| Martes 11 de Octubre de 2011 19:02 |
Los consejos comunitarios del municipio de Suarez Cauca, El Palenque del Alto Cauca y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN, lanzan el siguiente SOS.
Los consejos comunitarios de Mindala, Pureto, Bellavista, Brisas de MaryLópez, Meseta, están completamente confinados desde el día 25 de septiembre a consecuencia de los combates entre el ejecito nacional y la guerrilla de las FARC. En el territorio de estos consejos comunitarios habitan aproximadamente 7000 personas, las provisiones que tenían se han acabado, no pueden realizar sus actividades y labores productivas por temor a ser víctimas de fuego cruzado;
el servicio de transporte en la zona, que es prestado por la Empresa EPSA quien es dueña de la hidroeléctrica de La Salvajina, ha sido suspendido por temor a que tomen represalia contra ellos, esto ha generado que las comunidades no puedan salir a la cabecera municipal de Suárez para abastecerse de alimentos.
En el caso del consejo comunitario de La Meseta, el ejército ha impedido que las comunidades mineras utilicen explosivos propios para el desarrollo de la minería , lo que ha generado que no puedan desarrollar la minería tradicional ancestral; igualmente impide a los pobladores movilizarse para sus actividades cotidianas en el transporte habitual con el argumento que "la guerrilla lo puede aprovechar para sus intereses". Las comunidades y organizaciones del área, están buscando una conversación con la empresa EPSA, para darle salida a esta situación. Las comunidades de los Consejos Comunitarios arriba mencionados se resisten a abandonar su territorio, pero han expresado igualmente, que si la situación no se resuelve y no tienen atención oportuna que les dé garantías en sus comunidades en el libre desarrollo de sus actividades cotidianas , se desplazaran hasta la cabecera municipal de Suarez en busca de que las autoridades del orden local, regional y nacional resuelvan el problema, que tiene que ver en lo inmediato, con el enfrentamiento armando que se presenta. La comunidades demandan del gobierno nacional que se les brinden todas las garantías legales y Constitucionales para el ejercicio de los derechos afectados en razón de la confrontación armada que se suman a los impactos sufridos por la zona y sus pobladores por la construcción y operación de la hidroeléctrica de la Salvajina, que limito extremadamente la autonomía y la movilidad de las comunidades. Hacemos el llamado a: 1. Que las partes en conflicto acaten el Derecho Internacional Humanitario y en este sentido sacar de la confrontación bélica a las comunidades y sus instancias organizativas. 2. Adelantar una misión urgente de verificación de la situación que enfrentan las comunidades, especialmente en aspectos de seguridad alimentaria y sobre la presencia de artefactos (MAP – MUSE) que puedan afectar a la población civil. Esta acción debe estar en cabeza de Acción Social, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, con la participación y observancia de organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, de las Naciones Unidas, así como de las instancias organizativas de las comunidades. 3. Adelantar, por parte de la autoridad municipal de Suárez y de la agencia gubernamental Acción Social, una misión humanitaria que incluya atención alimentaria de emergencia para suplir el desabastecimiento que sufren las comunidades; esta gestión debe adelantarse en coordinación con los consejos comunitarios y las organizaciones defensoras de derechos humanos. 4. Atender igualmente a la Comunidad Indígena de Cerro Tijeras, afectada por esta misma situación. 5. Garantizar por parte de la Fuerza Pública el respeto y la no utilización de ninguno de los espacios civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, tales como las viviendas, escuelas, colegios, cementerios, así como los lugares de refugio escogidos por las comunidades, entre otros. Para notificación Calle 23 No. 5-85 oficina 307, Teléfono 2821375 Bogotá, Correo pcnkol.bogota@renacientes.net Consejos Comunitarios de Mindala, Pureto, La Meseta y Brisas de Marylopez. Palenque Alto Cauca Proceso de Comunidades Negras en Colombia PCN Corporación Sembrar Corporación "Grupo de Trabajo en Protección" |
El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano
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jueves, 13 de octubre de 2011
** S.O.S. ANTE EL CONFINAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE LOS CONSEJOS SUAREZ, CAUCA
domingo, 9 de octubre de 2011
** SOS CONSEJOS COMUNITARIOS NORTE DEL CAUCA
Date: Fri, 7 Oct 2011 08:32:50 -0500
From: pcnkol.bogota@renacientes.net
S.O.S. ANTE EL CONFINAMIENTO DE LAS COMUNIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SUÁREZ, CAUCA
Hacemos el llamado a:
Consejos Comunitarios de Mindala, Pureto, La Meseta y Brisas de Marylopez.
Norte del Cauca, octubre 7 de 2010
Los consejos comunitarios del municipio de Suárez, Cauca, El Palenque del Alto Cauca y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN,
lanzan el siguiente S.O.S.:
lanzan el siguiente S.O.S.:
Los consejos comunitarios de Mindala, Pureto, Bellavista, Brisas de MaryLópez, Meseta, están completamente confinados desde el día 25 de septiembre a consecuencia de los combates entre el ejército nacional y la guerrilla de las FARC. En el territorio de estos consejos comunitarios habitan aproximadamente 7000 personas, las provisiones que tenían se han acabado, no pueden realizar sus actividades y labores productivas por temor a ser víctimas de fuego cruzado; el servicio de transporte en la zona, que es prestado por la Empresa EPSA, dueña de la hidroeléctrica de La Salvajina, ha sido suspendido por temor a que tomen represalia contra ellos. Esto ha generado que las comunidades no puedan salir a la cabecera municipal de Suárez para abastecerse de alimentos.
En el caso del consejo comunitario de La Meseta, el ejército ha impedido que las comunidades mineras utilicen explosivos propios para el desarrollo de la minería, lo que ha generado que no puedan desarrollar la minería tradicional ancestral; igualmente impide a los pobladores movilizarse para sus actividades cotidianas en el transporte habitual con el argumento que "la guerrilla lo puede aprovechar para sus intereses". Las comunidades y organizaciones del área, están buscando una conversación con la empresa EPSA, para darle salida a esta situación. Las comunidades de los Consejos Comunitarios arriba mencionados se resisten a abandonar su territorio, pero han expresado igualmente que, si la situación no se resuelve y no tienen atención oportuna que les dé garantías en sus comunidades en el libre desarrollo de sus actividades cotidianas, se desplazaran hasta la cabecera municipal de Suárez en busca de que las autoridades del orden local, regional y nacional resuelvan el problema, que tiene que ver en lo inmediato con el enfrentamiento armando que se presenta.
La comunidades demandan del gobierno nacional que se les brinden todas las garantías legales y Constitucionales para el ejercicio de los derechos afectados en razón de la confrontación armada. Estos se suman a los impactos sufridos en la zona y por sus pobladores por la construcción y operación de la hidroeléctrica de la Salvajina, que limitó extremadamente la autonomía y la movilidad de las comunidades.
Hacemos el llamado a:
- Que las partes en conflicto acaten el Derecho Internacional Humanitario y, en este sentido, sacar de la confrontación bélica a las comunidades y sus instancias organizativas.
- Adelantar una misión urgente de verificación de la situación que enfrentan las comunidades, especialmente en aspectos de seguridad alimentaria y sobre la presencia de artefactos (MAP – MUSE) que puedan afectar a la población civil. Esta acción debe estar en cabeza de Acción Social, la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo, con la participación y observancia de organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, de las Naciones Unidas, así como de las instancias organizativas de las comunidades.
- Adelantar, por parte de la autoridad municipal de Suárez y de la agencia gubernamental Acción Social, una misión humanitaria que incluya atención alimentaria de emergencia para suplir el desabastecimiento que sufren las comunidades; esta gestión debe adelantarse en coordinación con los consejos comunitarios y las organizaciones defensoras de derechos humanos.
- Atender igualmente a la Comunidad Indígena de Cerro Tijeras, afectada por esta misma situación.
- Garantizar, por parte de la Fuerza Pública, el respeto y la no utilización de ninguno de los espacios civiles protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, tales como viviendas, escuelas, colegios, cementerios, así como los lugares de refugio escogidos por las comunidades, entre otros.
Para notificación:
Calle 23 No. 5-85 oficina 307
Teléfono 2821375
Bogotá
Correo pcnkol.bogota@renacientes.net
Calle 23 No. 5-85 oficina 307
Teléfono 2821375
Bogotá
Correo pcnkol.bogota@renacientes.net
Consejos Comunitarios de Mindala, Pureto, La Meseta y Brisas de Marylopez.
Palenque Alto Cauca
Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN
Corporación Sembrar
Corporación "Grupo de Trabajo en Protección"
domingo, 17 de julio de 2011
}** ENFRENTAMIENTOS ENTRE EJERCITO Y LAS FARC EN CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO GUAPI – MUNICIPIO DE GUAPI (COSTA PACIFICA DE CAUCA)
De: ORLANDO PANTOJA <cococauca@hotmail.com>
Fecha: 14 de julio de 2011 11:11
ENFRENTAMIENTOS ENTRE EJERCITO Y LAS FARC EN CONSEJO COMUNITARIO DEL ALTO GUAPI – MUNICIPIO DE GUAPI (COSTA PACIFICA DE CAUCA)
Desde el 29 de junio hasta hoy 14 de julio de julio de 2011 y de manera esporádica se han venido enfrentando el ejército y las Farc, en el territorio colectivo del Consejo comunitario del Alto Guapi municipio de Guapi- costa pacífica del Cauca.
Al parecer los habitantes de las comunidades de los Consejos comunitarios de Napi, San francisco y del Alto Guapi están siendo sometidas a restricción alimentaria pero también en estado de indefensión como el caso de la comunidad de "Caimito", que a raíz del recrudecimiento de los combates y también por los allanamientos del ejercito que se realizan sobre las casas de la población civil, desde el día miércoles 13 de julio de 2011 se ha estado desplazando.
En el momento la mayoría de los habitantes de la comunidad de Caimito estimada en 250 habitantes aproximadamente, se comenta que alrededor del 95% se encuentra desplazada en la comunidad de Callehonda y se dice que están confinadas.
Reiteramos las exigencias al gobierno nacional y los actores del conflicto armado que libren la guerra fuera de los territorios colectivos étnicos, y respeten los protocolos del derecho Internacional humanitario entre los cuales está la distinción de la población civil.
Solicitamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, la mayor atención frente a la crisis humanitaria que se presenta y que ponen en vilo la vida de la población civil.
Guapi – Cauca, 14 de julio de 2011.
Regional COCOCAUCA
domingo, 26 de junio de 2011
** Diócesis de Tumaco: situación en Alto Mira y Frontera
From: Comunicaciones RNDP <comunicaciones@rndp.org.co>
Date: 2011/6/24
Date: 2011/6/24
DIÓCESIS DE TUMACO
COMISIÓN HUMANITARIA DE VERIFICACIÓN
EN EL CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA
(Comunidades de Unión Victoria, La Balsa, Brisas, Los Laureles) Junio 21 de 2011
El día 21 de junio de 2011 se desplazó una comisión de la Diócesis de Tumaco, conformada por cinco personas, hacia las localidades de Unión Victoria, La Balsa, Brisas y Los Laureles, ubicadas en la zona cuatro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño) con el fin de verificar una situación de inseguridad para las comunidades antes mencionadas a raíz de la presencia de la Policía Antinarcóticos en el marco de la erradicación manual de coca y combates entre estos y las FARC-EP.
La Diócesis de Tumaco había sido informada de esta situación unos días antes a través de una delegación de los afectados y sus autoridades, quienes además dejaron copia de una denuncia realizada el día miércoles, 15 de junio de 2011, ante la personería municipal y la procuraduría provincial de Tumaco.
La comisión de la Diócesis de Tumaco, en su visita de verificación, llevó a cabo una reunión en la comunidad de La Balsa con presencia de unas 70 personas de cuatro veredas (Unión Victoria, La Balsa, Brisas y Los Laureles) en la cual las comunidades libremente expresaron su situación vivida, manifestando lo siguiente:
Los miembros de la Policía Antinarcóticos llegaron a principios del mes de junio 2011 a esta zona, ubicándose por un día y medio en la comunidad de la Balsa. Los policías permanecían en la comunidad, entraron a sus casas y acamparon en sus inmediaciones. Al llegar presionaron a los habitantes para que desocuparan el lugar con palabras como "si quieren salgan y cuando nos vamos vuelven". A algunas personas les tomaron fotografías sin su consentimiento, entre ellas a algunas mientras estuvieron trabajando en una finca. Posteriormente los uniformados se dividieron en varios grupos y se asentaron en las fincas de los pobladores de esta zona. En la vereda Las Brisas, entraron a las casas de familia y acamparon en medio de las casas, así como en cercanía inmediata del caserío.
Durante el tiempo de la presencia en la zona, los habitantes comentan de unas 10 situaciones de hostigamiento de las FARC-EP y enfrentamientos entre los dos actores armados. La población civil quedaba en medio del fuego cruzado. Esto ha causado gran zozobra y el desplazamiento de un gran número de familias a las comunidades cercanas, a Llorente y al Ecuador: En la vereda de los Laureles, de 52 familias unas 30 familias se han desplazado; de la vereda de la Balsa se comenta que hay 10 familias desplazadas. El día viernes 17 de junio se presentó un enfrentamiento armado en la comunidad de las Brisas después de las 9 pm, cuando la comunidad estaba velando un difunto; inmediatamente la comunidad tuvo que salir corriendo. Ahora, de la Vereda de Brisas toda la comunidad de 32 familias se refugia todas las noches en veredas vecinas.
Los habitantes de las cuatro veredas manifiestan que a raíz de esta situación, desde hace 20 días ya, los docentes no van a trabajar, los niños están sin recibir clases. Los pobladores no pueden desplazarse a sus fincas a trabajar y a buscar los productos de consumo como el plátano, porque en ocasiones los Policías Antinarcóticos, que están alojados en ellas, les prohíben el libre tránsito, argumentando el riesgo a la seguridad de ellos. A un habitante lo amenazaron con una navaja porque intentó entrar a su finca. En este momento existen situaciones de hambre.
Un habitante tuvo que sacar sus tres animales del potrero ocupado por la Policía Antinarcóticos y ahora se ve obligado a pagar pastaje en otro lugar.
Las comunidades también manifiestan la pérdida de bienes: De cultivos de plátano en la vereda de la Balsa, de una madera de guayacán en la vereda de Brisas, de gallinas. El día miércoles, 8 de junio, entre la Balsa y Brisas se perdió una vaca, con la evidencia de que el alambre del potrero donde estaba fue cortado. En la vereda de los Laureles, según testimonio de la comunidad, los uniformados entraron a una tienda sacando víveres sin pagarlos. En Brisas entraron a una casa cerrada y después faltó una radio.
Hay denuncias que por lo menos en una ocasión se retuvo a 6 personas de las comunidades y los obligaron ese día a arrancar ellos mismos las matas de coca.
Durante la visita de la comisión a los lugares de los hechos se pudo constatar que un grupo de la Policía Antinarcóticos está asentado a solo 15 metros de la escuela de la comunidad de las Brisas, junto al caserío. La escuela está abandonada. Se encontró varias casas cerradas; dos de ellas están destechadas. Los habitantes afirman que estas casas fueron dañadas en el aterrizaje de los helicópteros de la Policía Antinarcóticos, quienes utilizan el campo abierto en el centro del caserío como zona de aterrizaje.
En la comunidad de Los Laureles el campamento de la Policía Antinarcóticos se encuentra en las fincas de los miembros de la comunidad, a unos 150 metros de la escuela, que igualmente estaba cerrada. Se ve los impactos de las balas en los guaduales plantados al lado de una de las casas. Esto explica que los diferentes enfrentamientos continuos producen desplazamientos.
En el paso por una de las fincas, ocupada por miembros de la Policía Antinarcóticos, éstos solicitaron se les informe antes de pasar por dichos lugares.
En esta misma visita, por petición de la comunidad, la comisión humanitaria de verificación intentó dialogar con los comandantes al mando de los dos campamentos de la Policía Antinarcóticos ubicados en las Brisas y los Laureles para ver la posibilidad del retiro de las tropas de las inmediaciones de la población civil, con el fin de que los habitantes de las diferentes veredas puedan movilizarse libremente, y que sus vidas no se pongan en peligro a raíz del fuego cruzado por los enfrentamientos armados. Se esperó hora y media, pero fue imposible; la comisión no fue atendida.
SOLICITAMOS de manera urgente a las entidades competentes:
- Intervenir a favor de la seguridad, integridad, protección de la vida y los derechos de la población civil de la zona cuatro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera donde se está erradicando manualmente la coca.
- Atender debidamente el confinamieno y el desplazamiento masivo tanto interveredal como externo, provocado por los enfrentamientos armados en la zona cuatro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
- Estar vigilantes sobre la situación de las personas en la zona cuatro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera durante y después del tiempo de erradicación manual de la coca.
Exhortamos a los actores armados, tanto Policía Antinarcóticos como FARC-EP:
- Respetar el Derecho Internacional Humanitario, especialmente la distinción entre combatientes y población civil así como el respeto a los lugares y bienes civiles.
Diócesis de Tumaco, 22 de junio de 2011
miércoles, 25 de mayo de 2011
** ¿OTRO BOJAYA? Acción Urgente
Adjunto enviamos comunicado sobre la situacion del Medio Atrato, donde las FARC retienen a más de 200 personas en el medio Atrato, entre los que se encuentran niños y ancianos.
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Agradecemos su solidaridad y difusión.
Comisión de Género de Cocomacia
Comisión de Género de Cocomacia
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No quiero caminar sobre el dolor descalza...
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ACCION URGENTE
ALREDEDOR DE DOSCIENTOS CIVILES SE ENCUENTRAN RETENIDOS POR LA GUERRILLA
EN MEDIO DE ENFRENTAMIENTOS CON LA FUERZA PUBLICA EN EL MEDIO ATRATO - CHOCÓ
La Diócesis de Quibdó, la COCOMACIA y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, alertan al Estado Colombiano y a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos la grave situación que atraviesan hoy las comunidades del Medio Atrato Chocó, que ha dado como resultado, tres civiles muertos, un civil herido, dos infantes de la Marina heridos y un auxiliar de la policía muerto.
Un hecho que agrava esta situación humanitaria es la retención de unos doscientos civiles en el Río Neguá por parte de la guerrilla, y más de tres mil personas que integran estas comunidades que se encuentra confinadas e incomunicadas, quienes tememos por su vida ante cualquier reacción de la fuerza pública en esta zona.
Llamamos al Presidente de la República, jefe máximo de las fuerzas militares, a que las acciones militares a emprenderse, se hagan en el marco del respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario y de los protocolos creados para el desarrollo de las acciones militares en territorios étnicos, impidiendo que se ponga en peligro la vida de las doscientas personas en Neguá, que en estos momentos estarían siendo utilizados como escudos humanos por parte de la guerrilla de las Farc.
Así mismo alertamos a los organismos humanitarios a hacerle seguimiento a esta grave situación y a emprender las acciones necesarias para a atender estas comunidades que se encuentran atemorizadas, confinadas, en alto riesgo de desplazamiento forzado y de ser victimizados en medio de los enfrentamientos armados.
jueves, 12 de agosto de 2010
COMUNICADO DE ACADESAN
De: Ayda Orobio
Fecha: 11 de agosto de 2010 21:52
Fecha: 11 de agosto de 2010 21:52
Queridos amigos y amigas les comparto este comunicado de ACADESAN, que refleja la situación que viven hoy 45 familias desplazadas en Buenaventura y otras en Docordó. Se ha logrado atencion para los que llegaron a Buenaventura, pero los que están en el río, confinados, sin posibilidades de entrar a sus fincas por el temor de encontrarse con los asesinos, no han tenido ayudas. La Organización quiere compartir este comunicado para que se conozca la realidad y así comprometer a las autoridades competentes en la búsqueda real de la solución y obtener solidaridad.
Desde la Pastoral Afrocolombiana acompañamos el proceso con los desplazados.
Hna. Ayda Orobio Granja
Coordinadora CEPAC Buenaventura
Buenaventura, Agosto 11 de 2010
EL CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL SAN JUAN - ACADESAN- INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA
DELICADA SITUACIÓN QUE SE ESTÁ VIVIENDO EN EL MEDIO SAN JUAN
Desde mediados de Junio de 2008, el Consejo Comunitario General de ACADESAN ha hecho pública, ante las diversas instancias gubernamentales, la necesidad de adoptar medidas tendientes a prevenir masacres y/o desplazamientos de la población en el San Juan.
Ante nuestras peticiones, con fecha 14 de junio de 2008, se hizo público el informe de riesgo No. 014-08, de la Defensoría delegada para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, sistema de alertas tempranas – SAT, en el se plantea que la población de la región vive con nivel de riesgo alto por ser el centro de disputa territorial debido a su riqueza minera,
maderera y al auge cocalero, con la influencia de los carteles de la droga del Norte del Valle ligados a los grupos paramilitares de los "Rastrojos" y "Machos".
Por la confrontación armada durante los últimos cinco años, aproximadamente 450 personas, habitantes de comunidades que van desde Pichimá a Cucurrupí, se han desplazado hacia Buenaventura.
La situación de riesgo ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo en el Informe de Riesgo 024 emitido en mayo del 2006 correspondiente a los municipios de Istmina, Medio San Juan y Sipí, a través del cual se informó que las Autodefensas Unidas del Norte del Valle (aparentemente integradas por desmovilizados de los Bloques Calima y Pacífico), excombatientes que no entregaron sus armas e integrantes de los llamados "Machos" y "Rastrojos", hacían su aparición con el objeto de retomar los territorios que controlaron los ya desmovilizados, para combatir a la guerrilla y a los supuestos auxiliadores, administrar el negocio del narcotráfico, cobrar extorsiones a las explotaciones madereras y mineras, ofrecer seguridad y recibir adhesión de la población".
Los últimos hechos acaecidos en la región dan cuenta que el 13 julio de 2010, aproximadamente a las 4 p.m., personas desconocidas intentan coger al señor Macario, al frente del cementerio de Cabeceras. El logró escapar pero perdió el bote y un motor 15 con el que viajaba. Las versiones que se tienen dicen que esa mismas personas han estado rondando bienes de las comunidades.
El pasado 19 de Julio fue encontrado muerto el señor JUAN BAUTISTA MURILLO, en la quebrada la Gloria ubicada en territorios de la comunidad de Palestina. Apareció con signos de haber sido golpeado. Posteriormente, el 29 de Julio, fue asesinado el joven EDWIN PEDROZA, en la quebrada La Sierpe, en terrenos de la comunidad de El Coco. Este joven fue degollado brutalmente.
El 23 de julio: se recibió información que la comunidad de Palestina está confinada porque la armada y un grupo armado que se encuentra cerca de la comunidad les han prohibido movilizarse.
h
El 27 de julio: varias familias del Coco se han desplazado hacia Palestina.
28 de julio: 20 familias de la comunidad del Coco que estaban en Palestina empezaron a desplazarse gota a gota unos hacia Buenaventura y otros hacia Docordó.
La gravedad se presenta, a partir del inminente riesgo de agresión paramilitar y guerrillera que corren las comunidades asentadas en los municipios que pertenecen al Titulo Colectivo del Consejo Comunitario General - ACADESAN, por la disputa territorial que adelantan desde hace varios años los grupos paramilitares y narcotraficantes denominados "Los Rastrojos" con los llamados "Águilas Negras" y las grupos, hoy denominados, bandas emergentes.
El día de hoy la zozobra y el pánico en las comunidades los acrecienta la presencia amenazante de actores armados no identificados, en otras comunidades de la zona, como Cabeceras.
Por lo anterior, el Consejo Comunitario General de San Juan ACADESAN requiere de una especial protección y se les garantice un tratamiento diferencial, de acuerdo a nuestros usos y costumbres, a nuestras comunidades. Solicitamos a las entidades del nivel nacional, regional, local y al Ministerio Público, cumplan con las funciones establecidas en la Ley, para que:
La Agencia Presidencial ACCIÓN SOCIAL del nivel nacional y territorial, brinde y garantice la Atención Humanitaria a las comunidades desplazadas del litoral del San Juan;
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia (Protección, Desplazados, y DD.HH) y las autoridades militares y policiales de la zona garanticen las medidas de Protección y Prevención, tanto a los líderes desplazados, como a las comunidades en general.
La Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior y de Justicia adopte las medidas de coordinación y apoyo institucional, para la protección de nuestros derechos.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo analicen y emitan Informes de Riesgo y Alertas Tempranas, para movilizar las medidas de protección que se requieran. Igualmente el acompañamiento jurídico y seguimiento de la Defensoría del nivel regional.
La Procuraduría de Derechos Étnicos solicite a quien corresponda las Medidas de Protección de Nuestros Territorios, artículo 127 de la Ley 1152, "Protección del Derecho Fundamental al Territorio"- por la situación de riesgo y desplazamiento que estamos sufriendo. Igualmente el llamado de atención e investigación a las entidades del nivel regional y local, por la omisión e incumplimiento de las
funciones.
La Cooperación Internacional CICR, ACNUR, Servicio Jesuita a Refugiados, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el Acompañamiento, la Observación y las Misiones Humanitarias, para que se verifique la situación de Derechos Humanos y DIH.
La atención a los miembros de las comunidades de Palestina, Coco y Quicharo que se encuentran en resistencia en su territorio y que se encuentran confinados sin poder salir a conseguir su sustento.
Consejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN
Consejo Comunitario General del San Juan – ACADESAN
Buenaventura, Carrera 16 No 3-10, Barrio el Firme
Telefax: 57.2.2402130- 3146210390; E-mail: acadesan@hotmail.com
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