
"FOR WHICH ARE ENACTED MESURES OF ATTENTION, ASSISTANCE AND INTEGRAL REPAIR TO INTERNAL ARMED CONFLICT VICTIMS AND ARE ENACTED ANOTHER PROVISIONS"


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Ana Jimena Bautista Revelo
Iván Cepeda Castro UTL Integrator

SEE WHOLE PDF TEXT IN SPANISH IN:
https://groups.google.com/group/plan-integral-largo-plazo/attach/d879621cf551e7b1/ley1448+VICTIMAS.pdf?part=4&authuser=0  (2.6 Mb)

Now available in the Senate Secretariat as copyable text with in effect notes:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1448_2011.html



miércoles, 25 de mayo de 2011

** ¿OTRO BOJAYA? Acción Urgente

De: LEIDYS EMILSEN MENA VALDERRAMA <leidysafra@gmail.com>
Fecha: 24 de mayo de 2011 10:05


Adjunto enviamos comunicado sobre la situacion del Medio Atrato, donde las FARC retienen a más de 200 personas en el medio Atrato, entre los que se encuentran niños y ancianos.
Agradecemos su solidaridad y difusión.


Comisión de Género de Cocomacia

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No quiero caminar sobre el dolor descalza...


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ACCION URGENTE

ALREDEDOR DE DOSCIENTOS CIVILES SE ENCUENTRAN RETENIDOS POR LA GUERRILLA

EN MEDIO DE ENFRENTAMIENTOS CON LA FUERZA PUBLICA EN EL MEDIO ATRATO - CHOCÓ


La Diócesis de Quibdó, la COCOMACIA y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, alertan al Estado Colombiano y a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos la grave situación que atraviesan hoy las comunidades del Medio Atrato Chocó, que ha dado como resultado, tres civiles muertos, un civil herido, dos infantes de la Marina heridos y un auxiliar de la policía muerto.

Un hecho que agrava esta situación humanitaria es la retención de unos doscientos civiles en el Río Neguá por parte de la guerrilla, y más de tres mil personas que integran estas comunidades que se encuentra confinadas e incomunicadas, quienes tememos por su vida ante cualquier reacción de la fuerza pública en esta zona.

Llamamos al Presidente de la República, jefe máximo de las fuerzas militares, a que las acciones militares a emprenderse, se hagan en el marco del respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los protocolos creados para el desarrollo de las acciones militares en territorios étnicos, impidiendo que se ponga en peligro la vida de las doscientas personas en Neguá, que en estos momentos estarían siendo utilizados como escudos humanos por parte de la guerrilla de las Farc.

Así mismo alertamos a los organismos humanitarios a hacerle seguimiento a esta grave situación y a emprender las acciones necesarias para a atender estas comunidades que se encuentran atemorizadas, confinadas, en alto riesgo de desplazamiento forzado y de ser victimizados en medio de los enfrentamientos armados.


lunes, 2 de mayo de 2011

*** Comunicado dos de mayo 2011

De: EQUIPO MISIONERO VIDA, JUSTICIA Y PAZ <vidajypq@telecom.com.co>
Fecha: 2 de mayo de 2011 20:21


Comunicado a la Opinión Pública
A raíz del Noveno Aniversario de la Masacre de Bojayá
Y la Grave Situación de Victimizados y Desplazados por la Violencia en el Chocó

El dos de mayo, día que dedicamos a la memoria de todos los victimizados por la violencia política en el Chocó, es una fecha en que hacemos balances y reflexiones sobre la situación de los derechos de centenares de familias que perdieron seres queridos por causa de una guerra impuesta por diversos actores públicos y privados interesados en despojarnos de nuestros territorios, para enriquecerse cada vez más a costa de nuestro sufrimiento y dolor.

El Estado colombiano nos sigue victimizando cada día cuando nos niega la justicia, oculta la verdad, aplaza y condiciona la reparación, y no sienta las bases para garantizar la no repetición; cuando le entrega de múltiples maneras nuestros territorios a empresas privadas, priorizando a las multinacionales, a sabiendas que éstas nos empobrecen aún más y causan grandes afectaciones y destrucciones ambientales y sociales; cuando no restablece los derechos de los desplazados que en nuestro departamento constituyen más de la mitad de la población; cuando mantiene y ofrece privilegios a los victimarios bajo un manto generalizado de impunidad, no cumple con las ordenes de la Corte Constitucional en materia de proteger y salvaguardar a los pueblos indígenas que vienen siendo sistemáticamente exterminados, ni a las comunidades negras que seguimos siendo las más vulneradas y violentadas en nuestros derechos colectivos, dejando con todo ello intactas las causas y consecuencias del conflicto social y armado en nuestra región y en todo el territorio nacional.

Con la actual agenda legislativa y las acciones gubernamentales se van a legalizar muchas injusticias cometidas contra los más empobrecidos del país, empezando con la llamada ley de victimas y restitución de tierras que próximamente va a ser aprobada con el discurso de reparar a las víctimas, cuando en esencia no se va a reparar, ni se garantizará la verdad, ni aplicará justicia a tantos autores intelectuales y materiales de tanta violencia política, ni se adoptarán medidas para transformar el conflicto y garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad.

Como si fuera poco, en esta ley no fuimos tenidas en cuenta las etnias, con el pretexto de la Consulta Previa nos aplazan la supuesta reparación y devolución efectiva de nuestros territorios, quedando a merced de futuras disposiciones del gobierno nacional y sus políticas económicas, quienes no tienen ninguna intención de garantizar auténticos procesos de Consulta Previa, ni de proteger y garantizarnos los derechos colectivos; por el contrario amplía y fortalece las garantías para la intromisión y enriquecimiento de las multinacionales a costa del saqueo y la destrucción de nuestros territorios ancestrales.

Así nos encontramos, acorralados por las instituciones públicas, que en vez de garantizar el disfrute y goce de nuestros derechos como etnias, nos ignora y nos condena a la desprotección y desesperanza, especialmente frente a las actuales circunstancias de una agenda legislativa que le da plenas garantías al incremento del capital privado de los poderosos, disfrazando tal política de despojo en reparaciones que no van a ser justas, en restituciones de tierras que más bien les legaliza las propiedades a los victimarios y sus empresas, en el fortalecimiento de la impunidad, en la exclusión de centenares de miles de desarraigados que no vamos a tener la posibilidad de retornar ni retomar la vida que traíamos antes del conflicto armado en nuestra empobrecida y desatendida región.

Llamamos a la comunidad a no dejarse engañar por estas políticas que valiéndose del desespero y el hambre, viene implementando programas que nos hacen mendigos y conformistas, nos divide y debilita la capacidad organizativa de victimizados y desplazados por la violencia.

Nos mantenemos clamando justicia y exigiéndole al Estado que no se aparte de la ley, que deje de evadir y cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales, que presente rendición de cuentas a procesos como la reubicación de Bellavista, que pare esta guerra declarada contra nuestras vidas y nuestros territorios, que emprenda verdaderas políticas donde se hagan realidad el disfrute de nuestros derechos humanos, étnicos y territoriales en el marco de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la paz con justicia social.


Firman:
Movimiento de Víctimas del Chocó
ADOM
ADACHO
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Ruta Pacífica de Mujeres
FISCH
Cocomacia
Cocomopoca
Asorewa
Fundación Mujer y Vida
OBAPO

Respaldan: Diócesis de Quibdó, Mundubat, CNOA, PCN, Federación Luterana Mundial y Corporación Jurídica Etnias.



miércoles, 27 de abril de 2011

*** FORO REGIONAL LEY DE VICTIMAS Y DE RESTITUCION DE TIERRAS el jueves 5 de mayo! -propuestas de las mujeres!


De: Jeannette Rojas Silva <jrojasilva@gmail.com>
Fecha: 27 de abril de 2011 12:05


además se adjuntan dos importantes doc´s:


1. DECLARATORIA CONJUNTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SOBRE ASPECTOS FUNDAMENTALES CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PARA SER TENIDOS EN CUENTA EN EL TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY Nº 107/10 CÁMARA – 213/10 SENADO "POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN,  REPARACIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

2. PROPUESTAS CONJUNTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE MUJERES Y APOYADAS POR PARTE DE LA BANCADA DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL P.L 107/10 CÁMARA – 213/10 SENADO "POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN,  REPARACIÓN INTEGRAL Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
De: Vianney Herrera <mariposamarilla12@gmail.com>
Asunto: FORO REGIONAL LEY DE VICTIMAS Y DE RESTITUCION DE TIERRAS 
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE- Capitulo Valle del Cauca, y las organizaciones acompañantes de este proceso en la región, estamos convocando al Foro Regional sobre Ley de Víctimas y Restitución de tierras a realizarse el jueves 5 de mayo de 2011, en el horario de 8:00 am. – 5:00 p.m. en el Centro Cultural de Cali (Carera 5 # 6-05).

Antecedentes y justificación:

El gobierno de Colombia ha venido impulsando en el congreso de la república el proyecto de ley denominado "ley de víctimas y restitución de tierras", por la cual se dictan medidas de atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y se establecen otras disposiciones, cuyo objeto se centra en establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas, que permita hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifiquen a través de la recuperación del ejercicio de sus derechos constitucionales, promoviendo igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de discriminación, dentro del marco de la justicia transicional.
Sin embargo, el proceso de formulación del proyecto y el trámite legislativo surtido hasta el momento ha excluido e inhibido toda posibilidad efectiva de participación de las comunidades victimizadas y de sus procesos organizativos, dado al no sometimiento de este proyecto de ley al proceso de consulta previa y el consentimiento libre e informado, con lo cual se desconoce y se vulnera este derecho fundamental reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la ley 21 de 2001 y la jurisprudencia colombiana como un mecanismo esencial para proteger y salvaguardar la integridad cultural de los pueblos.

La exclusión de la mirada de las víctimas y de sus procesos organizativos en el proceso de elaboración y trámite legislativo del proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras se evidencia, entre otros aspectos, en la exclusión del enfoque étnico diferencial para comunidades étnicas, desconociendo las particularidades de las victimizaciones de las que estas han sido objeto y de la forma como han afectado su estructura social, cultural, económica y política, así como, las medidas de atención, reparación, compensación y restitución de derechos desde sus particularidades culturales. De igual modo, se desconocen realidades y derechos relacionados con las víctimas de crímenes de estado, de comunidades campesinas y, en general, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Adicionalmente, el proyecto de ley presenta aspectos problemáticos en temas relacionados con reconocimiento pleno de las acciones que generan victimización colectiva, con las formas en que se expresan las afectaciones colectivas y la definición clara de las víctimas colectivas, en cuento a los términos en que tendrá lugar la reparación y restitución individual, colectiva, material y simbólica, en aspectos relacionados con las dimensiones estructurales que deben tenerse en cuenta para garantizar condiciones de no repetición, en lo relativo a los efectos reparadores  de servicios como salud y educación frente a la responsabilidad del estado de adoptar medidas especiales que se correspondan con la magnitud de las afectaciones y con la integralidad de las medidas de atención, reparación, compensación y restitución, en relación con su rol constitucional como garante de derechos,  en lo relacionado con las garantías efectivas de acceso a subsidios de vivienda, educación y créditos bancarios para la agricultura y microempresas, así como en lo relacionado con la financiación de la ley, que se supedita a la sostenibilidad fiscal del país y a la caridad social, entre muchos otros aspectos álgidos en esta discusión.

Por lo anterior, surge la necesidad de avanzar en la realización de un diálogo político inter-organizacional que posibilite la construcción de lecturas, posicionamientos y propuestas colectivas entre las organizaciones de víctimas, étnicas, de mujeres y campesinas en torno a la ley de víctimas y restitución de tierras, en función de generar condiciones de interlocución colectiva y articulada de la sociedad civil  con la institucionalidad pública estatal y gubernamental con niveles de responsabilidad en temas relacionados con víctimas y restitución de tierras.

En este sentido, el foro regional sobre "víctimas y restitución de tierras" se constituye en un escenario de diálogo político inter-organizativo, de construcción colectiva y de interlocución con el gobierno nacional en perspectiva de construir posibles acuerdos, a partir de las demandas y exigencias de las organizaciones. Por lo cual, en foro estará dividido en dos momentos; un primer momento de diálogo y establecimiento de consensos inter-organizacionales, y un segundo momento de interlocución con el gobierno nacional.

Primer momento: espacio inter-organizacional.

Objetivo: construcción de posicionamientos y propuestas organizativas comunes en torno a al proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras.

Temas:
·         Exposición sobre el proyecto de ley de víctimas y restitución de tierras.
·         Exposición de posturas y propuestas por parte de las organizaciones y sectores sociales frente al proyecto de ley.
·         Conclusiones y acuerdos.

Actores:
·         Organizaciones de victimas
·         Organizaciones indígenas
·         Organizaciones negras/afrocolombianas
·         Organizaciones campesinas
·         Organizaciones de mujeres


Momento dos: interlocución con el gobierno nacional.

Objetivo: presentar las propuestas de las organizaciones y establecer posibles acuerdos con el gobierno nacional en torno a la ley de víctimas y restitución de tierras.

Temas:
·         Presentación de propuestas organizativas.
·         Respuesta de gobierno.
·         Conclusiones y posibles acuerdos.

Actores:
·         Organizaciones de victimas
·         Organizaciones indígenas
·         Organizaciones afrocolombianas
·         Organizaciones campesinas
·         Organizaciones de mujeres
·         Ministerio del Interior y de Justicia
·         Ministerio de agricultura y Desarrollo
·         Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República
·         Ministerio Público.
·         CNRR

Convocan:
MOVICE Capitulo Valle
Proceso de Comunidades Negras (PCN)
FCSPP
IAPES
NOMADESC
SINTRAUNICOL
ACIN
Colectivo Memoria Viva




ADJUNTOS:

INVITACION.doc
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declaratoria ddh mujeres ley tierras.doc
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propuesta-conjunta-mujeres-ley-tierras.doc
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