El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano

 

 
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jueves, 19 de enero de 2012

** Carta del Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC) al presidente Santos


17 de enero de 2012

Doctor
Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
E.      S.      D.


Asunto: Los Derechos fundamentales a la Consulta y al Consentimiento Libres, previos e Informados de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales en Colombia

Estimado Señor Presidente:

Las personas abajo firmantes, intelectuales, académicos y profesionales colombianos y de otras nacionalidades, interesadas en que en la vida política social y económica de cualquier país, y en este caso, de Colombia, incorpore de manera real la democracia participativa, la no discriminación ni racial, ni étnica, ni de género, ni de ningún otro tipo en su vida nacional le hacemos seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los derechos fundamentales de los grupos étnicos. También seguimos si el Gobierno incorpora o no en sus definiciones públicas la pluralidad, la igualdad y la diversidad cultural en las políticas de desarrollo y en otros campos. Tomamos nota que entre los derechos fundamentales del derecho internacional y nacional están los derechos a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas, así como a comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom.

Estos dos derechos fundamentales, unidos entre sí intrínsicamente, son la manera particular de realizar para los grupos discriminados históricamente, el derecho a la participación y a  determinarse libremente con sus culturas y cosmovisiones propias, en razón de haber sido sometidos antes a servidumbre, discriminación o esclavización por siglos.

Como características mínimas, la consulta debe ser previa, libre e informada y debe atender a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades; y en caso de que no haya acuerdo con el proyecto, plan, ley o medida propuesta, las comunidades étnicas tienen el derecho a no conceder el consentimiento. También debe ser realizada de buena fe, mediante procedimientos adecuados culturalmente y a través de las organizaciones y autoridades propias, las legítimas representantes de ellas, para que las decisiones sean informadas, plenas y adecuadas.

El seguimiento de estos derechos para las comunidades afrodescendientes, en general, y de manera específica en materia legislativa, da cuenta que su gobierno no está cumpliendo con el derecho a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados, como lo muestran los procesos mediante los cuales se consultaron las leyes por  la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y restitución de tierras) y, pese a estipular claramente ésta última ley, que debería haber un proceso ad-hoc de consulta previa a las comunidades afrocolombianas, el Decreto-Ley reglamentario del artículo 205 de esta última Ley fue un proceso de consulta lleno de irregularidades de las cuales tenemos noticias a nivel internacional y nacional.

Manifestamos nuestra preocupación por que el Gobierno ha anunciado la necesidad de llevar a consulta varios proyectos de ley sobre temas clave para estas comunidades: la ley de Tierras y de desarrollo agrario, la de conocimiento tradicional y otras, puesto que en los procesos ya realizados se han registrado las siguientes irregularidades que su administración parece que aún no corrige y por lo tanto se replicarán en los próximos procesos:

  1. No se cumple con la obligación de que la consulta sea previa. Tanto el Plan de Desarrollo como la Ley de Víctimas estaban a su cargo señor Presidente y el de sus colaboradores desde sus inicios; sin embargo la consulta se abordó a posteriori.
  2. No se cumple con la obligación de que sea informada1,  pues se trata de que las decisiones que tomen las comunidades, a través de sus autoridades y organizaciones propias, haya tenido una etapa de información que dé lugar a procesos de comprensión y apropiación, para tomar decisiones respecto a ellas, ya que los pueden afectar en su pervivencia e integridad étnica y cultural.
  3. No se cumple con la obligación de que sea libre, en cuanto ha habido innumerables presiones para acelerarlos, dando prioridad a los trámites que requiere la agenda legislativa estatal, a costa de los grupos étnicos; además, diferentes organizaciones de comunidades negras y miembros de Consejos Comunitarios han recibido agresiones y amenazas, estigmatizaciones por denunciar las irregularidades y otros hechos preocupantes, lo cual coarta su libertad y pone en riesgo su integridad física y cultural. Tampoco es libre en cuanto no se respeta  el derecho al consentimiento que es la realización del derecho a determinar libremente su futuro, por sí mismas2. Al no hacerse los procesos de consulta adecuadamente y con los representantes legítimos que son los Consejos Comunitarios podemos hablar de discriminación y exclusiones, que  coartan su capacidad de ejercicio de la libertad de decisión.
  4. No se cumple con la obligación de que sea de buena fé3, pues los procedimientos de consulta y consentimiento están siendo tratados por el alto Gobierno como un trámite más para sus objetivos y metas políticas, debido a decisiones que ya previamente han sido tomadas o concertadas con quienes las avalarán con sus firmas espurias, pues a ellos/as no les importa las consecuencias para la población afrocolombiana, que es al menos el 10% del total de la población colombiana. El Gobierno probablemente está yendo a estos procesos de consulta con decisiones ya tomadas sobre cuáles serán los resultados de éstos procesos.
  5. No cumple con la obligación de hacerse mediante los procedimientos adecuados, como la preconsulta o concertación previa para definir sus términos y ruta, como ha ordenado la Corte Constitucional. Hasta ahora, el proceso ha sido una decisión arbitraria del alto Gobierno respecto de los tiempos y los sitios donde se realizan y se entrega información, sin que las comunidades estén plenamente informadas y puedan decidir con conocimiento y a conciencia.
  6. No se cumple con la obligación de hacerlas con las organizaciones y autoridades propias, legítimas y que representan realmente la diversidad de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales del país. Su Gobierno, basándose en interpretaciones jurídicas dudosas, y discutibles, hizo acuerdos y alianzas con una sola instancia –la Consultiva de Alto Nivel - creada para otros fines diferentes a ser la instancia que realiza las consultas y da los consentimientos, como mantener un espacio de diálogo con el Estado, en virtud de la Ley 70 de 1993, y que, por diferentes razones, ha perdido su legitimidad, convirtiéndose en una instancia al servicio de intereses particulares de algunas personas allí instaladas.  Esta instancia no es representativa para efectos de ningún miembro terminaron su mandato y ha debido haber una nueva elección. Extenderle la vigencia de su período, mediante un decreto aparentemente negociado, a pesar de una Sentencia del Consejo de Estado (Sentencia 530 de 2010) sobre su naturaleza y composición, es no sólo falto de transparencia, sino ilegal y desobediencia a una orden jurídica, ya que todos los procesos de consulta y consentimiento pendientes aún en materia legislativa son de interés vital para las poblaciones afrocolombianas4.

Por las anteriores razones solicitamos muy respetuosamente que:

  1. Como Presidente de Colombia y jefe del equipo de Gobierno nos permita conocer de su propio Despacho cómo llevará el cumplimiento de los derechos a la consulta previa, libre e informada y al consentimiento libre, previo e informado según la Constitución Nacional Colombiana, el Convenio 169 de la OIT (aprobado en Colombia mediante Ley 21 de 1991) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que protegen a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras también para los casos que se encuentran próximos a iniciarse.
  2. Se respete la representación propia y legítima de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en cabeza de los Consejos Comunitarios para efectos de ser los interlocutores legítimos en los procesos de consulta, y que no sean substituidas las autoridades propias tradicionales y sus organizaciones por una entidad no representativa y cuestionada en su integridad como la Consultiva Nacional.
  3. Para efectos de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado del Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural se realice este proceso de acuerdo a los dictámenes internacionales y nacionales de estos dos derechos de participación, libre determinación concretados en la consulta y el consentimiento libres, previos e informados y respetando la representación en cabeza de las autoridades propias cuales son los Consejos Comunitarios y sus organizaciones tradicionales.

El incumplimiento de estos mínimos legales es de extrema gravedad para el país, señor Presidente. A nivel nacional e internacional seguiremos observando que su administración cumpla con todos los derechos de los pueblos que han sido y continúan siendo discriminados y excluidos, no sólo por su pertenencia étnica/racial, sino por procedimientos contrarios a las leyes y a los estándares internacionales. Que su Gobierno no pase a la historia como el que perpetuó las formas modernas de exclusión y discriminación racial, étnica y cultural, derivada del lastre de siglos de esclavización que le negó a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia sus derechos fundamentales a la participación y a determinarse libremente.


Atentamente,


Grupo de Académicos e Intelectuales en Defensa del Pacífico (GAIDEPAC)

Kiran  Asher, Depto. de Estudios Internacionales, Clark University, Worcester, USA
Teo Ballvé, Depto. de Geografía, University of California, Berkeley, USA
Michael Birenbaum Quintero, Depto. de Música, Bowdoin College, Brunswick, USA
Mario Blaser, Depto. de Estudios Aborígenes, Memorial University of Newfoundland, Canada
Marisol de la Cadena, Depto. de Antropología, University of California, Davis, USA
Juana Camacho, Depto. de Antropología, University of Georgia, Athens, USA
José Jorge de Carvalho, Profesor de Antropología de la Universidad de Brasília
Arturo Escobar, Depto. de Antropología, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, USA
Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra, Oaxaca, México
Charles Hale, Depto. de Antropología, University of Texas, Austin, USA
Juli Hazlewood, Consultora UNESCO, Quito, Ecuador
Soren Hvalkoff, Rainforest Foundation, Oslo, Noruega
Joseph Jordan, Profesor de Estudios Afroamericanos, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill
Agustin Laó, Depto. de Sociología, University of Massachusetts, Amherst, USA
Enrique Leff, Professor of Ecología, UNAM, México
Karl Offen, Depto. de Geografía, University of Oklahoma, USA
Ulrich Oslender, Depto. de Estudios Globales & Socioculturales, Florida International University, Miami
Alejandro Parellada, IWGIA, Copenhague, Dinamarca
Tianna Paschel, Depto. de Sociología, University of California, Berkeley, USA
Jean Rahier, Estudios Africanos & Diaspóricos, Florida International University, Miami
Joanne Rappaport, Depto. de Antropología, Georgetown University, Washington, USA
Dianne Rocheleau, Depto. de Geografía, Clark University, Worcester, USA
Cristina Rojas, Depto. de Ciencia Política, Carleton University, Ottawa, Canada
Jhon Anton Sanchez, Investigador y Docente, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quit.
Irene Velez-Torres, Depto.de Geografía, University of Copenhagen, Denmark
Peter Wade, Depto. de Antropología, University of Manchester, UK
Catherine Walsh, Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito
Ann Farsnworth-Alvear, University of Pennsylvania.
Javier Laviña, Profesor Titular de Historia de América, Universitat de Barcelona.
Michael Taussig, Profesor de Antropologia, Columbia University.
Carlos Agudelo.Investigador asociado
URMIS
Unidad de Investigacion Migraciones y Sociedad
IRD Université Paris VII-Université Nice Sophia Antipolis

Michael Birenbaum Quintero. Assistant Professor of MusicBowdoin College 
Bernd Reiter, Ph.D. Associate Professor of Comparative Politics. University of South Florida 
En Colombia del mismo Grupo:
Jaime Arocha, Miembro Comité Científico Internacional, Proyecto UNESCO La Ruta del Esclavo, Resistencia, Libertad y Patrimonio
Oscar Almario, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Juan Ricardo Aparicio, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
Patricia Botero Gómez, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Manizales
María Eugenia Chaves, Depto. de Historia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín
Gustavo de Roux, Investigador Independiente, Cali
Gladys Jimeno, Experta en Derechos Humanos, Bogotá, Colombia
Gerardo Ardila, Director Instituto de Estudios Urbanos, Universidad Nacional de Colombia
Betty Ruth Lozano, Investigadora Independiente, Rep Legal Fundación Akina Zaji Sauda -Conexión de Mujeres Negras-Cali, Colombia
César Monje, Ecólogo e Investigador Independiente, Bogotá, Colombia
Eduardo Restrepo, Instituto Pensar, Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia
Manuel Rodríguez Becerra, Facultad de Administración, Universidad de los Andes, Bogotá
Jeannette Rojas Silva, Investigadora Independiente, Cali
Axel Rojas, Departamento de Estudios Interculturales, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
Amanda Romero, Facultad de Derecho, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja
Mario Diego Romero, Depto. de Historia, Universidad del Valle, Cali
Hildebrando Vélez, Ciencias Ambientales,  Universidad del Valle, Cali
Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y periodista de El Espectador, Bogotá, Colombia
Myriam Jimeno. Antropóloga. Universidad Nacional.
Claudia Leal. Profesora Asociada del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.
Catalina Cortes Severino

Otras firmas Internacionales
Viviane Weitzner, Investigadora Social, Canadá


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1"los mecanismos de participación no pueden limitarse a cumplir una simple función informativa" Sentencia C-891 de 2002. En el mismo sentido las sentencias T-382 de 2006, T-880 de 2006, C-461 de 2008, C-175 de 2009, C-615 de 2009 y T-769 de 2009, entre otras.

2 Adicionalmente, el proceso de consulta debe llevarse a cabo "con miras a alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de las comunidades indígenas (…)" Sentencia C-030 de 2008. En el mismo sentido la sentencia SU-039 de 1997.

3"la realización de la consulta de buena fe implica que ésta no se debe abordar como un mero procedimiento formal a cumplir, ni como un trámite" Sentencia C-461 de 2008.

4"Los gobiernos no pueden consultar a cualquiera que declare representar a la(s) comunidad(es) afectada(s). Las consultas deben emprenderse con organizaciones/instituciones genuinamente representativas, que están habilitadas para tomar decisiones o hablar en nombre de las comunidades interesadas. Por consiguiente, los gobiernos, antes de iniciar las consultas, deben identificar y verificar que las organizaciones/instituciones con las que tienen previsto tratar cumplan con estos requisitos" Ibídem. En el mismo sentido, las sentencias T-652 de 1998, C-030 de 2008, C-461 de 2008 y T-769 de 2009, entre otras.


DISPONIBLE EN:
https://docs.google.com/document/d/1xzFmwaXM4esyaapxwV_TdNXi2SDo8aA7NhGhmyKxfXw/edit?pli=1



** 1998. El PCN y la Consulta Previa.

Date: Tue, 17 Jan 2012 23:12:42 +0000
From: pcnkol.bogota@renacientes.net


Este texto es de 1998 cuando el Gobienro Nacional expidio el 1320.
El debate nuestro en este tema no ese ahora...
El comportamiento del gobierno frente al tema tiene constantes...
Equipo PCN
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SEMILLAS No. 12
Dinámicas y hechos nacionales:
El Decreto 1320  Desconoce los derechos de las comunidades negras e indígenas y prepara el camino a los megaproyectos

Proceso de Comunidades Negras (resumen del comunicado)

El 13 de julio de 1998 el gobierno Colombiano expidió el "decreto 1320 con el que reglamenta la Consulta Previa para Comunidades Indígenas y Negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio". La Consulta Previa es un mecanismo de protección de la integridad cultural de las comunidades negras e indígenas. El decreto fue expedido sin que hayan sido consultadas las comunidades, sus organizaciones y autoridades y desconoce derechos que le están reconocidos a las comunidades negras e indígenas en la constitución, la ley colombiana y en instrumentos de derechos internacional, como el Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Mediante este decreto se limitan y socavan las bases de la participación de nuestras comunidades en las decisiones que nos incumben y afectan. Las restricciones en él contempladas, a la participación se convierten en un peligro para nuestras comunidades, cultura y hábitat. Con la expedición y aplicación de este decreto, el gobierno tiene las manos libres para otorgar licencia ambiental a innumerables proyectos que además de lesionar nuestros derechos destruirán muchos ecosistemas y la biodiversidad que ellos albergan y que nuestras comunidades han ayudado a conservar. Igualmente, se busca quebrar la resistencia de nuestras comunidades frente a proyectos y opciones de desarrollo no sostenibles ni cultural ni ambientalmente.

Para conseguir este objetivo y favorecer los intereses de las empresas, el gobierno se aparta del cumplimiento de la constitución y de la ley colombiana. Según la primera es "un fin esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (artículo 2). En igual sentido el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia mediante la Ley 21 del 4 de marzo de 1991, señala en su artículo 6.a. que los Estados deberán "Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente".

El decreto expedido señala que la Consulta Previa solo se aplicará en las zonas donde las comunidades negras ocupan territorios titulados o susceptibles de ser titulados colectivamente; esta restricción niega a la gran mayoría de las comunidades negras del país, asentadas en la Costa Caribe, los Valles interandinos de los ríos Patía, Cauca y Magdalena, su derecho a utilizar este mecanismo de protección de la identidad cultural.

El decreto 1320 prevé en uno de sus artículos hacer ajustes dentro de los seis meses siguientes a su expedición de los procedimientos en el señalados para la participación de las comunidades a partir de los aportes de estas. Mientras esto ocurra, el Ministerio del Medio Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán las manos libres para expedir la licencia ambiental que permita el llenado y la operación de la hidroeléctrica URRA I, ubicada entre los departamentos de Antioquía y Córdoba en predios del Parque Natural, Nudo de Paramillo. Este megaproyecto afecta directamente a las comunidades indígenas Zenú y Emberá Katío y a cerca de 10.000 familias de pescadores.

Este decreto desconoce los derechos a la identidad cultural y a la participación de las comunidades negras asentadas por fuera de las áreas tituladas colectivamente. Las discrimina, vulnerando el principio de la igualdad ante la ley consagrados en los artículos 13 de la Constitución Política de Colombia y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; violando el artículo 27 de este último. Igualmente desconoce y viola las obligaciones asumidas por el Estado colombiano, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las Comunidades Negras y las Indígenas requerimos de la solidaridad y el apoyo nacional e internacional de muchos sectores, personas y organizaciones para derrotar el decreto 1320 y los peligros que implica para nuestros pueblos. Si pueden, envíen comunicaciones pidiendo se respeten los derechos de los grupos étnicos en Colombia y se derogue inmediatamente el decreto 1320 de 1998. Estas deben estar dirigidas al Presidente de la República y al Ministro del Medio Ambiente, con copia al Proceso de Comunidades Negras.

Proceso de Comunidades Negras
Calle 16 # 3A 73, Barrio El Firme, Buenaventura. A.A.1027Telefax. 572 2413578, Tel. 572 2424957. TerritorioRegión del Pacifico. Colombia. E mail: pcnkolombia@mixmail

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Por los derechos de todos. Mandato I Asamblea, Tumaco 1992
Informar y Consultar Siempre. Mandato II  Asamblea, Bogota 1993
Somos un sector del Movimiento y somos Diaspora Africana. Mandato III  Asamblea,   Puerto Tejada 1993
Resistir no es Aguantar. Mandato IV Asamblea, Cali, 2007
PCN, 20 años
Afirrmando la Vida y la Alegria, la Esperanza y la Libertad..

martes, 18 de octubre de 2011

** Comunicado público de la RNDP por el asesinato de Luis Eduardo Garcia

From: <asistente@laalianza.org.co>
Date: 2011/10/18



Bogotá, 18 de octubre de 2011


La Red Nacional en Democracia y Paz y las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro dolor y solidaridad por el asesinato de nuestro compañero LUIS EDUARDO GARCIA, que fue encontrado ayer sin vida, luego que el domingo se dirigía de Popayán al Tambo, cuando cayó en un retén que montaron asaltantes en un sitio conocido como Caña Agria.

El compañero Luis Eduardo García fue miembro de la Red Nacional en Democracia y Paz y dirigente de la Corporación Casa de la Juventud y se caracterizó por su entrega y compromiso con la gente más necesitada y por la búsqueda de un país en paz y con plena vigencia de los derechos humanos.

Las organizaciones abajo firmantes en calidad de miembros de la Red en Democracia y Paz, rechazamos de manera categórica los hechos descritos que cegaron la vida de nuestro compañero Luis Eduardo.  Consideramos este acto cobarde como inadmisible y exigimos ante el Gobierno Colombiano y las autoridades competentes que adelanten las investigaciones correspondientes
para el esclarecimiento de estos hechos que terminaron con la vida de Luis Eduardo.

Para muchos de nosotros es difícil hacer presencia física en la ceremonia litúrgica, pero unidos los acompañamos de todo corazón a su familia y a los/las compañeros/as de la Corporación Casa de la Juventud y desde cada uno de nuestros lugares elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso.

En honor a su nombre seguiremos luchando por un país más justo y solidario.

El señor les envíe todas sus bendiciones.

Suscriben

•       Corporación de Servicio a Proyectos de Desarrollo PODION – Bogotá D.C.
•       Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali
•       Pastoral Social de la Diócesis de Buenaventura
•       Taller Abierto – Cali
•       Fundación Demospaz – Pasto
•       Asociación Cultural Casa del Niño – Villarrica
•       Fundación Comando de los Sueños – Sevilla
•       Comité Cultural Zapamanga (COCUZA) – Floridablanca
•       Pastoral Social de la Diócesis de Granada
•       Pastoral Social de la Arquidiócesis de Barranquilla
•       Corporación Thimos – Bogotá D.C.
•       Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco
•       Corporación Colombia Joven – Villarrica
•       Centro de Capacitación Don Bosco – Cali
•       Corporación por el Desarrollo de la Provincia de Vélez
•       Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares de Colombia "El Común" – San Gil
•       Pastoral Social de la Diócesis de Málaga-Soatá
•       Pastoral Social de la Diócesis de Ocaña
•       Fundación San Isidro – Duitama
•       Fundación Infancia Feliz – Barranquilla
•       Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Santa Marta
•       Asociación para la Promoción del Desarrollo Integral del Caribe (APRODIC) – Cartagena
•       Corporación Tiempos de Vida – Magangué
•       Corporación Desarrollo Solidario (CDS) – Cartagena
•       Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Neiva
•       Plataforma Sur de Organizaciones Sociales – Neiva
•       Diócesis de Montería – Proyecto de Desarrollo Comunitario CODEPAS
•       Fundación para el Desarrollo de la Mujer de Buenaventura (FUNDEMUJER)
•       Secretariado Diocesano de Pastoral Social Inírida
•       Pastoral Social de la Diócesis de Puerto Carreño
•       Asociación Red Municipal de Promotores Juveniles de Derechos Humanos – Cali
•       Corporación Vive – Buenaventura
•       Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV) – Cali
•       Corporación Asesorías para el Desarrollo ASDES – Cali
•       Fundación Rostros y Huellas del Sentir Humano – GARIFUNA - Buenaventura
•       Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Vélez
•       Secretariado Regional de Pastoral Social – Caritas Suroriente – Villavicencio
•       Pastoral Social de la Diócesis de Puerto Gaitán
•       Pastoral Social de la Arquidiócesis de Villavicencio
•       Movimiento de Mujeres Populares e Inmigrantes – Cali
•       Pastoral Social de la Diócesis de Pasto
•       Pastoral Social de la Diócesis de San José de Guaviare
•       Asociación Juvenil Bet-lehem – Ocaña
•       Diócesis de Sincelejo – Diakonia de la Paz
•       Pastoral Social de la Diócesis de Montelíbano
•       Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción (FUNSAREP) – Cartagena
•       Vicaría del Sur – Diócesis de Florencia
•       Cooperativa Central de Caficultores del Huila (COOCENTRAL) – Garzón
•       Asociación Cultural y Ambientalista del Sur (ACAS) – Neiva
•       Pastoral Social de Mitú
•       Corporación Red de Promotores de DDHH y DIH – Neiva
•       Pastoral Social Diocesana de Armenia
•       Fundación Concern Universal Colombia – Ibagué
•       Asociación por la Paz, la Vida y la Justicia – Mariquita
•       Pastoral Social de la Diócesis de Florencia




jueves, 13 de octubre de 2011

Impunidad / Impunity - En línea

¡Por fin!




Impunity de Juan Lozano y Hollman Morris


Colombia, en la década del 2.000 vivió la desmovilización de más de 30 mil paramilitares acusados del asesinato de miles de colombianos. Se inició el proceso judicial histórico con algunos comandantes desmovilizados. Impunidad es un testimonio revelador del encuentro entre víctimas y victimarios en los estrados judiciales, y del apoyo de sectores políticos, militares y económicos en la guerra paramilitar. Se utilizó el nombre de "justicia y paz" para dejar casi nada de ambas. Desde esferas muy poderosas se mantiene una política afanosa en proyectos de ley y lentísima y enredada para procesos de protección, garantías y resarcimiento para las víctimas. ¡Que por fin el equilibrio favorezca a las víctimas y todos los afectados! Entonces por fin podremos hablar de justicia y de paz...


martes, 13 de septiembre de 2011

** Episcopado rechaza asesinato de sacerdote

From: "Luz Marina Medina" <luzmedina@cec.org.co>
Date: Mon, 12 Sep 2011 18:06:25 -0500


EPISCOPADO COLOMBIANO RECHAZA ASESINATO DE SACERDOTE

El Episcopado colombiano, informado del cruento asesinato del Rev. Padre Gualberto Oviedo Arrieta, Párroco de Nuestra Señora del Carmen en Capurganá, Diócesis de Apartadó, quiere expresar su profundo dolor y preocupación por este nuevo acto de violencia que enluta a la Iglesia Católica y aflige profundamente al pueblo colombiano.

Con el homicidio del Padre Gualberto Oviedo Arrieta asciende a 6 el número de sacerdotes asesinados en Colombia en lo corrido del año de 2011. "Una cifra altamente preocupante, que manifiesta el estado de violencia y de deterioro moral que vive nuestra sociedad" afirmó Mons. Juan Vicente Córdoba, Secretario General del Episcopado, subrayando "el valiente compromiso de nuestros presbíteros con la denuncia profética de las injusticias y con la causa de los más pobres del país".

Hacemos memoria de los sacerdotes que en recientes hechos de violencia en nuestro país han sido asesinados:

El Padre Reynel Restrepo Idárraga, párroco de la población de Marmato (Caldas), quien llevaba dos años como párroco de la misma localidad, acribillado en la tarde del pasado primero de septiembre, cuando viajaba en una motocicleta por la vía que une las poblaciones de Belén de Umbría con Guática.
El 27 de enero pasado fueron hallados en la localidad de Kennedy, en Bogotá, los cuerpos de los sacerdotes Rafael Reátiga Rojas (de la Diócesis de Soacha) y Richard Armando Piffano Laguado (de la Diócesis de Fontibón).

En la noche del 12 de febrero, el sacerdote Luis Carlos Orozco Cardona fue asesinado en la población de Rionegro (Antioquia).

El 12 de mayo, el sacerdote eudista Gustavo García, Capellán de la Universidad Minuto de Dios, fue asesinado en Bogotá por un hombre durante un asalto para despojarlo de su teléfono celular.

Mons. Juan Vicente Córdoba instó a las autoridades a brindar una eficaz protección a los agentes pastorales de la Iglesia. "Estos hechos de violencia deben ser investigados con rigor y sancionados con todo el peso de la ley, evitando que queden en la impunidad" concluyó el Secretario General del Episcopado.

Según cifras de la Conferencia Episcopal de Colombia, entre 1984 y septiembre de 2011, en el país han sido asesinados dos Obispos, 79 sacerdotes, ocho religiosas y religiosos, así como tres seminaristas.



jueves, 1 de septiembre de 2011

** Comunicado ASCOBA 31ago11



A S C O B A
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato
POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO
Nit. 818.002.380-0


Riosucio Chocó, 31 de Agosto de 2011

Asunto: Comunicado Público

La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato ASCOBA manifiesta su preocupación por la alteración al orden público que se está presentando en el área de influencia de la organización (La Larga Tumaradó, Curbaradó, Salaqui, Pedeguita Mancilla, Subcuenca de Quiparadó, Domingodó y Atrato).

Durante los últimos meses ha aumentado el número de homicidios, desaparición forzada, amenazas y señalamientos especialmente en las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó dilatando la continuación de la elaboración del censo de estas comunidades ordenada por la Corte Constitucional en el Auto del 18 de Mayo de 2010.

Rechazamos los hechos que se han venido presentando en nuestras comunidades ya que intervienen con el normal funcionamiento de los consejos comunitarios, limitando su autonomía y permanencia en el territorio.

Exigimos a las autoridades competentes tomar medidas frente a los hechos ocurridos durante los últimos meses ya que esta situación genera zozobra a las familias que están resistiendo dentro del territorio y las que pretenden retornar a sus lugares de origen.

Solicitamos a los órganos nacionales e internacionales defensores de Derechos Humanos hacer mayor presencia en la zona y visibilizar la situación frente a la violación de derechos humanos que viven nuestras comunidades.


Atentamente,


Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato ASCOBA

Dirección Río Sucio / Chocó / Barrio Maken




jueves, 21 de julio de 2011

** Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

De: Anthony Dest <dest.anthony@gmail.com>
Fecha: 20 de julio de 2011 14:33



Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

 


La violencia y hostigamiento continúan socavando el marco legal que defiende los derechos de los afrocolombianos. Aunque las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra, las comunidades afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzado. Los consejos comunitarios afrocolombianos se crearon para administrar los territorios colectivos y jugar un importante papel en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, e informado. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen expulsando violentamente a las comunidades afrocolombianas de sus territorios colectivos, haciéndolo con la cooperación y aval de proyectos económicos de gran escala. ACSN ha denunciado en varias ocasiones estas expresiones de violencia en contra de las comunidades y líderes afrocolombianos. Pese al conocimiento doméstico e internacional de la destrucción sistemática de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las amenazas y la violencia no han disminuido:

 

El 15 de julio, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su celular a las 12:48 a.m. el siguiente mensaje de texto: "ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre".

Mientras tanto, uno de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes empezando el 7 de julio. El anónimo dijo: "tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo".


Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 líderes afrocolombianos e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. Incluso en La Toma, Cauca, paramilitares y compañías multinacionales siguen amenazando los derechos de la comunidad y la autonomía del consejo comunitario a pesar de la atención internacional que ha recibido la situación. El 15 de julio, Aníbal Vega, el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma, recibió una llamada telefónica advirtiendo que "…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben".

 

retrosDichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de la Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A/10 de la Corte Constitucional que declara ilegal toda actividad minera hecha sin primero haber cumplido con el derecho del consejo comunitario a consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los afrodescendientes de La Toma han practicado la minería artesanal desde 1636. No obstante, los inversionistas han solicitado y buscado licencias mineras en las tierras colectivas por los últimos 11 años. Paramilitares y mineros ilegales siguen amenazando con su presencia en La Toma a través de actividades mineras ilícitas, amenazas y asesinatos. Desde hace varias semanas hay ocho retroexcavadoras en tres sitios diferentes del territorio del Consejo Comunitario de La Toma haciendo minería ilegal (ver foto). La presencia de 4 de estas retroexcavadoras era de conocimiento de funcionarios del gobierno y de autoridades locales, regionales y nacionales desde el 15 de junio. El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Colombia proteger desde comienzos del 2009. Estas expresas han sido desobedecidas.

 

La violencia y los atentados en contra del las comunidades afrocolombianos e indígenas no se ha limitado a Cauca o los integrantes del PCN. Hay un ambiente de intimidación y violencia generalizada en contra de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Para señalar sólo una instancia, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) en Santiago de Cali el 13 de julio. Los hombres atacaron al representante legal de la organización y a otro miembro del equipo de COPDICONC, señalándolos como "guerrilleros" mientras los abusaban físicamente y demandaban saber a qué grupo guerrillero pertenecían. Los hombres robaron computadoras, grabadoras, memorias USB y materiales que contienen información sensible acerca de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Ese mismo día, 3 hombres armados ingresaron a la casa de la presidenta de COPDICONC. Estos tipos de ataques dificultan el trabajo de la sociedad civil para defender los derechos constitucionales de los afrocolombianos.

El movimiento en defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas ha tenido que afrontar diversos obstáculos locales, nacionales e internacionales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos hechos por grupos armados ilegales no han parado de agredir a organizaciones y líderes afrocolombianos. Cuando los líderes y organizaciones son silenciados, las comunidades que ellos representan se quedan sin protección. La presión inmensa de vender o abandonar sus tierras colectivas  hace más difícil que estas comunidades defiendan sus derechos territoriales. Las medidas de protección que han sido adoptadas para estos líderes y comunidades son mínimas. Hay casi total impunidad de los delitos que se cometen contra los afrocolombianos.


Las violaciones constantes a los derechos culturales, territoriales y humanos de comunidades afrocolombianos se agravará con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una mayor inversión efectuada en el contexto de un conflicto armado interno devastará estas comunidades ya que no hay garantías para la protección de los derechos etnoterritoriales de los afrocolombianos. El congreso de EE.UU. debe apoyar la carta del congresista Hank Johnson a Obama, la cual exhorta al presidente a que se oponga al TLC y que "los Estados Unidos y Colombia tomen medidas inmediatas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas y prevenir que sucedan nuevos desplazamientos de estas comunidades".


ACSN recomienda que el Departamento de Estado y el congreso de los EE. UU. le urjan al gobierno colombiano que:


  • (a) implemente el Auto 005 y Sentencia 1045-A de la Corte Constitucional (b) cree medidas de protección diferenciales y colectivas con son consultadas con los consejos comunitarios y organizaciones (c) se comunique con la alcaldía de Suárez, Cauca y demande sacar las retroexcavadoras que hay en el territorio y la adopción de medidas para prevenir la llegada de nuevas y (d) reconozca la ruta de protección del territorio tradicional.
  •  El Ministerio del Ambiente respete los derechos ambientales de las comunidades.
  •  El Ministerio de Defensa decomise las ocho retroexcavadoras en el territorio colectivo de La Toma.
  • La Alcaldía de Suárez (a) defienda la autoridad del Consejo Comunitario de La Toma ante los intereses privados e inversionistas y (b) demande que la Fuerza Publica decomise las ocho retroexcavadoras.
  • La Procuraduría General de la Nación (a) investigue y sancione a todos los funcionarios que otorgaron títulos o concesiones violando los derechos de las comunidades y (b) abra una investigación a la alcaldía y secretario de gobierno de Suárez y demás funcionarios gubernamentales por permitir la minería ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.
  • La Fiscalía General de la Nación abra una investigación penal a los dueños de la maquinaria y a todas las demás personas que han permitido o consentido la entrada, presencia y actividad ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.

 

CONTACTO:


Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603;
charominarojas@gmail.com 

  

* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.


***


New Abuses of Afro-Colombians' Legal Rights under Santos Administration

                                                                                                         

Violence and intimidation tactics continue to undermine the legal framework that defends the rights of Afro-Colombians. Despite possessing collective land rights to more than 5.2 million hectares of land, Afro-Colombians are disproportionately affected by forced displacement. Democratically elected Afro-Colombian Community Councils were created with the purpose of governing the collective territories and playing an important role in defending the right to previous, free, and informed consultation and consent. However, paramilitary groups that collude with large-scale economic projects violently expel Afro-Colombian communities from their collective lands. ACSN has repeatedly denounced various expressions of violence against Afro-Colombian communities and leaders. Despite domestic and international awareness of the systematic destruction of Afro-Colombian communities' rights, the threats and violence continue:


On July 15, José Santos Caicedo of the Black Communities' Process (PCN) received a text message at 12:48 a.m. that said: "You already know that everything has a price, but you will pay the price with blood." Mr. Santos is member of PCN's National Coordination Team.

Meanwhile, one of PCN's local activists in northern Cauca, Armando Caracas Carabalí, received a series of threatening phone calls beginning on July 7. The anonymous caller said: "You have 24 hours to leave the municipality of Buenos Aires or we will fill you with bullets."


These threats arrive in a context where at least 29 Afro-Colombian and indigenous leaders have been murdered in 2011 alone. Even in La Toma, Cauca, paramilitaries and multi-national corporations continue to threaten the rights of the community and the autonomy of the Community Council despite increased international attention. On July 15, Aníbal Vega, the legal representative of La Toma's Community Council, received a threatening phone call that said: "You people from the Community Council are the ones opposed to the machines working in the Ovejas River. The bumps in the road must be removed so that they don't disturb progress."

 

retrosThe recent intimidation against the Community Council of La Toma comes after Constitutional Court Sentence 1045-A, which declares that all mining and mining licenses granted in the collective lands are illegal if they do not abide by the Community Council's rights to previous, free, and informed consultation and consent. Afrodescendents in La Toma have practiced artisanal mining since 1636. However, investors have sought mining licenses on the Community Council's lands for at least eleven years. Paramilitary groups and illegal miners continue to impose their presence in La Toma via illegal mining, threats, and murders. For many weeks eight excavators (see photo) in three different parts of the Community Council of La Toma have been mining illegally. Government officials and local, regional and national authorities have been aware of the excavators since June 15. The Community Council of La Toma is one of the emblematic cases mentioned in Constitutional Court Order 005 of 2009. The orders to protect La Toma have not been implemented and disobeyed.


Recent violence and attacks on Afro-Colombian and indigenous communities are not limited to Cauca or the members of PCN. There is a generalized sense of intimidation and violence against Afro-Colombian and indigenous communities and their rights. For example, two armed men broke into the offices of the Council for the Integral Development of Black Communities of the Western Mountain Chain of Nariño (COPDICONC) in Santiago de Cali on July 13. The men assaulted the legal representative and another member of COPDICONC. They called the members "guerrillas" as they physically abused them and demanded to know what guerrilla group they belonged to. The men stole computers, recording equipment, cellular phones, hard drives, and other material with sensitive information regarding human rights violations against Afro-Colombian communities. That same day, the home of the president of COPDICONC was broken into by three men. These kinds of attacks make it extremely difficult for civil society to defend the constitutional rights of Afro-Colombians.


The movement to defend the rights of Afro-Colombian communities has met serious obstacles at the local, national, and international level since its inception. Threats, attacks, and murders by illegal armed actors continue to target Afro-Colombian leaders and organizations. When leaders and organizations are silenced, the communities that they represent are left defenseless. These communities find it increasingly difficult to defend their collective land rights in the face of increased pressure to abandon or sell it. The protective measures from the government that have been adopted for these leaders and communities are minimal. There is almost complete impunity for the crimes that are committed against Afro-Colombian leaders.


The continued abuse of the cultural, territorial, and human rights of Afrodescendent communities will be aggravated by the approval of the pending Free Trade Agreement. Increased investment in the context of an internal armed conflict will devastate these communities because there is no guarantee for the protection of Afro-Colombians' ethnoterritorial rights. The U.S. congress should support Rep. Hank Johnson's letter to Obama opposing the FTA and demonstrating the need for the "United States and the Colombian government to take immediate steps to strengthen Afro-Colombian territorial rights and prevent further displacement of Afro-Colombians."


ACSN recommends that the U.S. State Department and Members of the U.S. congress urge the Colombian government to:


  • (a) fully implement Constitutional Court Order 005 and Sentence 1045-A (b) create differential and collective protective measures that are consulted with the community councils and organizations (c) contact the mayor's office of Suarez, Cauca and demand that they remove the excavators in the territory and adopt measures to prevent the arrival of new ones, and (d) recognize the protection route of the traditional territories (la ruta de proteccion del territorio tradicional).
  • Ministry of the Environment to respect the environmental rights of the communities.
  • Ministry of Defense to confiscate the eight illegal excavators in the collective territory of La Toma.
  • Mayor's Office of Suarez to (a) defend the authority of the Community Council of La Toma before private interests and investors, and (b) demand that the Colombian Armed Forces remove all eight of the excavators.
  • Prosecutor General's Office to (a) investigate and sanction the officials that have granted titles and concessions that violate the rights of the communities, and (b) open an investigation into Suarez's mayor's office and secretary of the government, in addition to other government officials, for permitting illegal mining in the territory of the Community Council of La Toma.
  • Inspector General's Office to open a criminal investigation against the owners of the machinery and all other people that have permitted the entrance, presence, and illegal activity of the excavators in the territory.

 

CONTACT:

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com


*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) serves as an international observer.


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