** Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

De: Anthony Dest <dest.anthony@gmail.com>
Fecha: 20 de julio de 2011 14:33

Comunicado de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianas (ACSN)*
20 de julio de 2011

Nuevos abusos a los derechos legales de afrocolombianos bajo la administración Santos

 

La violencia y hostigamiento continúan socavando el marco legal que defiende los derechos de los afrocolombianos. Aunque las comunidades afrocolombianas poseen títulos colectivos legalmente expedidos por más de 5,2 millones hectáreas de tierra, las comunidades afrocolombianas son desproporcionadamente afectadas por el desplazamiento forzado. Los consejos comunitarios afrocolombianos se crearon para administrar los territorios colectivos y jugar un importante papel en el ejercicio del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, e informado. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen expulsando violentamente a las comunidades afrocolombianas de sus territorios colectivos, haciéndolo con la cooperación y aval de proyectos económicos de gran escala. ACSN ha denunciado en varias ocasiones estas expresiones de violencia en contra de las comunidades y líderes afrocolombianos. Pese al conocimiento doméstico e internacional de la destrucción sistemática de los derechos de las comunidades afrocolombianas, las amenazas y la violencia no han disminuido:

 

El 15 de julio, José Santos Caicedo, miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) recibió en su celular a las 12:48 a.m. el siguiente mensaje de texto: "ya sabes q todo tiene precio pero tu pago es con sangre".

Mientras tanto, uno de los activistas locales de PCN en el norte del Cauca, Armando Caracas Carabalí, recibió una serie de llamadas amenazantes empezando el 7 de julio. El anónimo dijo: "tiene 24 horas para salir del municipio de Buenos Aires o si no le llenan el buche de plomo".

Estas amenazas se dan en un contexto donde por lo menos 29 líderes afrocolombianos e indígenas han sido asesinados solamente en 2011. Incluso en La Toma, Cauca, paramilitares y compañías multinacionales siguen amenazando los derechos de la comunidad y la autonomía del consejo comunitario a pesar de la atención internacional que ha recibido la situación. El 15 de julio, Aníbal Vega, el Representante Legal del Consejo Comunitario de La Toma, recibió una llamada telefónica advirtiendo que "…ustedes son los del Consejo Comunitario, los que se oponen a que las máquinas trabajen en el río Ovejas. Las piedras en el camino hay que quitarlas para que no estorben".

 

Dichos hostigamientos en contra del Consejo Comunitario de la Toma se dan después de la expedición de la Sentencia T-1045A/10 de la Corte Constitucional que declara ilegal toda actividad minera hecha sin primero haber cumplido con el derecho del consejo comunitario a consulta y consentimiento previo, libre e informado. Los afrodescendientes de La Toma han practicado la minería artesanal desde 1636. No obstante, los inversionistas han solicitado y buscado licencias mineras en las tierras colectivas por los últimos 11 años. Paramilitares y mineros ilegales siguen amenazando con su presencia en La Toma a través de actividades mineras ilícitas, amenazas y asesinatos. Desde hace varias semanas hay ocho retroexcavadoras en tres sitios diferentes del territorio del Consejo Comunitario de La Toma haciendo minería ilegal (ver foto). La presencia de 4 de estas retroexcavadoras era de conocimiento de funcionarios del gobierno y de autoridades locales, regionales y nacionales desde el 15 de junio. El Consejo Comunitario de La Toma es parte de las comunidades consideradas como casos emblemáticos que el Auto 005 de la Corte Constitucional ordenó al gobierno de Colombia proteger desde comienzos del 2009. Estas expresas han sido desobedecidas.

 

La violencia y los atentados en contra del las comunidades afrocolombianos e indígenas no se ha limitado a Cauca o los integrantes del PCN. Hay un ambiente de intimidación y violencia generalizada en contra de los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Para señalar sólo una instancia, dos hombres armados ingresaron a las oficinas del Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca (COPDICONC) en Santiago de Cali el 13 de julio. Los hombres atacaron al representante legal de la organización y a otro miembro del equipo de COPDICONC, señalándolos como "guerrilleros" mientras los abusaban físicamente y demandaban saber a qué grupo guerrillero pertenecían. Los hombres robaron computadoras, grabadoras, memorias USB y materiales que contienen información sensible acerca de violaciones a los derechos humanos de las comunidades afrocolombianas. Ese mismo día, 3 hombres armados ingresaron a la casa de la presidenta de COPDICONC. Estos tipos de ataques dificultan el trabajo de la sociedad civil para defender los derechos constitucionales de los afrocolombianos.

El movimiento en defensa de los derechos de las comunidades afrocolombianas ha tenido que afrontar diversos obstáculos locales, nacionales e internacionales. Las amenazas, las agresiones y los asesinatos hechos por grupos armados ilegales no han parado de agredir a organizaciones y líderes afrocolombianos. Cuando los líderes y organizaciones son silenciados, las comunidades que ellos representan se quedan sin protección. La presión inmensa de vender o abandonar sus tierras colectivas  hace más difícil que estas comunidades defiendan sus derechos territoriales. Las medidas de protección que han sido adoptadas para estos líderes y comunidades son mínimas. Hay casi total impunidad de los delitos que se cometen contra los afrocolombianos.

Las violaciones constantes a los derechos culturales, territoriales y humanos de comunidades afrocolombianos se agravará con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC). Una mayor inversión efectuada en el contexto de un conflicto armado interno devastará estas comunidades ya que no hay garantías para la protección de los derechos etnoterritoriales de los afrocolombianos. El congreso de EE.UU. debe apoyar la carta del congresista Hank Johnson a Obama, la cual exhorta al presidente a que se oponga al TLC y que "los Estados Unidos y Colombia tomen medidas inmediatas para fortalecer los derechos territoriales de las comunidades afrocolombianas y prevenir que sucedan nuevos desplazamientos de estas comunidades".

ACSN recomienda que el Departamento de Estado y el congreso de los EE. UU. le urjan al gobierno colombiano que:

• (a) implemente el Auto 005 y Sentencia 1045-A de la Corte Constitucional (b) cree medidas de protección diferenciales y colectivas con son consultadas con los consejos comunitarios y organizaciones (c) se comunique con la alcaldía de Suárez, Cauca y demande sacar las retroexcavadoras que hay en el territorio y la adopción de medidas para prevenir la llegada de nuevas y (d) reconozca la ruta de protección del territorio tradicional.
•  El Ministerio del Ambiente respete los derechos ambientales de las comunidades.
•  El Ministerio de Defensa decomise las ocho retroexcavadoras en el territorio colectivo de La Toma.
• La Alcaldía de Suárez (a) defienda la autoridad del Consejo Comunitario de La Toma ante los intereses privados e inversionistas y (b) demande que la Fuerza Publica decomise las ocho retroexcavadoras.
• La Procuraduría General de la Nación (a) investigue y sancione a todos los funcionarios que otorgaron títulos o concesiones violando los derechos de las comunidades y (b) abra una investigación a la alcaldía y secretario de gobierno de Suárez y demás funcionarios gubernamentales por permitir la minería ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.
• La Fiscalía General de la Nación abra una investigación penal a los dueños de la maquinaria y a todas las demás personas que han permitido o consentido la entrada, presencia y actividad ilegal en el territorio del Consejo Comunitario de La Toma.

 

CONTACTO:

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com 

  

* Miembros de la Red de Solidaridad Afro-Colombiana (ACSN) incluye la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Red de Liderazgo Religioso de Chicago (CRLN), Brigadas Internacionales de Paz (PBI), la Oficina EE.UU. en Colombia (USOC), Grupo de Trabajo Internacional del PCN, y activistas y académicos José Jordán, Roland Roebuck, Eunice Escobar y Arturo Escobar.

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Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN)^* Statement
July 20, 2011

New Abuses of Afro-Colombians' Legal Rights under Santos Administration

                                                                                                         

Violence and intimidation tactics continue to undermine the legal framework that defends the rights of Afro-Colombians. Despite possessing collective land rights to more than 5.2 million hectares of land, Afro-Colombians are disproportionately affected by forced displacement. Democratically elected Afro-Colombian Community Councils were created with the purpose of governing the collective territories and playing an important role in defending the right to previous, free, and informed consultation and consent. However, paramilitary groups that collude with large-scale economic projects violently expel Afro-Colombian communities from their collective lands. ACSN has repeatedly denounced various expressions of violence against Afro-Colombian communities and leaders. Despite domestic and international awareness of the systematic destruction of Afro-Colombian communities' rights, the threats and violence continue:

On July 15, José Santos Caicedo of the Black Communities' Process (PCN) received a text message at 12:48 a.m. that said: "You already know that everything has a price, but you will pay the price with blood." Mr. Santos is member of PCN's National Coordination Team.

Meanwhile, one of PCN's local activists in northern Cauca, Armando Caracas Carabalí, received a series of threatening phone calls beginning on July 7. The anonymous caller said: "You have 24 hours to leave the municipality of Buenos Aires or we will fill you with bullets."

These threats arrive in a context where at least 29 Afro-Colombian and indigenous leaders have been murdered in 2011 alone. Even in La Toma, Cauca, paramilitaries and multi-national corporations continue to threaten the rights of the community and the autonomy of the Community Council despite increased international attention. On July 15, Aníbal Vega, the legal representative of La Toma's Community Council, received a threatening phone call that said: "You people from the Community Council are the ones opposed to the machines working in the Ovejas River. The bumps in the road must be removed so that they don't disturb progress."

 

The recent intimidation against the Community Council of La Toma comes after Constitutional Court Sentence 1045-A, which declares that all mining and mining licenses granted in the collective lands are illegal if they do not abide by the Community Council's rights to previous, free, and informed consultation and consent. Afrodescendents in La Toma have practiced artisanal mining since 1636. However, investors have sought mining licenses on the Community Council's lands for at least eleven years. Paramilitary groups and illegal miners continue to impose their presence in La Toma via illegal mining, threats, and murders. For many weeks eight excavators (see photo) in three different parts of the Community Council of La Toma have been mining illegally. Government officials and local, regional and national authorities have been aware of the excavators since June 15. The Community Council of La Toma is one of the emblematic cases mentioned in Constitutional Court Order 005 of 2009. The orders to protect La Toma have not been implemented and disobeyed.

Recent violence and attacks on Afro-Colombian and indigenous communities are not limited to Cauca or the members of PCN. There is a generalized sense of intimidation and violence against Afro-Colombian and indigenous communities and their rights. For example, two armed men broke into the offices of the Council for the Integral Development of Black Communities of the Western Mountain Chain of Nariño (COPDICONC) in Santiago de Cali on July 13. The men assaulted the legal representative and another member of COPDICONC. They called the members "guerrillas" as they physically abused them and demanded to know what guerrilla group they belonged to. The men stole computers, recording equipment, cellular phones, hard drives, and other material with sensitive information regarding human rights violations against Afro-Colombian communities. That same day, the home of the president of COPDICONC was broken into by three men. These kinds of attacks make it extremely difficult for civil society to defend the constitutional rights of Afro-Colombians.

The movement to defend the rights of Afro-Colombian communities has met serious obstacles at the local, national, and international level since its inception. Threats, attacks, and murders by illegal armed actors continue to target Afro-Colombian leaders and organizations. When leaders and organizations are silenced, the communities that they represent are left defenseless. These communities find it increasingly difficult to defend their collective land rights in the face of increased pressure to abandon or sell it. The protective measures from the government that have been adopted for these leaders and communities are minimal. There is almost complete impunity for the crimes that are committed against Afro-Colombian leaders.

The continued abuse of the cultural, territorial, and human rights of Afrodescendent communities will be aggravated by the approval of the pending Free Trade Agreement. Increased investment in the context of an internal armed conflict will devastate these communities because there is no guarantee for the protection of Afro-Colombians' ethnoterritorial rights. The U.S. congress should support Rep. Hank Johnson's letter to Obama opposing the FTA and demonstrating the need for the "United States and the Colombian government to take immediate steps to strengthen Afro-Colombian territorial rights and prevent further displacement of Afro-Colombians."

ACSN recommends that the U.S. State Department and Members of the U.S. congress urge the Colombian government to:

• (a) fully implement Constitutional Court Order 005 and Sentence 1045-A (b) create differential and collective protective measures that are consulted with the community councils and organizations (c) contact the mayor's office of Suarez, Cauca and demand that they remove the excavators in the territory and adopt measures to prevent the arrival of new ones, and (d) recognize the protection route of the traditional territories (la ruta de proteccion del territorio tradicional).
• Ministry of the Environment to respect the environmental rights of the communities.
• Ministry of Defense to confiscate the eight illegal excavators in the collective territory of La Toma.
• Mayor's Office of Suarez to (a) defend the authority of the Community Council of La Toma before private interests and investors, and (b) demand that the Colombian Armed Forces remove all eight of the excavators.
• Prosecutor General's Office to (a) investigate and sanction the officials that have granted titles and concessions that violate the rights of the communities, and (b) open an investigation into Suarez's mayor's office and secretary of the government, in addition to other government officials, for permitting illegal mining in the territory of the Community Council of La Toma.
• Inspector General's Office to open a criminal investigation against the owners of the machinery and all other people that have permitted the entrance, presence, and illegal activity of the excavators in the territory.

 

CONTACT:

Anthony Dest, WOLA: (202) 797-2171; adest@wola.org
Charo Mina Rojas, PCN International Working Group: (+057) 315-706-7603; charominarojas@gmail.com

*The Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN) includes the Washington Office on Latin America (WOLA), TransAfrica Forum (TAF), Global Rights, Chicago Religious Leadership Network (CRLN), U.S. Office on Colombia (USOC), International Working Group of PCN, and activists and scholars Joseph Jordan, Roland Roebuck, Eunice Escobar and Arturo Escobar. Peace Brigades International (PBI) serves as an international observer.

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