El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano

 

 
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jueves, 3 de noviembre de 2011

*** Carta/Letter Dept de Estado/US State Dept- Dioceses of Quibdo, FISCH and WOLA re: Choco

From: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Date: 2011/11/3



ENGLISH TEXT FOLLOWS SPANISH
                                                                
D i ó c e s i s  d e  Q u i b d ó
Vicaría de Pastoral Afro

3 de noviembre 2011

Estimados Señores,

Quisiéramos agradecerles por reunirse con el Padre Sterlin Londoño Palacios de la Diócesis de Quibdó y el FISCH (Foro Interétnico Solidaridad Chocó) y Gimena Sánchez-Garzoli de la Oficina Sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) el día 18 de octubre de este año. Apreciamos el esfuerzo que hicieron para brindarnos una reunión con un grupo amplio y representativo de diferentes oficinas del departamento de estado y por su atenta atención a las preocupaciones y sugerencias presentadas por el Padre, las cuales les relacionamos:

Fumigaciones Aéreas
Desde el mes de Septiembre 2011 se viene fumigando con glifosato los cultivos de coca y los cultivos de pan coger de las comunidades afrocolombianas e indígenas en el Chocó. Desde hace varios años las comunidades han venido informando de la presencia de dichos cultivos en sus comunidades, sin haber recibido una atención adecuada del Gobierno Colombiano. Los 5 mil miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas que se movilizaron en protesta contra la política de fumigación, han manifestado que no están de acuerdo ni con los cultivos de coca, ni con la aspersión aérea porque acaba con los cultivos tradicionales que son la base para el sustento.

Como lo han señalados los consejos comunitarios afrodescendientes de la región afectada, la fumigación aérea ha sido aplicada de una manera indiscriminada que afecta los cultivos lícitos necesarios para el sustento de las familias que viven en esa región. Cultivos de maíz, arroz, frutales, yuca, plátanos y otros han sido destruidos causando una grave crisis en la seguridad alimenticia de los habitantes. El veneno también fue fumigado en los acueductos de donde beben los locales y las casas de pobladores y un colegio fueron fumigados llevando a una preocupación por las afectaciones de salud que puede brindar el glifosato sobre la salud de humanos en particular los niños y mujeres embarazadas. Existen casos de afectaciones de piel y gastrointestinales de los pobladores que viven en la región.  Mas aya de la afectación humana, social y ambiental, seguimos preocupados que la política de fumigación solo conlleva a la dispersión de la coca y no a su reducción. Con mucho respeto les advertimos que esto no ayuda a atacar la raíz del problema que es el narco-trafico que con lleva a violencia, abuso y muchos problemas para las comunidades de esta región.

Las comunidades en esta región son victimas del narco-trafico. Ellas son forzadas por parte de los grupos ilegales de sembrar coca porque si no lo hacen sufren consecuencias devastadoras. Ellas no quieren sembrar coca y están dispuestas a buscar soluciones alternativas para trabajar con las autoridades para que se cese el narco-trafico en la región y que también se cese la política de fumigación que solo agudiza el problema. Nuestra recomendación es que la oficina de anti-narcóticos del Departamento de Estado establezca un dialogo con estas comunidades y sus entidades territoriales, el FISCH y la Diócesis de Quibdó para buscar mejores formas de erradicar la coca que conllevan no solo a su reducción pero a que se disminuye el narco-tráfico en el Chocó y se disminuyen los abusos cometidos contra los habitantes de esta zona debido a este fenómeno.

Desplazamiento Forzado
Colombia en general y las comunidades afrodescendientes e indígenas en el Pacifico en particular continúan siendo victimas de nuevos desplazamientos internos a raíz del conflicto interno armado, violencia, narco-trafico y la política de fumigaciones. Esto se suma a que más de la mitad de los pobladores del Chocó fueron desplazados desde el año 1996. En el caso del Chocó han habido 10 casos de  nuevos desplazamientos solo en el 2011. Los desplazados de la última década continúan en una situación precaria donde abandonaron sus tierras y sus derechos no han sido reconstituidos y su condición es una de pobreza absoluta. Sus lideres en Quibdó y en otras partes del país siguen bajo amenazas y sin haber visto justicia en las situaciones que con llevaron a su desplazamientos. El Estado ha sido omiso en su protección efectiva de líderes desplazados y el peligro de que haya más asesinatos sigue siendo alto. A estos se les suman los nuevos desplazados quienes experimentan una situación de emergencia en lo humanitario y necesidades básicas.

La Corte Constitucional de Colombia dio un gran paso a favor de los derechos de los desplazados con la orden T-025 de abril del 2004 y luego con el auto 2005 de enero del 2009 sobre las comunidades afrocolombianas desplazadas. Desafortunadamente, pese a lo que el gobierno de Colombia presenta fuera del país en términos de implementación de lo mismo, algunas comunidades del Chocó solo fueron socializadas que incluía el auto el mes pasado. En otras palabras el estado no ha implementado la orden de la Corte en el caso del  Chocó.

La Administración de Santos ha avanzado con una ley de tierras y victimas. Es importante resaltar que dicha ley no resuelve los derechos de los desplazados internos solo se refiere a los derechos de la tierra de algunos de ellos. En general este es un buen paso adelante y todos estamos de acuerdo que al reconocer las víctimas y sus derechos que el gobierno esta avanzando. Pero es importante notar que la ley fue hecha sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades afrocolombianas e indígenas. En las consultas para la implementación del decreto reglamentario de la ley de víctimas después que paso la ley, no se ha respetado  el derecho de las comunidades afrocolombianas de la consulta previa, libre e informada. A raíz de esto la Mesa Afrocolombiana ha presentado una propuesta de decreto ley para la reglamentación de la ley de victimas para los afrocolombianos. Sin embargo la situación sigue muy compleja y no hay voluntad política del gobierno para sostener una consulta de buena fe para el decreto de ley de víctimas. El riesgo que las comunidades afrocolombianas sean re-victimizadas con esta ley es muy alto.

A raíz de lo notado, le recomendamos a la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado que urgen a las autoridades Colombianas que hagan prioridad la aplicación de la Orden 005, implementen mecanismos diferenciados, urgentes y efectivos para la protección de líderes afrocolombianos y que avancen con una consulta previa, libre e informada del decreto de ley con las comunidades afrodescendientes y con todas las acciones que alteren la vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Titulación de COCOMOPOCA
En el año de 1999 el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), solicitó al Estado colombiano el reconocimiento jurídico de su posesión ancestral del territorio del Alto Atrato. Pese a que la propuesta fue la mejor sustentada de todo el Pacífico, según autos respectivos, el Estado Colombiano se demoró 11 años para este reconocimiento, debido a la presión ejercida entre otros, por empresas transnacionales que tienen intereses de explotación de recursos naturales. Tal realidad es perceptible en el hecho de que a COCOMOPOCA le reconocieron 73.000 hectáreas, pero dentro de esa misma área, le concesionaron más de 40.000 hectáreas para explotaciones mineras a gran escala y a cielo abierto. Esta y otras realidades similares, generan mucha inseguridad en los habitantes, y al no ser previamente consultados, afectan la existencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

Estamos convencidos de que su apoyo a estas justas causas de comunidades que además de lo descrito anteriormente,  tienen alto índice de necesidades básicas insatisfechas, es muy importante, por eso les invitamos a que en sus diálogos oficiales con el Gobierno Colombiano, consideren la importancia de abordar sobre los siguientes temas que son prioritarios para las comunidades, líderes y organizaciones afrodescendientes e indígenas:

1.      Monitoreo de parte de Uds. de la consulta previa, libre e informada cuando haya afectaciones ocasionadas por la implementación de planes y proyectos, así como la realización de estudios previos de impactos ambientales, sociales, culturales, étnicos y económicos para adelantar proyectos de explotación de recursos naturales y minerales.
2.      Efectuar la erradicación manual de los cultivos ilícitos para evitar las afectaciones físicas, espirituales, y culturales.
3.      Implementación pertinente, eficaz y eficiente de las ordenes y recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 005 de 2009 y complementarios, para la atención a población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado.
4.      Garantizar que todo apoyo financiero de los EEUU, por USAID y por otras vías, sea decidido para la construcción y materialización de los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrocolombianos. Todos dichos proyectos deberían ser consultados de forma previa, libre e informadas con las autoridades étnicas de los territorios en cuestión y con organizaciones afrodescendientes tradicionales de base. El Departamento de Estado debería sugerirle a USAID que sus contratistas respeten el derecho de las comunidades de la consulta previa, libre e informada y que en todas las etapas de la intervención haya un diálogo directo con las organizaciones étnicas territoriales.
5.      Frente a las altas cifras de asesinatos, desapariciones forzadas y señalamientos, realizar las adecuaciones necesarias para poder brindar a los líderes y liderezas y comunidades étnicas, esquemas de protección integral.
Nuevamente apreciamos la oportunidad de dialogar con Uds. sobre estos temas importantes que afectan las vidas diarias de miles de afrodescendientes en la región del Chocó. Es nuestra esperanza que el Embajador Michael McKinley visite Quibdó y que se reúna con la Diócesis de Quibdó y el FISCH en sitio para fortalecer estas alianzas y poder trabajar conjuntos sobre soluciones de una manera mas fuerte.

Sinceramente,

Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli
CC:
Zakiya Carr-Johnson, Unidad de Raza, Etnia e Inclusion Social
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, DRL
Olivia Franken, WH
Paula Uribe, Consultora
Amanda Porter, Embajada EEUU en Bogotá

English Translation:

November 3, 2011

Brian A. Nichols
Principal Deputy Assistant Secretary of State
International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Simon Henshaw
Director of Andean Affairs
Bureau of Western Hemisphere Affairs
U.S. State Department
2201 C St, NW
Washington, DC 20520
Dear Sirs,

We wish to thank you for meeting with Father Sterlin Londoño Palacios of the Dioceses of Quibdo and FISCH (Interethnic Solidarity Forum for Choco), Gimena Sanchez-Garzoli and Anthony Dest of the Washington Office on Latin America (WOLA) on October 18th. We appreciate the effort you made to grant us a meeting with representatives from various offices within the State Department concerned with Colombia and for your close attention to the concerns and suggestions that were presented by the Father. Below you will find a summary of the concerns expressed at this meeting:

Aerial Fumigations
Since September 2011, authorities have fumigated with glifosphate both coca crops and the food crops of Afro-Colombian and indigenous communities residing in Choco. For many years, these same communities have informed the Colombian government that coca cultivation was taking place in their territories and the authorities did not respond adequately to this concern. The five thousand Afro-Colombians and indigenous persons who recently protested the policy of fumigation have fully expressed that they are not in favor of coca growing and of the aerial fumigation policy. The later due to the fact that this lead to the crops that they grow to sustain themselves are destroyed by fumigation efforts.

As the Afro-Colombian community councils affected by the fumigation policy have pointed out in various public statements, aerial fumigation is applied in an indiscriminate manner that leads to the basic crops grown by the communities in order to sustain themselves are affected. Cultivations of corn, rice, fruits, yucca, plantain and other food items were destroyed by the fumigations and have led to a grave food security crisis for the inhabitants in the region. The poison from the fumigation effort has also landed in aqueducts from which the locals drink, the houses of residents and a school was fumigated. The later has led to great concern for the effects glifosphate will have on the health of these persons in particular their children and pregnant women. Already there exist reports of effects on residents' skin and gastrointestinal tracts. In addition to concerns health, social and environmental effects, we remain concerned that the fumigation policy is only resulting in dispersing coca growing and not its actual reduction. With all due respect, we inform you that this policy is not attacking the roots of the narco-trafficking problem. Narco-trafficking is highly problematic leads to violence, abuses and a series of other problems for the residents of this region.
The communities residing in this region are victims of narco-trafficking. They are forced by illegal armed groups to grow coca because if they refuse they suffer devastating consequences. They do not want to grow coca and are willing to seek alternative solutions that enable them to work with the authorities on how to attack narco-trafficking in the region. They would like the fumigations to cease because they only see this as aggravating the problem and not resolving it. Our recommendation is that the office of anti-narcotics affairs (INL) of the State Department establish a direct dialogue with the affected communities, their territorial leaders, FISCH and the Dioceses of Quibdo that seeks to find better ways to eradicate coca growing and leads to diminishing narco-trafficking in Choco. The hope for this dialogue would be for it to also lead to a reduction in the abuses committed against the inhabitants of this region by those involved in narco-trafficking.

Internal Displacement
Colombia, in general, and the afrodescendant and indigenous communities in the Pacific in particular, continue to be victimized by new internal displacements linked to the internal armed conflict, violence, narco-trafficking and the fumigation policy. New displacements are added to the fact that at least fifty-percent of Choco's has suffered internal displacement sin 1996. In Choco in 2011 alone, ten cases of new displacements have taken place.  The persons displaced during the last decade continue to live in precarious conditions having abandoned their lands and without their rights having been reconstituted. Most live in conditions of absolute poverty. Their leaders who are in Quibdo and throughout the country continue to face death threats and are still waiting for justice for the situations that led to their displacements. The State has omitted providing the leaders of the displaced effective protection measures and due to this many of them face a high risk of being assassinated. In addition to this longer standing problem, newly displaced persons are facing a humanitarian emergency where their basic needs are not being met. 

Colombia's Constitutional Court took the important step towards remedying the rights of the displaced in April 2004 with sentence T-025 and later with subsequent order 005 of January 2009 on Afro-Colombian displaced communities. Unfortunately, despite what the Colombian government presents outside of the country in terms of implementation of this order, some of the communities in Choco only learned about the contents of the order issued two years ago by the Court last month. In other words, the State has not implemented order 005 in the case of Choco. 
The Santos Administration has taken steps with the victims and land law. However, it is important to underscore that this law does not resolve the overall rights of internally displaced persons; it only refers to the territorial rights of some of the displaced. In general, we believe that the new law is a good step and everyone agrees that by recognizing victims and that they have rights the government is moving forward.  Nevertheless, the law was passed without an informed, free and previous consultation with Afro-Colombian and indigenous communities. The consultations for implementation of the regulatory decree for the victims law that was introduced after passage of the law, Afro-Colombians' right to a free, informed and previous consultation was not respected. As a result of this, the Afro-Colombian Working Table has put forth a proposal for the regulation of the decree law for Afro-Colombian victims. Despite this, the situation remains complex and there does not appear to exist the political will on the part of the government to hold a consultation in good faith with the Afro-Colombian victims. As such, the risk of Afro-Colombians being re-victimized by this law is very high.  
With regards to the above, we recommend that the State Department's Human Rights, Democracy and Labor Bureau urge the Colombian authorities to prioritize the implementation of Order 005, as well as, urgent, effective and differentiated mechanisms of protection for Afro-Colombian leaders. Further, that Colombia advance with a free, previous and informed consultation with Afro-Colombian communities on the decree law and that the previous consultation process is respected in all future legislation that affect Afro-Colombian and indigenous communities.

COCOMOPOCA Land Titling Process
In 1999, the Major Community Council of the Popular Campesino Organization of the High Atrato (COCOMOPOCA) requested that the Colombian State legally recognize its ancestral territory of High Atrato. Despite the fact that this was one of the claims best supported with evidence in all of the Pacific Coast, including with various subsequent judicial orders, it took the Colombian State eleven years to recognize this legal claim. Part of its reason for doing so had to do with transnational companies' interest in exploiting natural resources located in these territories. This reality is seen in that COCOMOPOCA received titles to 73,000 hectares. Yet in 40,000 of those same hectares concessions were granted for mining exploration to outsiders. These mining permits foresee large-scale open sky efforts. This and other realities in these territories are producing great insecurity for its residents. The territorial authorities were not previously consulted or consulted at all about these projects that will affect these communities in a physical, cultural and spiritual manner.

We are convinced that your support for these social justice causes that are important for these communities whose basic needs are largely unmet. For this reason, we recommend that in your official dialogues with the Colombian government that you consider integrating the following items that are a priority for these Afro-Colombian and indigenous communities, their leaders and organizations.

1.      Guaranteeing by monitoring on the part of your offices that the Colombian government implements free, informed and transparent prior consultation processes in the implementation of plans and projects (including prior environmental, social, cultural, ethnic and economic assessments) concerning natural and mining resources. 
2.      Effective manual eradication of illicit crops to avoid physical, spiritual and cultural effects of the local population.
3. Full implementation in an effective and efficient manner of the orders and recommendations emitted by Colombia's Constitutional Court in order 2005 of   2009 and complementary orders, for the attention of afrocolombians in the situation of internal displacement.
4.Guaranteeing that all financial support from the US, via USAID and other means, is designated to the construction and implementation of the ethnic-  development plans of Afro-Colombian communities. All projects financed by the US should be consulted in a free, informed and previous manner with ethnic authorities of the areas where these projects will be implemented, as well as traditional Afro-Colombian grassroots organizations. The US State Department should recommend that USAID guarantee that its contractors respect the right to previous, free and informed consultation in all stages of a project's development with the territorial ethnic organizations concerned.
  1. In terms of the high number of killings, murders, forced disappearances and threats, State should take action to guarantee that the necessary and adequate steps are taken to provide male and female leaders of ethnic communities' integral protection mechanisms.
Again, we appreciate the opportunity to dialogue with you on these important issues that affect the daily lives of thousands of afrodescendants in the region of Choco. It is our hope that Ambassador Michael McKinley will visit Quibdo and meet with the Dioceses of Quibdo and FISCH in order to strengthen alliances that enable us to work jointly in finding better solutions to these problems. 

Sincerely,

Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli

CC:
Zakiya Carr-Johnson, Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, Colombia Desk Officer, DRL
Olivia Franken, Colombia Desk Officer, WH
Paula Uribe, Consultant
Amanda Porter, Human Rights Officer, U.S. Embassy

Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
 Cell: (202) 489-1702
Website: www.wola.org
Skype: WOLAColombia
Twitter: wola_org



martes, 1 de noviembre de 2011

** Comunicado de Prensa USOffice

De: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Fecha: 1 de noviembre de 2011 14:09



Comunicado de Prensa
Noviembre 1, 2011

Contactos: Dana Brown, 202-232-8090, dana@usofficeoncolombia
                 Lisa Haugaard, 301-537-3387 (cell), lisah@lawg.org

Nuevo Reporte Evidencia la Grave Situación de los Líderes Defensores de Tierras y Territorios

En el día de  hoy la US Office on Colombia (USOC) publicó un reporte sobre la crítica situación en la se encuentran los líderes defensores de tierras y territorios en Colombia. Contra todos los Obstáculos: La Lucha Mortal de los Líderes Defensores de Tierras y Territorios en Colombia, documenta los casos de los 20 líderes que han sido asesinados desde que se inauguró la administración del Presidente Santos en agosto del 2010.

La nueva Ley de Víctimas busca restituirles la tierra a algunas de las más de 5 millones de personas desplazadas en el país, producto del conflicto armado interno. Sin embargo, tal como lo señala el reporte, para que la implementación de la ley sea exitosa el gobierno de Colombia deberá diseñar un programa de protección que les garantice  la seguridad a aquellas personas que buscan retornar a sus tierras. "El gobierno de Colombia deberá actuar de manera decidida en el desmantelamiento de los paramilitares y los grupos sucesores responsables de una gran parte de la violencia, y de este manera garantizar la seguridad de las personas que buscan retornar a sus tierras", afirmó Dana Brown, Directora Ejecutiva de USOC.

El reporte fue publicado en conjunto con una carta dirigida a la Secretaría de Estado Hillary Clinton, enviada por una coalición de organizaciones de derechos humanos en los Estados Unidos. En la carta las organizaciones le piden a la Secretaría Clinton que tanto los esfuerzos diplomáticos como de cooperación vayan destinados a promover la protección para la población rural colombiana y a apoyar retornos seguros, sostenibles y voluntarios. "El gobierno de los Estados Unidos debe vincular el apoyo que se le vaya a brindar desde los Estados Unidos a esta iniciativa, al desarrollo e implementación por parte del gobierno colombiano de un plan de protección factible, comprehensivo y efectivo para que proteja a los líderes y las comunidades", afirmó Lisa Hauggard Directora Ejecutiva del Latin America Working Group Education Fund, coautora de la carta. "El plan debe ser desarrollado sobre la base de una amplia participación con las comunidades afectadas. Sin dicho plan la población retornante solo encontrará a su regreso la muerte o un nuevo desplazamiento."

La carta hace referencia de igual manera a la importancia de la consulta previa, libre e informada con las comunidades afro-colombianas e indígenas, tal como lo establece la legislación colombiana. "Si en Colombia no hay una consulta previa sobre el decreto de implementación de la ley para las comunidades afro-colombianas que sea de carácter libre, previa e informada, puede resultar en la revictimización de estas comunidades" afirmó Gimena Sánchez de Washington Office on Latin America (WOLA)

Tanto el reporte como la carta afirman que la Fiscalía General de la Nación colombiana deberá dar prioridad a la investigación y sanción efectiva de casos sobre ataques y amenazas en contra de líderes defensores de tierra y territorios. Para que la Ley de Victimas tenga alguna posibilidad de lograr sus objetivos y así contribuir a la creación de una paz duradera, se necesita la puesta en marcha de un plan de protección que garantice el retorno en condiciones de seguridad de las comunidades desplazadas a sus tierras.
 

Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
 Cell: (202) 489-1702
Website: www.wola.org
Skype: WOLAColombia
Twitter: wola_org


jueves, 21 de julio de 2011

** Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

De: Anthony Dest <dest.anthony@gmail.com>
Fecha: 20 de julio de 2011 14:33



Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

 


La violencia y hostigamiento continúan socavando el marco legal que defiende los derechos de los afrocolombianos. Aunque las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra, las comunidades afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzado. Los consejos comunitarios afrocolombianos se crearon para administrar los territorios colectivos y jugar un importante papel en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, e informado. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen expulsando violentamente a las comunidades afrocolombianas de sus territorios colectivos, haciéndolo con la cooperación y aval de proyectos económicos de gran escala. ACSN ha denunciado en varias ocasiones estas expresiones de violencia en contra de las comunidades y líderes afrocolombianos. Pese al conocimiento doméstico e internacional de la destrucción sistemática de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las amenazas y la violencia no han disminuido:

 

El 15 de julio, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su celular a las 12:48 a.m. el siguiente mensaje de texto: "ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre".

Mientras tanto, uno de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes empezando el 7 de julio. El anónimo dijo: "tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo".


Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 líderes afrocolombianos e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. Incluso en La Toma, Cauca, paramilitares y compañías multinacionales siguen amenazando los derechos de la comunidad y la autonomía del consejo comunitario a pesar de la atención internacional que ha recibido la situación. El 15 de julio, Aníbal Vega, el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma, recibió una llamada telefónica advirtiendo que "…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben".

 

retrosDichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de la Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A/10 de la Corte Constitucional que declara ilegal toda actividad minera hecha sin primero haber cumplido con el derecho del consejo comunitario a consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los afrodescendientes de La Toma han practicado la minería artesanal desde 1636. No obstante, los inversionistas han solicitado y buscado licencias mineras en las tierras colectivas por los últimos 11 años. Paramilitares y mineros ilegales siguen amenazando con su presencia en La Toma a través de actividades mineras ilícitas, amenazas y asesinatos. Desde hace varias semanas hay ocho retroexcavadoras en tres sitios diferentes del territorio del Consejo Comunitario de La Toma haciendo minería ilegal (ver foto). La presencia de 4 de estas retroexcavadoras era de conocimiento de funcionarios del gobierno y de autoridades locales, regionales y nacionales desde el 15 de junio. El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Colombia proteger desde comienzos del 2009. Estas expresas han sido desobedecidas.

 

La violencia y los atentados en contra del las comunidades afrocolombianos e indígenas no se ha limitado a Cauca o los integrantes del PCN. Hay un ambiente de intimidación y violencia generalizada en contra de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Para señalar sólo una instancia, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) en Santiago de Cali el 13 de julio. Los hombres atacaron al representante legal de la organización y a otro miembro del equipo de COPDICONC, señalándolos como "guerrilleros" mientras los abusaban físicamente y demandaban saber a qué grupo guerrillero pertenecían. Los hombres robaron computadoras, grabadoras, memorias USB y materiales que contienen información sensible acerca de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Ese mismo día, 3 hombres armados ingresaron a la casa de la presidenta de COPDICONC. Estos tipos de ataques dificultan el trabajo de la sociedad civil para defender los derechos constitucionales de los afrocolombianos.

El movimiento en defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas ha tenido que afrontar diversos obstáculos locales, nacionales e internacionales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos hechos por grupos armados ilegales no han parado de agredir a organizaciones y líderes afrocolombianos. Cuando los líderes y organizaciones son silenciados, las comunidades que ellos representan se quedan sin protección. La presión inmensa de vender o abandonar sus tierras colectivas  hace más difícil que estas comunidades defiendan sus derechos territoriales. Las medidas de protección que han sido adoptadas para estos líderes y comunidades son mínimas. Hay casi total impunidad de los delitos que se cometen contra los afrocolombianos.


Las violaciones constantes a los derechos culturales, territoriales y humanos de comunidades afrocolombianos se agravará con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una mayor inversión efectuada en el contexto de un conflicto armado interno devastará estas comunidades ya que no hay garantías para la protección de los derechos etnoterritoriales de los afrocolombianos. El congreso de EE.UU. debe apoyar la carta del congresista Hank Johnson a Obama, la cual exhorta al presidente a que se oponga al TLC y que "los Estados Unidos y Colombia tomen medidas inmediatas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas y prevenir que sucedan nuevos desplazamientos de estas comunidades".


ACSN recomienda que el Departamento de Estado y el congreso de los EE. UU. le urjan al gobierno colombiano que:


  • (a) implemente el Auto 005 y Sentencia 1045-A de la Corte Constitucional (b) cree medidas de protección diferenciales y colectivas con son consultadas con los consejos comunitarios y organizaciones (c) se comunique con la alcaldía de Suárez, Cauca y demande sacar las retroexcavadoras que hay en el territorio y la adopción de medidas para prevenir la llegada de nuevas y (d) reconozca la ruta de protección del territorio tradicional.
  •  El Ministerio del Ambiente respete los derechos ambientales de las comunidades.
  •  El Ministerio de Defensa decomise las ocho retroexcavadoras en el territorio colectivo de La Toma.
  • La Alcaldía de Suárez (a) defienda la autoridad del Consejo Comunitario de La Toma ante los intereses privados e inversionistas y (b) demande que la Fuerza Publica decomise las ocho retroexcavadoras.
  • La Procuraduría General de la Nación (a) investigue y sancione a todos los funcionarios que otorgaron títulos o concesiones violando los derechos de las comunidades y (b) abra una investigación a la alcaldía y secretario de gobierno de Suárez y demás funcionarios gubernamentales por permitir la minería ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.
  • La Fiscalía General de la Nación abra una investigación penal a los dueños de la maquinaria y a todas las demás personas que han permitido o consentido la entrada, presencia y actividad ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.

 

CONTACTO:


Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603;
charominarojas@gmail.com 

  

* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.


***


New Abuses of Afro-Colombians' Legal Rights under Santos Administration

                                                                                                         

Violence and intimidation tactics continue to undermine the legal framework that defends the rights of Afro-Colombians. Despite possessing collective land rights to more than 5.2 million hectares of land, Afro-Colombians are disproportionately affected by forced displacement. Democratically elected Afro-Colombian Community Councils were created with the purpose of governing the collective territories and playing an important role in defending the right to previous, free, and informed consultation and consent. However, paramilitary groups that collude with large-scale economic projects violently expel Afro-Colombian communities from their collective lands. ACSN has repeatedly denounced various expressions of violence against Afro-Colombian communities and leaders. Despite domestic and international awareness of the systematic destruction of Afro-Colombian communities' rights, the threats and violence continue:


On July 15, José Santos Caicedo of the Black Communities' Process (PCN) received a text message at 12:48 a.m. that said: "You already know that everything has a price, but you will pay the price with blood." Mr. Santos is member of PCN's National Coordination Team.

Meanwhile, one of PCN's local activists in northern Cauca, Armando Caracas Carabalí, received a series of threatening phone calls beginning on July 7. The anonymous caller said: "You have 24 hours to leave the municipality of Buenos Aires or we will fill you with bullets."


These threats arrive in a context where at least 29 Afro-Colombian and indigenous leaders have been murdered in 2011 alone. Even in La Toma, Cauca, paramilitaries and multi-national corporations continue to threaten the rights of the community and the autonomy of the Community Council despite increased international attention. On July 15, Aníbal Vega, the legal representative of La Toma's Community Council, received a threatening phone call that said: "You people from the Community Council are the ones opposed to the machines working in the Ovejas River. The bumps in the road must be removed so that they don't disturb progress."

 

retrosThe recent intimidation against the Community Council of La Toma comes after Constitutional Court Sentence 1045-A, which declares that all mining and mining licenses granted in the collective lands are illegal if they do not abide by the Community Council's rights to previous, free, and informed consultation and consent. Afrodescendents in La Toma have practiced artisanal mining since 1636. However, investors have sought mining licenses on the Community Council's lands for at least eleven years. Paramilitary groups and illegal miners continue to impose their presence in La Toma via illegal mining, threats, and murders. For many weeks eight excavators (see photo) in three different parts of the Community Council of La Toma have been mining illegally. Government officials and local, regional and national authorities have been aware of the excavators since June 15. The Community Council of La Toma is one of the emblematic cases mentioned in Constitutional Court Order 005 of 2009. The orders to protect La Toma have not been implemented and disobeyed.


Recent violence and attacks on Afro-Colombian and indigenous communities are not limited to Cauca or the members of PCN. There is a generalized sense of intimidation and violence against Afro-Colombian and indigenous communities and their rights. For example, two armed men broke into the offices of the Council for the Integral Development of Black Communities of the Western Mountain Chain of Nariño (COPDICONC) in Santiago de Cali on July 13. The men assaulted the legal representative and another member of COPDICONC. They called the members "guerrillas" as they physically abused them and demanded to know what guerrilla group they belonged to. The men stole computers, recording equipment, cellular phones, hard drives, and other material with sensitive information regarding human rights violations against Afro-Colombian communities. That same day, the home of the president of COPDICONC was broken into by three men. These kinds of attacks make it extremely difficult for civil society to defend the constitutional rights of Afro-Colombians.


The movement to defend the rights of Afro-Colombian communities has met serious obstacles at the local, national, and international level since its inception. Threats, attacks, and murders by illegal armed actors continue to target Afro-Colombian leaders and organizations. When leaders and organizations are silenced, the communities that they represent are left defenseless. These communities find it increasingly difficult to defend their collective land rights in the face of increased pressure to abandon or sell it. The protective measures from the government that have been adopted for these leaders and communities are minimal. There is almost complete impunity for the crimes that are committed against Afro-Colombian leaders.


The continued abuse of the cultural, territorial, and human rights of Afrodescendent communities will be aggravated by the approval of the pending Free Trade Agreement. Increased investment in the context of an internal armed conflict will devastate these communities because there is no guarantee for the protection of Afro-Colombians' ethnoterritorial rights. The U.S. congress should support Rep. Hank Johnson's letter to Obama opposing the FTA and demonstrating the need for the "United States and the Colombian government to take immediate steps to strengthen Afro-Colombian territorial rights and prevent further displacement of Afro-Colombians."


ACSN recommends that the U.S. State Department and Members of the U.S. congress urge the Colombian government to:


  • (a) fully implement Constitutional Court Order 005 and Sentence 1045-A (b) create differential and collective protective measures that are consulted with the community councils and organizations (c) contact the mayor's office of Suarez, Cauca and demand that they remove the excavators in the territory and adopt measures to prevent the arrival of new ones, and (d) recognize the protection route of the traditional territories (la ruta de proteccion del territorio tradicional).
  • Ministry of the Environment to respect the environmental rights of the communities.
  • Ministry of Defense to confiscate the eight illegal excavators in the collective territory of La Toma.
  • Mayor's Office of Suarez to (a) defend the authority of the Community Council of La Toma before private interests and investors, and (b) demand that the Colombian Armed Forces remove all eight of the excavators.
  • Prosecutor General's Office to (a) investigate and sanction the officials that have granted titles and concessions that violate the rights of the communities, and (b) open an investigation into Suarez's mayor's office and secretary of the government, in addition to other government officials, for permitting illegal mining in the territory of the Community Council of La Toma.
  • Inspector General's Office to open a criminal investigation against the owners of the machinery and all other people that have permitted the entrance, presence, and illegal activity of the excavators in the territory.

 

CONTACT:

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com


*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) serves as an international observer.


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viernes, 18 de marzo de 2011

Violaciones recientes de los derechos humanos de Afro-colombianos

De: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Fecha: 17 de marzo de 2011 17:34


Violaciones recientes de los Derechos Humanos de afro-colombianos

Un dossier de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN)
17 mar 2011

La Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN por su sigla en ingles) desea llamar la atención a los deplorables incidentes ocurridos recientemente en relación a los derechos humanos de la comunidad Afro-colombiana:

Desaparición forzada de una líder Afro-colombiana
El 2 de marzo de 2011, Ana Julia Rentería, Presidenta del Consejo Comunitario del Río Cajambre, y su esposo, Miguel Santos Rentería, fueron obligados a asistir a una reunión fuera de su casa por hombres desconocidos. No hay información sobre la ubicación de Ana Julia y Miguel desde su desaparición. La Sra. Rentería es una líder importante de la comunidad afro-colombiana y madre de nueve hijos.

Soldados colombianos queman las casas de 119 familias Afro-colombianas
El 28 de febrero de 2011, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reportó que los soldados del Batallón 80 incendiaron y destruyeron las casas de 119 afro-colombianos en la región del Bajo Calima. La justificación dada por los militares de quemar estas casas, que han pertenecido a estas comunidades durante los últimos setenta años, es que ahora son propiedad del proyecto de desarrollo económico del "Puerto Industrial de Agua Dulce SA". Esta comunidad ha sufrido cuatro incidentes parecidos desde 2005, resultando en la destrucción de 47 viviendas y el desplazamiento de los residentes.

Las FARC ponen en peligro a civiles Afro-colombianos
El 27 de febrero de 2011, una canoa llena de explosivos supuestamente colocados por las FARC explotó en la comunidad de Santa Ana del Consejo Comunitario de Los Manglares en el municipio de López de Micay, Cauca. La explosión causó la muerte de tres personas, entre ellos un civil indígena, e hirió a tres soldados. Esta situación ha causado que muchos miembros de la comunidad se encuentren confinados en sus casas por miedo de ser heridos. Además, el 7 de marzo de 2011, miembros de la milicia urbana de las FARC lanzaron una granada al lado de la estación de policía en López de Micay. Aunque nadie resultó herido, esta acción creó pánico y desplazó a residentes civiles locales.

Asesinatos de mujeres Afro-colombianas en Buenaventura
Según la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (FUNDEMUJER), 65 mujeres fueron asesinadas en el Puerto de Buenaventura en los últimos tres años. Quince de estas mujeres fueron asesinadas en los últimos quince meses. Estos ataques incluyen la violación y asesinato de una joven de 15 años de edad, en el barrio Matia Mulumba, cuya mano fue cortada antes de su muerte y Monica Lissete Duque de 17 años que también fue violada y degollada. La mayoría de las mujeres asesinadas tenían entre de 18 y 20 años. Sin embargo, estos casos también implican niñas de 10 a 12 años. El número total de casos no es claro ya que las personas tienen miedo de denunciar por temor de represalias. Aunque los motivos de estos asesinatos no son claros, parece que el clima general de violencia en Buenaventura, debido al conflicto armado interno y el narcotráfico, es un factor que conduce a la mutilación, la violación y la violencia contra mujeres. La impunidad es el estándar en casi todos estos casos, dejando la posibilidad de que los perpetradores actúen contra nuevas víctimas.

120 familias en riesgo de desplazamiento en el Medio Atrato
La comunidad de La Villa en el río Bebará (región del Medio Atrato, Chocó) se encuentra en alto riesgo de desplazamiento debido a las operaciones de combate entre las fuerzas armadas colombianas y el Frente 34 de las FARC. El 20 de febrero de 2011, las operaciones de combate dejaron un soldado muerto y otro herido, así como 120 familias de afro-descendientes e indígenas desplazadas. Después de que la comunidad decidió regresar y pacíficamente resistir el desplazamiento permanente de sus territorios ancestrales, la comunidad aún está en alto riesgo de daño y desplazamiento. Algunos de sus miembros se encuentran "confinados" (no pueden salir) en la zona debido a la continuación de las operaciones de combate y están enfrentando una emergencia humanitaria.

Miembro del PCN que denunció la corrupción atacada
El 9 de febrero de 2011, organizaciones no gubernamentales, activistas, académicas y otros grupos de la sociedad civil estadounidense le escribieron al ministro colombiano del Interior y de Justicia German Vargas Lleras sobre las denuncias de corrupción en la Comisión Consultiva de Alto Nivel durante el proceso de consulta previa con las comunidades afro-colombianas sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de la administración Santos. Las actividades denunciadas son preocupantes dado que las autoridades colombianas tienen la obligación de consultar previamente con las comunidades afro-colombianas afectadas para todas las políticas, programas y proyectos de desarrollo económico (incluida la aplicación de la Orden 005 de la Corte Constitucional sobre los desplazados internos afro-colombianos) relacionadas a las comunidades afro-colombianas.
El 3 de marzo de 2011, los miembros de ACSN fueron informados de que Teresa Cassiani, la persona que denunció las actividades de corrupción fue agredida físicamente por otro miembro de la Comisión Consultiva de Alto Nivel, la Sra. Idalmi Minota. La Sra. Cassiani es miembro del Proceso de las Comunidades Negras (PCN) y forma parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel para el Departamento de Bolívar. El PCN también fue expulsado como organización de la sesión del 28 de enero de la Consultiva por haber denunciado la corrupción. Nos parece muy problemático que la Comisión Consultiva de Alto Nivel no ha investigado este asunto y no ha sancionado a los responsables.

Retroceso en el caso emblemático de Curvaradó y Jiguamiandó
Estamos profundamente preocupados por la afirmación reciente del vicepresidente Angelino Garzón el 24 de febrero de 2011 en Berlín, Alemania, declarando que las sentencias judiciales exigiendo la devolución de las tierras colectivas Afro-colombianas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) a las personas desplazadas no se han implementado porque en su opinión no está claro que estas personas son los propietarios legales de esas tierras. El sistema judicial colombiano ha demostrado que estas tierras fueron ilegalmente y violentamente usurpadas de sus legítimos propietarios a lo largo de más de una década. El comunicado del vicepresidente Garzón es un claro retroceso que hace omisión de las diversas sentencias jurídicas formuladas sobre este caso. También es una fuerte señal de que el gobierno de Santos no tiene la voluntad política de defender los derechos de los desplazados en estos territorios.
El 15 de enero de 2011, el Inspector Municipal de Carmen del Darién ordenó que los ocupantes ilegales de estas tierras evacuaran. Hasta ahora, la policía no ha actuado para aplicar este orden, y la zona está ocupada actualmente por operaciones ilegales relacionadas a la aceite de palma en colaboración con grupos paramilitares. Recientes resoluciones de la Corte Constitucional (18 de mayo de 2010 y 10 de diciembre 2010), indican los pasos que las autoridades colombianas deben tomar para devolver las tierras a sus legítimos propietarios, y el Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado un plan para la aplicación de estas recomendaciones. Mientras que el gobierno de Santos viaja a los EE.UU. y a Europa diciendo que están devolviendo las tierras a los desplazados, les niega ese derecho en uno de los casos más documentados de la usurpación ilegal de tierras por intereses económicos y paramilitares.

Dado el contexto de la violencia continua y sistemática contra las comunidades Afro-colombianas, ACSN recomienda:
Que el Congreso de EE.UU. y el Departamento de Estado den pasos hacia la prevención y la protección de las comunidades Afro-colombianas, la justicia en los casos antes mencionados y la aplicación de la Orden 005 del 2009 de la Corte Constitucional que se refiere al desplazamiento interno en la población Afro-colombiana
Que todos los grupos armados colombianos cesen las actividades que podrían causar daño a civiles y que respeten el Derecho Internacional Humanitario y su principio de distinción entre combatientes y no combatientes.
Que los legisladores de EE.UU. presionen que Colombia proteja a los líderes y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Curvaradó y Jiguamiandó y que se le devuelvan plenamente, sin reservas, sus territorios colectivos. Esta acción sería una señal de que el nuevo gobierno de Santos es genuino en sus planes de devolver las tierras a los desplazados internos.
Que las organizaciones de derechos humanos y activistas tomen acción enviando cartas y haciendo llamadas a las autoridades de Colombia y urgiéndoles que actúen en contra de estas violaciones.
Igualmente invitamos a los activistas a firmar la petición de change.org dirigida al Presidente Barack Obama sobre el TLC entre EE.UU. y Colombia en http://www.change.org/petitions/stop-the-us-colombia-free-trade-agreement

Pedimos distribuir este mensaje abiertamente en twitter y a través de sus páginas de internet.
Para más información póngase en contacto con Gimena Sanchez-Garzoli de WOLA al (202) 797-2171;gsanchez@wola.org o Charo Mina Rojas, Grupo Internacional de Trabajo PCN al (434) 760-0663, charo@io.com
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*Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.