El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano

 

 
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jueves, 19 de enero de 2012

** Carta del Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC) al presidente Santos


17 de enero de 2012

Doctor
Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
E.      S.      D.


Asunto: Los Derechos fundamentales a la Consulta y al Consentimiento Libres, previos e Informados de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales en Colombia

Estimado Señor Presidente:

Las personas abajo firmantes, intelectuales, académicos y profesionales colombianos y de otras nacionalidades, interesadas en que en la vida política social y económica de cualquier país, y en este caso, de Colombia, incorpore de manera real la democracia participativa, la no discriminación ni racial, ni étnica, ni de género, ni de ningún otro tipo en su vida nacional le hacemos seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los derechos fundamentales de los grupos étnicos. También seguimos si el Gobierno incorpora o no en sus definiciones públicas la pluralidad, la igualdad y la diversidad cultural en las políticas de desarrollo y en otros campos. Tomamos nota que entre los derechos fundamentales del derecho internacional y nacional están los derechos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas, así como a comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom.

Estos dos derechos fundamentales, unidos entre sí intrínsicamente, son la manera particular de realizar para los grupos discriminados históricamente, el derecho a la participación y a  determinarse libremente con sus culturas y cosmovisiones propias, en razón de haber sido sometidos antes a servidumbre, discriminación o esclavización por siglos.

Como características mínimas, la consulta debe ser previa, libre e informada y debe atender a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades; y en caso de que no haya acuerdo con el proyecto, plan, ley o medida propuesta, las comunidades étnicas tienen el derecho a no conceder el consentimiento. También debe ser realizada de buena fe, mediante procedimientos adecuados culturalmente y a través de las organizaciones y autoridades propias, las legítimas representantes de ellas, para que las decisiones sean informadas, plenas y adecuadas.

El seguimiento de estos derechos para las comunidades afrodescendientes, en general, y de manera específica en materia legislativa, da cuenta que su gobierno no está cumpliendo con el derecho a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, como lo muestran los procesos mediante los cuales se consultaron las leyes por  la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y restitución de tierras) y, pese a estipular claramente ésta última ley, que debería haber un proceso ad-hoc de consulta previa a las comunidades afrocolombianas, el Decreto-Ley reglamentario del artículo 205 de esta última Ley fue un proceso de consulta lleno de irregularidades de las cuales tenemos noticias a nivel internacional y nacional.

Manifestamos nuestra preocupación por que el Gobierno ha anunciado la necesidad de llevar a consulta varios proyectos de ley sobre temas clave para estas comunidades: la ley de Tierras y de desarrollo agrario, la de conocimiento tradicional y otras, puesto que en los procesos ya realizados se han registrado las siguientes irregularidades que su administración parece que aún no corrige y por lo tanto se replicarán en los próximos procesos:

  1. No se cumple con la obligación de que la consulta sea previa. Tanto el Plan de Desarrollo como la Ley de Víctimas estaban a su cargo señor Presidente y el de sus colaboradores desde sus inicios; sin embargo la consulta se abordó a posteriori.
  2. No se cumple con la obligación de que sea informada1,  pues se trata de que las decisiones que tomen las comunidades, a través de sus autoridades y organizaciones propias, haya tenido una etapa de información que dé lugar a procesos de comprensión y apropiación, para tomar decisiones respecto a ellas, ya que los pueden afectar en su pervivencia e integridad étnica y cultural.
  3. No se cumple con la obligación de que sea libre, en cuanto ha habido innumerables presiones para acelerarlos, dando prioridad a los trámites que requiere la agenda legislativa estatal, a costa de los grupos étnicos; además, diferentes organizaciones de comunidades negras y miembros de Consejos Comunitarios han recibido agresiones y amenazas, estigmatizaciones por denunciar las irregularidades y otros hechos preocupantes, lo cual coarta su libertad y pone en riesgo su integridad física y cultural. Tampoco es libre en cuanto no se respeta  el derecho al consentimiento que es la realización del derecho a determinar libremente su futuro, por sí mismas2. Al no hacerse los procesos de consulta adecuadamente y con los representantes legítimos que son los Consejos Comunitarios podemos hablar de discriminación y exclusiones, que  coartan su capacidad de ejercicio de la libertad de decisión.
  4. No se cumple con la obligación de que sea de buena fé3, pues los procedimientos de consulta y consentimiento están siendo tratados por el alto Gobierno como un trámite más para sus objetivos y metas políticas, debido a decisiones que ya previamente han sido tomadas o concertadas con quienes las avalarán con sus firmas espurias, pues a ellos/as no les importa las consecuencias para la población afrocolombiana, que es al menos el 10% del total de la población colombiana. El Gobierno probablemente está yendo a estos procesos de consulta con decisiones ya tomadas sobre cuáles serán los resultados de éstos procesos.
  5. No cumple con la obligación de hacerse mediante los procedimientos adecuados, como la preconsulta o concertación previa para definir sus términos y ruta, como ha ordenado la Corte Constitucional. Hasta ahora, el proceso ha sido una decisión arbitraria del alto Gobierno respecto de los tiempos y los sitios donde se realizan y se entrega información, sin que las comunidades estén plenamente informadas y puedan decidir con conocimiento y a conciencia.
  6. No se cumple con la obligación de hacerlas con las organizaciones y autoridades propias, legítimas y que representan realmente la diversidad de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales del país. Su Gobierno, basándose en interpretaciones jurídicas dudosas, y discutibles, hizo acuerdos y alianzas con una sola instancia –la Consultiva de Alto Nivel - creada para otros fines diferentes a ser la instancia que realiza las consultas y da los consentimientos, como mantener un espacio de diálogo con el Estado, en virtud de la Ley 70 de 1993, y que, por diferentes razones, ha perdido su legitimidad, convirtiéndose en una instancia al servicio de intereses particulares de algunas personas allí instaladas.  Esta instancia no es representativa para efectos de ningún miembro terminaron su mandato y ha debido haber una nueva elección. Extenderle la vigencia de su período, mediante un decreto aparentemente negociado, a pesar de una Sentencia del Consejo de Estado (Sentencia 530 de 2010) sobre su naturaleza y composición, es no sólo falto de transparencia, sino ilegal y desobediencia a una orden jurídica, ya que todos los procesos de consulta y consentimiento pendientes aún en materia legislativa son de interés vital para las poblaciones afrocolombianas4.

Por las anteriores razones solicitamos muy respetuosamente que:

  1. Como Presidente de Colombia y jefe del equipo de Gobierno nos permita conocer de su propio Despacho cómo llevará el cumplimiento de los derechos a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento libre, previo e informado según la Constitución Nacional Colombiana, el Convenio 169 de la OIT (aprobado en Colombia mediante Ley 21 de 1991) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que protegen a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras también para los casos que se encuentran próximos a iniciarse.
  2. Se respete la representación propia y legítima de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en cabeza de los Consejos Comunitarios para efectos de ser los interlocutores legítimos en los procesos de consulta, y que no sean substituidas las autoridades propias tradicionales y sus organizaciones por una entidad no representativa y cuestionada en su integridad como la Consultiva Nacional.
  3. Para efectos de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural se realice este proceso de acuerdo a los dictámenes internacionales y nacionales de estos dos derechos de participación, libre determinación concretados en la consulta y el consentimiento libres, previos e informados y respetando la representación en cabeza de las autoridades propias cuales son los Consejos Comunitarios y sus organizaciones tradicionales.

El incumplimiento de estos mínimos legales es de extrema gravedad para el país, señor Presidente. A nivel nacional e internacional seguiremos observando que su administración cumpla con todos los derechos de los pueblos que han sido y continúan siendo discriminados y excluidos, no sólo por su pertenencia étnica/racial, sino por procedimientos contrarios a las leyes y a los estándares internacionales. Que su Gobierno no pase a la historia como el que perpetuó las formas modernas de exclusión y discriminación racial, étnica y cultural, derivada del lastre de siglos de esclavización que le negó a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia sus derechos fundamentales a la participación y a determinarse libremente.


Atentamente,


Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC)

Kiran  Asher, Depto. de Estudios Internacionales, Clark University, Worcester, USA
Teo Ballvé, Depto. de Geografía, University of California, Berkeley, USA
Michael Birenbaum Quintero, Depto. de Música, Bowdoin College, Brunswick, USA
Mario Blaser, Depto. de Estudios Aborígenes, Memorial University of Newfoundland, Canada
Marisol de la Cadena, Depto. de Antropología, University of California, Davis, USA
Juana Camacho, Depto. de Antropología, University of Georgia, Athens, USA
José Jorge de Carvalho, Profesor de Antropología de la Universidad de Brasília
Arturo Escobar, Depto. de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra, Oaxaca, México
Charles Hale, Depto. de Antropología, University of Texas, Austin, USA
Juli Hazlewood, Consultora UNESCO, Quito, Ecuador
Soren Hvalkoff, Rainforest Foundation, Oslo, Noruega
Joseph Jordan, Profesor de Estudios Afroamericanos, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
Agustin Laó, Depto. de Sociología, University of Massachusetts, Amherst, USA
Enrique Leff, Professor of Ecología, UNAM, México
Karl Offen, Depto. de Geografía, University of Oklahoma, USA
Ulrich Oslender, Depto. de Estudios Globales & Socioculturales, Florida International University, Miami
Alejandro Parellada, IWGIA, Copenhague, Dinamarca
Tianna Paschel, Depto. de Sociología, University of California, Berkeley, USA
Jean Rahier, Estudios Africanos & Diaspóricos, Florida International University, Miami
Joanne Rappaport, Depto. de Antropología, Georgetown University, Washington, USA
Dianne Rocheleau, Depto. de Geografía, Clark University, Worcester, USA
Cristina Rojas, Depto. de Ciencia Política, Carleton University, Ottawa, Canada
Jhon Anton Sanchez, Investigador y Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quit.
Irene Velez-Torres, Depto.de Geografía, University of Copenhagen, Denmark
Peter Wade, Depto. de Antropología, University of Manchester, UK
Catherine Walsh, Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito
Ann Farsnworth-Alvear, University of Pennsylvania.
Javier Laviña, Profesor Titular de Historia de América, Universitat de Barcelona.
Michael Taussig, Profesor de Antropologia, Columbia University.
Carlos Agudelo.Investigador asociado
URMIS
Unidad de Investigacion Migraciones y Sociedad
IRD Université Paris VII-Université Nice Sophia Antipolis

Michael Birenbaum Quintero. Assistant Professor of MusicBowdoin College 
Bernd Reiter, Ph.D. Associate Professor of Comparative Politics. University of South Florida 
En Colombia del mismo Grupo:
Jaime Arocha, Miembro Comité Científico Internacional, Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio
Oscar Almario, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Juan Ricardo Aparicio, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Patricia Botero Gómez, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales
María Eugenia Chaves, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Gustavo de Roux, Investigador Independiente, Cali
Gladys Jimeno, Experta en Derechos Humanos, Bogotá, Colombia
Gerardo Ardila, Director Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia
Betty Ruth Lozano, Investigadora Independiente, Rep Legal Fundación Akina Zaji Sauda -Conexión de Mujeres Negras-Cali, Colombia
César Monje, Ecólogo e Investigador Independiente, Bogotá, Colombia
Eduardo Restrepo, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Manuel Rodríguez Becerra, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá
Jeannette Rojas Silva, Investigadora Independiente, Cali
Axel Rojas, Departamento de Estudios Interculturales, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
Amanda Romero, Facultad de Derecho, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja
Mario Diego Romero, Depto. de Historia, Universidad del Valle, Cali
Hildebrando Vélez, Ciencias Ambientales,  Universidad del Valle, Cali
Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista de El Espectador, Bogotá, Colombia
Myriam Jimeno. Antropóloga. Universidad Nacional.
Claudia Leal. Profesora Asociada del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.
Catalina Cortes Severino

Otras firmas Internacionales
Viviane Weitzner, Investigadora Social, Canadá


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1"los mecanismos de participación no pueden limitarse a cumplir una simple función informativa" Sentencia C-891 de 2002. En el mismo sentido las sentencias T-382 de 2006, T-880 de 2006, C-461 de 2008, C-175 de 2009, C-615 de 2009 y T-769 de 2009, entre otras.

2 Adicionalmente, el proceso de consulta debe llevarse a cabo "con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas (…)" Sentencia C-030 de 2008. En el mismo sentido la sentencia SU-039 de 1997.

3"la realización de la consulta de buena fe implica que ésta no se debe abordar como un mero procedimiento formal a cumplir, ni como un trámite" Sentencia C-461 de 2008.

4"Los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que declare representar a la(s) comunidad(es) afectada(s). Las consultas deben emprenderse con organizaciones/instituciones genuinamente representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar las consultas, deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con las que tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos" Ibídem. En el mismo sentido, las sentencias T-652 de 1998, C-030 de 2008, C-461 de 2008 y T-769 de 2009, entre otras.


DISPONIBLE EN:
https://docs.google.com/document/d/1xzFmwaXM4esyaapxwV_TdNXi2SDo8aA7NhGhmyKxfXw/edit?pli=1



** 1998. El PCN y la Consulta Previa.

Date: Tue, 17 Jan 2012 23:12:42 +0000
From: pcnkol.bogota@renacientes.net


Este texto es de 1998 cuando el Gobienro Nacional expidio el 1320.
El debate nuestro en este tema no ese ahora...
El comportamiento del gobierno frente al tema tiene constantes...
Equipo PCN
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SEMILLAS No. 12
Dinámicas y hechos nacionales:
El Decreto 1320  Desconoce los derechos de las comunidades negras e indígenas y prepara el camino a los megaproyectos

Proceso de Comunidades Negras (resumen del comunicado)

El 13 de julio de 1998 el gobierno Colombiano expidió el "decreto 1320 con el que reglamenta la Consulta Previa para Comunidades Indígenas y Negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio". La Consulta Previa es un mecanismo de protección de la integridad cultural de las comunidades negras e indígenas. El decreto fue expedido sin que hayan sido consultadas las comunidades, sus organizaciones y autoridades y desconoce derechos que le están reconocidos a las comunidades negras e indígenas en la constitución, la ley colombiana y en instrumentos de derechos internacional, como el Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Mediante este decreto se limitan y socavan las bases de la participación de nuestras comunidades en las decisiones que nos incumben y afectan. Las restricciones en él contempladas, a la participación se convierten en un peligro para nuestras comunidades, cultura y hábitat. Con la expedición y aplicación de este decreto, el gobierno tiene las manos libres para otorgar licencia ambiental a innumerables proyectos que además de lesionar nuestros derechos destruirán muchos ecosistemas y la biodiversidad que ellos albergan y que nuestras comunidades han ayudado a conservar. Igualmente, se busca quebrar la resistencia de nuestras comunidades frente a proyectos y opciones de desarrollo no sostenibles ni cultural ni ambientalmente.

Para conseguir este objetivo y favorecer los intereses de las empresas, el gobierno se aparta del cumplimiento de la constitución y de la ley colombiana. Según la primera es "un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (artículo 2). En igual sentido el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, señala en su artículo 6.a. que los Estados deberán "Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente".

El decreto expedido señala que la Consulta Previa solo se aplicará en las zonas donde las comunidades negras ocupan territorios titulados o susceptibles de ser titulados colectivamente; esta restricción niega a la gran mayoría de las comunidades negras del país, asentadas en la Costa Caribe, los Valles interandinos de los ríos Patía, Cauca y Magdalena, su derecho a utilizar este mecanismo de protección de la identidad cultural.

El decreto 1320 prevé en uno de sus artículos hacer ajustes dentro de los seis meses siguientes a su expedición de los procedimientos en el señalados para la participación de las comunidades a partir de los aportes de estas. Mientras esto ocurra, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán las manos libres para expedir la licencia ambiental que permita el llenado y la operación de la hidroeléctrica URRA I, ubicada entre los departamentos de Antioquía y Córdoba en predios del Parque Natural, Nudo de Paramillo. Este megaproyecto afecta directamente a las comunidades indígenas Zenú y Emberá Katío y a cerca de 10.000 familias de pescadores.

Este decreto desconoce los derechos a la identidad cultural y a la participación de las comunidades negras asentadas por fuera de las áreas tituladas colectivamente. Las discrimina, vulnerando el principio de la igualdad ante la ley consagrados en los artículos 13 de la Constitución Política de Colombia y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; violando el artículo 27 de este último. Igualmente desconoce y viola las obligaciones asumidas por el Estado colombiano, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las Comunidades Negras y las Indígenas requerimos de la solidaridad y el apoyo nacional e internacional de muchos sectores, personas y organizaciones para derrotar el decreto 1320 y los peligros que implica para nuestros pueblos. Si pueden, envíen comunicaciones pidiendo se respeten los derechos de los grupos étnicos en Colombia y se derogue inmediatamente el decreto 1320 de 1998. Estas deben estar dirigidas al Presidente de la República y al Ministro del Medio Ambiente, con copia al Proceso de Comunidades Negras.

Proceso de Comunidades Negras
Calle 16 # 3A 73, Barrio El Firme, Buenaventura. A.A.1027Telefax. 572 2413578, Tel. 572 2424957. TerritorioRegión del Pacifico. Colombia. E mail: pcnkolombia@mixmail

--


Por los derechos de todos. Mandato I Asamblea, Tumaco 1992
Informar y Consultar Siempre. Mandato II  Asamblea, Bogota 1993
Somos un sector del Movimiento y somos Diaspora Africana. Mandato III  Asamblea,   Puerto Tejada 1993
Resistir no es Aguantar. Mandato IV Asamblea, Cali, 2007
PCN, 20 años
Afirrmando la Vida y la Alegria, la Esperanza y la Libertad..

sábado, 19 de noviembre de 2011

*** Invitacion Foro Afro

From: Henry Tenorio <...@renacientes.net>
Date: 2011/11/19


Hola a tod@s cordial saludo.

La Mesa Nacional de Organizaciones Afrocolombianas

invita al

Foro sobre Reparacion en Pueblos y Comunidades Afrodescendientes, Negras, Palenqueras y Raizales



Viernes 25 de Noviembre de 8:00 am a 5:00 pm - Universidad Central
Carrera 5 N° 21 - 38 Aula Multiple
Bogotá D. C.

Esperamos contar con su Asistencia.


MUCHO ASHÉ

Secretaria Operativa
Mesa de Organizaciones Afrocolombianas
Henry Tenorio Caicedo
282 13 75


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Foro
"Reparaciones a Víctimas de Pueblos
Afrocolombianos, Negros, Raizales y Palenqueros"


8:00 a.m. a 8:30 a.m. Inscripciones
8:30 a.m. a 9:00 a.m. Presentación y apertura
9:00 a.m. a 11:00 a.m. Primer panel: Reparación étnica afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros
9:00 a.m. a 9:15 a.m. Moderador: Jaime Prieto (MSD)
9:15 a.m. a 9:35 a.m. 1er Panelista. Cesar Rodríguez Garavito
9:35 a.m. a 9:55 a.m. 2do Panelista. Viceministro del Interior o su delegado
9:55 a.m. a 10:15 a.m. 3er Panelista. Danilo Balbuena- Procurador delegado para grupos étnicos
10:15 a.m. a 10: 35 a.m. 4to Panellista. Libia Rosario Grueso Castelblanco
10:35 a.m. a 10:45 a.m. Conclusiones del panel
10:45 a.m. a 11:15 a.m. Sesión de peguntas y respuestas
11:15 a.m. a 11:30 Refrigerio
11:30 a.m. a 1:30 p.m. Segundo panel: Consulta previa
11:30 a.m. a 11:45 a.m. Moderador: Francisco Tavorda (CODHES).
11:45 m. a 12:05 m. 1er Panelista. Gladys Jimeno (CNRR).
12:05 m. a 12:25 m. 2do Panelista. Directora de Consulta Previa Ministerio del Interior
12:25 m. a 12:45 m. 3er Panelista. Horacio Guerrero Defensoría del Pueblo delegada para asuntos étnicos
12:45 m. a 01:05 pm. 4to Panelista. Plutarco Sandoval
01:05 m. a 01:15 p.m. Conclusiones del panel
01:15 p.m. a 01:35 pm Sesión de peguntas y respuestas
1:35 p.m. a 2:30 p.m. Almuerzo
2:30 p.m. a 4:30 p.m. Tercer Panel: Tierras y territorios en clave de restitución y reapropiación: Tierras y territorios en clave de restitución y reapropiación
2:30 p.m. a 2:45 p.m. Moderador: Patricia Buritica (CNRR)
2:45 p.m. a 3:05 p.m. 1er Panelista. Jaime Arocha
3:05 p.m. a 3:25 p.m. 2do Panelista. Claudia Helena Mejía Ministerio de Agricultura
3:25 p.m. a 3:45 p.m. 3er Panelista. Luis Alberto Rivera
3:45 p.m. a 3:55 p.m. Conclusiones del panel
3:55 p.m. a 4:30 p.m. Sesión de peguntas y respuestas
4:30 p.m. a 5:00 p.m. Cierre y evento cultural


Metodología

El Foro contará con la participación de 200 personas, de las cuales aproximadamente 25 personas vendrán de diferentes territorios como delgadas de los cinco talleres regionales desarrollados en el marco del proyecto de construcción de la propuesta autónoma presentada por la Mesa de Organizaciones Afrodescendientes.

El Foro desarrollará tres paneles sobre: 1. Reparación a grupos étnicos afrodesdenciendes, negros, raizales y palenqueros; 2. Consulta previa; y, 3. Tierras y territorios en clave de restitución y reapropiación. Contará con la participación de cuatro panelistas de carácter multisectorial, es decir: un representante del Gobierno, un representante del Ministerio Público, un representante de la Academia y un representante de las Organizaciones de las Víctimas Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras.

Cada panel será desarrollado en base a una pregunta orientadora general y preguntas orientadoras específicas a cada delegado, con la finalidad de obtener una perspectiva amplia e integral sobre el tema de debate del panel.

En este sentido,

Primer panel: Reparación étnica afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros
Panelistas:
Gobierno: Viceministro del Interior o Boris Zapata; Pregunta: ¿Cómo ha sido la inclusión de un enfoque diferencial étnico afrodescendiente en la formulación e implementación de la política de reparación integral?
Ministerio Público: Procuraduría Danilo Balbuena o Procurador Delegado para asuntos étnicos; Pregunta: ¿Cuál es el diagnostico de la Procuraduría sobre la inclusión de un enfoque étnico afrodescendiente en materia de reparación integral?
Academia: Cesar Rodriguez; Pregunta: ¿Cuáles son los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral a grupos étnicos afrodescendientes desde un análisis comparativo entre procesos ordinarios y procesos de justicia transicional?
Organizaciones: Libia Grueso; Pregunta:¿Cómo entienden y cuáles son las expectativas de las comunidades y pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros la reparación integral? Y ¿Cuál es el diagnostico que tienen sobre: i. la inclusión del enfoque diferencial étnico en materia de reparación; y ii. La política pública de reparación integral a comunidades y pueblos afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros?
Segundo Panel: Consulta previa
Panelistas:
Gobierno: Dirección de consulta Previa del Ministerio del Interior; Pregunta: ¿Cómo entiende las obligaciones del Estado frente al derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades étnicos afrodecendientes? Y ¿Cómo ha garantizado el derecho a la consulta previa el Estado a los pueblos y comunidades afrodescendientes?
Ministerio Público: Defensoría del Pueblo: Horacio Guerrero; Pregunta orientadora: ¿Cómo ha sido su participación y cómo ha garantizado los derechos de las comunidades, en los procesos de consulta previa adelantados con comunidades o pueblos afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros? y ¿Cómo debe realizarse el proceso de consulta previa?.
Academia: Gladys Jimeno; Pregunta: ¿Cuáles son los estándares nacionales e internacionales que obligan al Estado colombiano en la aplicación del Derecho Fundamental a la consulta Previa a grupos, comunidades y pueblos Afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros?
Organizaciones: Plutarco Sadoval; Pregunta: ¿Cuál es el diagnostico de las organizaciones y comunidades sobre los procesos de consulta previa que ha adelantado el gobierno?, ¿Cómo consideran las organizaciones y comunidades que debe ser adelantado el proceso de consulta previa? y ¿Cuáles han sido los efectos dañinos de la incorrecta aplicación de la consulta previa a los pueblos y comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras?


Tercer panel: Tierras y territorios en clave de restitución y reapropiación
Panelistas:
Gobierno: Opciones: Claudia Helena Mejía; Pregunta orientadora: ¿Cuál ha sido la inclusión del enfoque diferencial étnico afrodescendiente en la formulación e implementación de la política de restitución y protección de bienes y territorios?
Ministerio Público: Procuraduría: delegado procuraduría agraria y ambiental; Pregunta orientadora: ¿?
Academia: Jaime Arocha; Pregunta: ¿ como debiera darse la restitución o reapropiación de los territorios afrocolombianos?, esta restitución está en marcada en los bienes materiales o desde que concepción pudiera darse? Esta restitución cabe también para la zona urbana donde esta asentada la comunidad negra?, como en un proceso de restituciones de Tierra juega la dimensión colectiva?


Organizaciones: Luis Alberto Rivera (Cocomopoca); Pregunta: ¿como debiera darse la restitución o reapropiación de los territorios afrocolombianos?, esta restitución está en marcada en los bienes materiales o desde que concepción pudiera darse? Esta restitución cabe también para la zona urbana donde esta asentada la comunidad negra?, como en un proceso de restituciones de Tierra juega la dimensión colectiva?




jueves, 3 de noviembre de 2011

*** Carta/Letter Dept de Estado/US State Dept- Dioceses of Quibdo, FISCH and WOLA re: Choco

From: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Date: 2011/11/3



ENGLISH TEXT FOLLOWS SPANISH
                                                                
D i ó c e s i s  d e  Q u i b d ó
Vicaría de Pastoral Afro

3 de noviembre 2011

Estimados Señores,

Quisiéramos agradecerles por reunirse con el Padre Sterlin Londoño Palacios de la Diócesis de Quibdó y el FISCH (Foro Interétnico Solidaridad Chocó) y Gimena Sánchez-Garzoli de la Oficina Sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) el día 18 de octubre de este año. Apreciamos el esfuerzo que hicieron para brindarnos una reunión con un grupo amplio y representativo de diferentes oficinas del departamento de estado y por su atenta atención a las preocupaciones y sugerencias presentadas por el Padre, las cuales les relacionamos:

Fumigaciones Aéreas
Desde el mes de Septiembre 2011 se viene fumigando con glifosato los cultivos de coca y los cultivos de pan coger de las comunidades afrocolombianas e indígenas en el Chocó. Desde hace varios años las comunidades han venido informando de la presencia de dichos cultivos en sus comunidades, sin haber recibido una atención adecuada del Gobierno Colombiano. Los 5 mil miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas que se movilizaron en protesta contra la política de fumigación, han manifestado que no están de acuerdo ni con los cultivos de coca, ni con la aspersión aérea porque acaba con los cultivos tradicionales que son la base para el sustento.

Como lo han señalados los consejos comunitarios afrodescendientes de la región afectada, la fumigación aérea ha sido aplicada de una manera indiscriminada que afecta los cultivos lícitos necesarios para el sustento de las familias que viven en esa región. Cultivos de maíz, arroz, frutales, yuca, plátanos y otros han sido destruidos causando una grave crisis en la seguridad alimenticia de los habitantes. El veneno también fue fumigado en los acueductos de donde beben los locales y las casas de pobladores y un colegio fueron fumigados llevando a una preocupación por las afectaciones de salud que puede brindar el glifosato sobre la salud de humanos en particular los niños y mujeres embarazadas. Existen casos de afectaciones de piel y gastrointestinales de los pobladores que viven en la región.  Mas aya de la afectación humana, social y ambiental, seguimos preocupados que la política de fumigación solo conlleva a la dispersión de la coca y no a su reducción. Con mucho respeto les advertimos que esto no ayuda a atacar la raíz del problema que es el narco-trafico que con lleva a violencia, abuso y muchos problemas para las comunidades de esta región.

Las comunidades en esta región son victimas del narco-trafico. Ellas son forzadas por parte de los grupos ilegales de sembrar coca porque si no lo hacen sufren consecuencias devastadoras. Ellas no quieren sembrar coca y están dispuestas a buscar soluciones alternativas para trabajar con las autoridades para que se cese el narco-trafico en la región y que también se cese la política de fumigación que solo agudiza el problema. Nuestra recomendación es que la oficina de anti-narcóticos del Departamento de Estado establezca un dialogo con estas comunidades y sus entidades territoriales, el FISCH y la Diócesis de Quibdó para buscar mejores formas de erradicar la coca que conllevan no solo a su reducción pero a que se disminuye el narco-tráfico en el Chocó y se disminuyen los abusos cometidos contra los habitantes de esta zona debido a este fenómeno.

Desplazamiento Forzado
Colombia en general y las comunidades afrodescendientes e indígenas en el Pacifico en particular continúan siendo victimas de nuevos desplazamientos internos a raíz del conflicto interno armado, violencia, narco-trafico y la política de fumigaciones. Esto se suma a que más de la mitad de los pobladores del Chocó fueron desplazados desde el año 1996. En el caso del Chocó han habido 10 casos de  nuevos desplazamientos solo en el 2011. Los desplazados de la última década continúan en una situación precaria donde abandonaron sus tierras y sus derechos no han sido reconstituidos y su condición es una de pobreza absoluta. Sus lideres en Quibdó y en otras partes del país siguen bajo amenazas y sin haber visto justicia en las situaciones que con llevaron a su desplazamientos. El Estado ha sido omiso en su protección efectiva de líderes desplazados y el peligro de que haya más asesinatos sigue siendo alto. A estos se les suman los nuevos desplazados quienes experimentan una situación de emergencia en lo humanitario y necesidades básicas.

La Corte Constitucional de Colombia dio un gran paso a favor de los derechos de los desplazados con la orden T-025 de abril del 2004 y luego con el auto 2005 de enero del 2009 sobre las comunidades afrocolombianas desplazadas. Desafortunadamente, pese a lo que el gobierno de Colombia presenta fuera del país en términos de implementación de lo mismo, algunas comunidades del Chocó solo fueron socializadas que incluía el auto el mes pasado. En otras palabras el estado no ha implementado la orden de la Corte en el caso del  Chocó.

La Administración de Santos ha avanzado con una ley de tierras y victimas. Es importante resaltar que dicha ley no resuelve los derechos de los desplazados internos solo se refiere a los derechos de la tierra de algunos de ellos. En general este es un buen paso adelante y todos estamos de acuerdo que al reconocer las víctimas y sus derechos que el gobierno esta avanzando. Pero es importante notar que la ley fue hecha sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades afrocolombianas e indígenas. En las consultas para la implementación del decreto reglamentario de la ley de víctimas después que paso la ley, no se ha respetado  el derecho de las comunidades afrocolombianas de la consulta previa, libre e informada. A raíz de esto la Mesa Afrocolombiana ha presentado una propuesta de decreto ley para la reglamentación de la ley de victimas para los afrocolombianos. Sin embargo la situación sigue muy compleja y no hay voluntad política del gobierno para sostener una consulta de buena fe para el decreto de ley de víctimas. El riesgo que las comunidades afrocolombianas sean re-victimizadas con esta ley es muy alto.

A raíz de lo notado, le recomendamos a la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado que urgen a las autoridades Colombianas que hagan prioridad la aplicación de la Orden 005, implementen mecanismos diferenciados, urgentes y efectivos para la protección de líderes afrocolombianos y que avancen con una consulta previa, libre e informada del decreto de ley con las comunidades afrodescendientes y con todas las acciones que alteren la vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

Titulación de COCOMOPOCA
En el año de 1999 el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), solicitó al Estado colombiano el reconocimiento jurídico de su posesión ancestral del territorio del Alto Atrato. Pese a que la propuesta fue la mejor sustentada de todo el Pacífico, según autos respectivos, el Estado Colombiano se demoró 11 años para este reconocimiento, debido a la presión ejercida entre otros, por empresas transnacionales que tienen intereses de explotación de recursos naturales. Tal realidad es perceptible en el hecho de que a COCOMOPOCA le reconocieron 73.000 hectáreas, pero dentro de esa misma área, le concesionaron más de 40.000 hectáreas para explotaciones mineras a gran escala y a cielo abierto. Esta y otras realidades similares, generan mucha inseguridad en los habitantes, y al no ser previamente consultados, afectan la existencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

Estamos convencidos de que su apoyo a estas justas causas de comunidades que además de lo descrito anteriormente,  tienen alto índice de necesidades básicas insatisfechas, es muy importante, por eso les invitamos a que en sus diálogos oficiales con el Gobierno Colombiano, consideren la importancia de abordar sobre los siguientes temas que son prioritarios para las comunidades, líderes y organizaciones afrodescendientes e indígenas:

1.      Monitoreo de parte de Uds. de la consulta previa, libre e informada cuando haya afectaciones ocasionadas por la implementación de planes y proyectos, así como la realización de estudios previos de impactos ambientales, sociales, culturales, étnicos y económicos para adelantar proyectos de explotación de recursos naturales y minerales.
2.      Efectuar la erradicación manual de los cultivos ilícitos para evitar las afectaciones físicas, espirituales, y culturales.
3.      Implementación pertinente, eficaz y eficiente de las ordenes y recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 005 de 2009 y complementarios, para la atención a población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado.
4.      Garantizar que todo apoyo financiero de los EEUU, por USAID y por otras vías, sea decidido para la construcción y materialización de los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrocolombianos. Todos dichos proyectos deberían ser consultados de forma previa, libre e informadas con las autoridades étnicas de los territorios en cuestión y con organizaciones afrodescendientes tradicionales de base. El Departamento de Estado debería sugerirle a USAID que sus contratistas respeten el derecho de las comunidades de la consulta previa, libre e informada y que en todas las etapas de la intervención haya un diálogo directo con las organizaciones étnicas territoriales.
5.      Frente a las altas cifras de asesinatos, desapariciones forzadas y señalamientos, realizar las adecuaciones necesarias para poder brindar a los líderes y liderezas y comunidades étnicas, esquemas de protección integral.
Nuevamente apreciamos la oportunidad de dialogar con Uds. sobre estos temas importantes que afectan las vidas diarias de miles de afrodescendientes en la región del Chocó. Es nuestra esperanza que el Embajador Michael McKinley visite Quibdó y que se reúna con la Diócesis de Quibdó y el FISCH en sitio para fortalecer estas alianzas y poder trabajar conjuntos sobre soluciones de una manera mas fuerte.

Sinceramente,

Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli
CC:
Zakiya Carr-Johnson, Unidad de Raza, Etnia e Inclusion Social
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, DRL
Olivia Franken, WH
Paula Uribe, Consultora
Amanda Porter, Embajada EEUU en Bogotá

English Translation:

November 3, 2011

Brian A. Nichols
Principal Deputy Assistant Secretary of State
International Narcotics and Law Enforcement Affairs

Simon Henshaw
Director of Andean Affairs
Bureau of Western Hemisphere Affairs
U.S. State Department
2201 C St, NW
Washington, DC 20520
Dear Sirs,

We wish to thank you for meeting with Father Sterlin Londoño Palacios of the Dioceses of Quibdo and FISCH (Interethnic Solidarity Forum for Choco), Gimena Sanchez-Garzoli and Anthony Dest of the Washington Office on Latin America (WOLA) on October 18th. We appreciate the effort you made to grant us a meeting with representatives from various offices within the State Department concerned with Colombia and for your close attention to the concerns and suggestions that were presented by the Father. Below you will find a summary of the concerns expressed at this meeting:

Aerial Fumigations
Since September 2011, authorities have fumigated with glifosphate both coca crops and the food crops of Afro-Colombian and indigenous communities residing in Choco. For many years, these same communities have informed the Colombian government that coca cultivation was taking place in their territories and the authorities did not respond adequately to this concern. The five thousand Afro-Colombians and indigenous persons who recently protested the policy of fumigation have fully expressed that they are not in favor of coca growing and of the aerial fumigation policy. The later due to the fact that this lead to the crops that they grow to sustain themselves are destroyed by fumigation efforts.

As the Afro-Colombian community councils affected by the fumigation policy have pointed out in various public statements, aerial fumigation is applied in an indiscriminate manner that leads to the basic crops grown by the communities in order to sustain themselves are affected. Cultivations of corn, rice, fruits, yucca, plantain and other food items were destroyed by the fumigations and have led to a grave food security crisis for the inhabitants in the region. The poison from the fumigation effort has also landed in aqueducts from which the locals drink, the houses of residents and a school was fumigated. The later has led to great concern for the effects glifosphate will have on the health of these persons in particular their children and pregnant women. Already there exist reports of effects on residents' skin and gastrointestinal tracts. In addition to concerns health, social and environmental effects, we remain concerned that the fumigation policy is only resulting in dispersing coca growing and not its actual reduction. With all due respect, we inform you that this policy is not attacking the roots of the narco-trafficking problem. Narco-trafficking is highly problematic leads to violence, abuses and a series of other problems for the residents of this region.
The communities residing in this region are victims of narco-trafficking. They are forced by illegal armed groups to grow coca because if they refuse they suffer devastating consequences. They do not want to grow coca and are willing to seek alternative solutions that enable them to work with the authorities on how to attack narco-trafficking in the region. They would like the fumigations to cease because they only see this as aggravating the problem and not resolving it. Our recommendation is that the office of anti-narcotics affairs (INL) of the State Department establish a direct dialogue with the affected communities, their territorial leaders, FISCH and the Dioceses of Quibdo that seeks to find better ways to eradicate coca growing and leads to diminishing narco-trafficking in Choco. The hope for this dialogue would be for it to also lead to a reduction in the abuses committed against the inhabitants of this region by those involved in narco-trafficking.

Internal Displacement
Colombia, in general, and the afrodescendant and indigenous communities in the Pacific in particular, continue to be victimized by new internal displacements linked to the internal armed conflict, violence, narco-trafficking and the fumigation policy. New displacements are added to the fact that at least fifty-percent of Choco's has suffered internal displacement sin 1996. In Choco in 2011 alone, ten cases of new displacements have taken place.  The persons displaced during the last decade continue to live in precarious conditions having abandoned their lands and without their rights having been reconstituted. Most live in conditions of absolute poverty. Their leaders who are in Quibdo and throughout the country continue to face death threats and are still waiting for justice for the situations that led to their displacements. The State has omitted providing the leaders of the displaced effective protection measures and due to this many of them face a high risk of being assassinated. In addition to this longer standing problem, newly displaced persons are facing a humanitarian emergency where their basic needs are not being met. 

Colombia's Constitutional Court took the important step towards remedying the rights of the displaced in April 2004 with sentence T-025 and later with subsequent order 005 of January 2009 on Afro-Colombian displaced communities. Unfortunately, despite what the Colombian government presents outside of the country in terms of implementation of this order, some of the communities in Choco only learned about the contents of the order issued two years ago by the Court last month. In other words, the State has not implemented order 005 in the case of Choco. 
The Santos Administration has taken steps with the victims and land law. However, it is important to underscore that this law does not resolve the overall rights of internally displaced persons; it only refers to the territorial rights of some of the displaced. In general, we believe that the new law is a good step and everyone agrees that by recognizing victims and that they have rights the government is moving forward.  Nevertheless, the law was passed without an informed, free and previous consultation with Afro-Colombian and indigenous communities. The consultations for implementation of the regulatory decree for the victims law that was introduced after passage of the law, Afro-Colombians' right to a free, informed and previous consultation was not respected. As a result of this, the Afro-Colombian Working Table has put forth a proposal for the regulation of the decree law for Afro-Colombian victims. Despite this, the situation remains complex and there does not appear to exist the political will on the part of the government to hold a consultation in good faith with the Afro-Colombian victims. As such, the risk of Afro-Colombians being re-victimized by this law is very high.  
With regards to the above, we recommend that the State Department's Human Rights, Democracy and Labor Bureau urge the Colombian authorities to prioritize the implementation of Order 005, as well as, urgent, effective and differentiated mechanisms of protection for Afro-Colombian leaders. Further, that Colombia advance with a free, previous and informed consultation with Afro-Colombian communities on the decree law and that the previous consultation process is respected in all future legislation that affect Afro-Colombian and indigenous communities.

COCOMOPOCA Land Titling Process
In 1999, the Major Community Council of the Popular Campesino Organization of the High Atrato (COCOMOPOCA) requested that the Colombian State legally recognize its ancestral territory of High Atrato. Despite the fact that this was one of the claims best supported with evidence in all of the Pacific Coast, including with various subsequent judicial orders, it took the Colombian State eleven years to recognize this legal claim. Part of its reason for doing so had to do with transnational companies' interest in exploiting natural resources located in these territories. This reality is seen in that COCOMOPOCA received titles to 73,000 hectares. Yet in 40,000 of those same hectares concessions were granted for mining exploration to outsiders. These mining permits foresee large-scale open sky efforts. This and other realities in these territories are producing great insecurity for its residents. The territorial authorities were not previously consulted or consulted at all about these projects that will affect these communities in a physical, cultural and spiritual manner.

We are convinced that your support for these social justice causes that are important for these communities whose basic needs are largely unmet. For this reason, we recommend that in your official dialogues with the Colombian government that you consider integrating the following items that are a priority for these Afro-Colombian and indigenous communities, their leaders and organizations.

1.      Guaranteeing by monitoring on the part of your offices that the Colombian government implements free, informed and transparent prior consultation processes in the implementation of plans and projects (including prior environmental, social, cultural, ethnic and economic assessments) concerning natural and mining resources. 
2.      Effective manual eradication of illicit crops to avoid physical, spiritual and cultural effects of the local population.
3. Full implementation in an effective and efficient manner of the orders and recommendations emitted by Colombia's Constitutional Court in order 2005 of   2009 and complementary orders, for the attention of afrocolombians in the situation of internal displacement.
4.Guaranteeing that all financial support from the US, via USAID and other means, is designated to the construction and implementation of the ethnic-  development plans of Afro-Colombian communities. All projects financed by the US should be consulted in a free, informed and previous manner with ethnic authorities of the areas where these projects will be implemented, as well as traditional Afro-Colombian grassroots organizations. The US State Department should recommend that USAID guarantee that its contractors respect the right to previous, free and informed consultation in all stages of a project's development with the territorial ethnic organizations concerned.
  1. In terms of the high number of killings, murders, forced disappearances and threats, State should take action to guarantee that the necessary and adequate steps are taken to provide male and female leaders of ethnic communities' integral protection mechanisms.
Again, we appreciate the opportunity to dialogue with you on these important issues that affect the daily lives of thousands of afrodescendants in the region of Choco. It is our hope that Ambassador Michael McKinley will visit Quibdo and meet with the Dioceses of Quibdo and FISCH in order to strengthen alliances that enable us to work jointly in finding better solutions to these problems. 

Sincerely,

Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli

CC:
Zakiya Carr-Johnson, Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, Colombia Desk Officer, DRL
Olivia Franken, Colombia Desk Officer, WH
Paula Uribe, Consultant
Amanda Porter, Human Rights Officer, U.S. Embassy

Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
 Cell: (202) 489-1702
Website: www.wola.org
Skype: WOLAColombia
Twitter: wola_org