Comunicado a la Opinión Pública
A raíz del Noveno Aniversario de la Masacre de Bojayá
Y la Grave Situación de Victimizados y Desplazados por la Violencia en el Chocó
El dos de mayo, día que dedicamos a la memoria de todos los victimizados por la violencia política en el Chocó, es una fecha en que hacemos balances y reflexiones sobre la situación de los derechos de centenares de familias que perdieron seres queridos por causa de una guerra impuesta por diversos actores públicos y privados interesados en despojarnos de nuestros territorios, para enriquecerse cada vez más a costa de nuestro sufrimiento y dolor.
El Estado colombiano nos sigue victimizando cada día cuando nos niega la justicia, oculta la verdad, aplaza y condiciona la reparación, y no sienta las bases para garantizar la no repetición; cuando le entrega de múltiples maneras nuestros territorios a empresas privadas, priorizando a las multinacionales, a sabiendas que éstas nos empobrecen aún más y causan grandes afectaciones y destrucciones ambientales y sociales; cuando no restablece los derechos de los desplazados que en nuestro departamento constituyen más de la mitad de la población; cuando mantiene y ofrece privilegios a los victimarios bajo un manto generalizado de impunidad, no cumple con las ordenes de la Corte Constitucional en materia de proteger y salvaguardar a los pueblos indígenas que vienen siendo sistemáticamente exterminados, ni a las comunidades negras que seguimos siendo las más vulneradas y violentadas en nuestros derechos colectivos, dejando con todo ello intactas las causas y consecuencias del conflicto social y armado en nuestra región y en todo el territorio nacional.
Con la actual agenda legislativa y las acciones gubernamentales se van a legalizar muchas injusticias cometidas contra los más empobrecidos del país, empezando con la llamada ley de victimas y restitución de tierras que próximamente va a ser aprobada con el discurso de reparar a las víctimas, cuando en esencia no se va a reparar, ni se garantizará la verdad, ni aplicará justicia a tantos autores intelectuales y materiales de tanta violencia política, ni se adoptarán medidas para transformar el conflicto y garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad.
Como si fuera poco, en esta ley no fuimos tenidas en cuenta las etnias, con el pretexto de la Consulta Previa nos aplazan la supuesta reparación y devolución efectiva de nuestros territorios, quedando a merced de futuras disposiciones del gobierno nacional y sus políticas económicas, quienes no tienen ninguna intención de garantizar auténticos procesos de Consulta Previa, ni de proteger y garantizarnos los derechos colectivos; por el contrario amplía y fortalece las garantías para la intromisión y enriquecimiento de las multinacionales a costa del saqueo y la destrucción de nuestros territorios ancestrales.
Así nos encontramos, acorralados por las instituciones públicas, que en vez de garantizar el disfrute y goce de nuestros derechos como etnias, nos ignora y nos condena a la desprotección y desesperanza, especialmente frente a las actuales circunstancias de una agenda legislativa que le da plenas garantías al incremento del capital privado de los poderosos, disfrazando tal política de despojo en reparaciones que no van a ser justas, en restituciones de tierras que más bien les legaliza las propiedades a los victimarios y sus empresas, en el fortalecimiento de la impunidad, en la exclusión de centenares de miles de desarraigados que no vamos a tener la posibilidad de retornar ni retomar la vida que traíamos antes del conflicto armado en nuestra empobrecida y desatendida región.
Llamamos a la comunidad a no dejarse engañar por estas políticas que valiéndose del desespero y el hambre, viene implementando programas que nos hacen mendigos y conformistas, nos divide y debilita la capacidad organizativa de victimizados y desplazados por la violencia.
Nos mantenemos clamando justicia y exigiéndole al Estado que no se aparte de la ley, que deje de evadir y cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales, que presente rendición de cuentas a procesos como la reubicación de Bellavista, que pare esta guerra declarada contra nuestras vidas y nuestros territorios, que emprenda verdaderas políticas donde se hagan realidad el disfrute de nuestros derechos humanos, étnicos y territoriales en el marco de la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la paz con justicia social.
Firman:
Movimiento de Víctimas del Chocó
ADOM
ADACHO
Red Departamental de Mujeres Chocoanas
Ruta Pacífica de Mujeres
FISCH
Cocomacia
Cocomopoca
Asorewa
Fundación Mujer y Vida
OBAPO
Respaldan: Diócesis de Quibdó, Mundubat, CNOA, PCN, Federación Luterana Mundial y Corporación Jurídica Etnias.
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