El Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano

 

 

martes, 16 de noviembre de 2010

Carta Abierta a Óscar Gamboa Zuñiga de ACSN/Open letter to Oscar Gamboa Zuniga from ACSN

De: Gimena Sanchez <GSanchez@wola.org>
Fecha: 15 de noviembre de 2010 17:35



Óscar Gamboa Zuñiga
Oficina de la Vice Presidencia
Carrera 8a No.7-57
Bogotá, Colombia
Fax: (57 +1) 444-2158


15 de noviembre 2010


Estimado Señor Gamboa Zuñiga,


Nosotros, las organizaciones no-gubernamentales, activistas y académicos de los Estados Unidos abajo firmantes que forman parte de la Red de Solidaridad con Comunidades Afro-Colombianos (ACSN), le escribimos hoy para expresar nuestra profunda preocupación acerca de recientes violaciones de derechos humanos y territoriales que se están cometiendo contra los ciudadanos de descendencia Africana en su país. También le escribimos para preguntarle acerca de que pasos inmediatos Ud., como el asesor Presidencial para las poblaciones negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales y la dirección de minorías étnicas del ministerio del interior tienen planeados tomar para solucionar las preocupaciones que se encuentran en esta carta. Dado nuestras alianzas con muchos grupos Afrocolombianos y expertos colombianos sobre la situación de afrodescendientes, también quisiéramos notarle una serie de recomendaciones de pasos que su gobierno sobre estas preocupaciones, que son basadas en los informes de nuestros aliados Afrocolombianos y ONGs. Dado el alto numero de preguntas y preocupaciones estamos listando los temas por categoría.


Número alarmante de asesinatos de Afrocolombianos


Estamos muy alarmados por el alto número de asesinatos de Afrocolombianos y en particular sus líderes que han ocurrido en años recientes. Mientras que no existe ninguna documentación sistematizada de dichos asesinatos, AFRODES y Global Rights recientemente lanzaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de los Afrocolombianos y dentro de ese contexto anunciaron que encontraron que desde el año 1996 por lo menos 42 afro-colombianos han sido asesinados[i]. Desde que AFRODES lanzo su informe en Julio 2010, hemos recibido noticias de varios otros asesinatos. Entendemos basado en la información que nos han brindado nuestros aliados Afrocolombianos, ONGs y familiares de las victimas que las autoridades han hecho poco para investigar y traer a los responsables de dichos crímenes a la justicia. También hemos recibido varios informes de un alto número de amenazas de parte de grupos ilegales armados contra Afrocolombianos, sus líderes y liderezas y sus consejos comunitarios. Dichas amenazas han sido recibidas por coreo electrónico, mensajes de texto, panfletos o en persona. Una de las organizaciones en nuestra red quien trabaja de forma cercana con muchos grupos Afrocolombianos, la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA), recibió tres amenazas en el último año. Esas amenazas contienen un listado de docenas de individuos, organizaciones, desplazados internos de origen afrodescendiente. Desde que WOLA recibió su primera amenaza en mayo, tres individuos listados en estas amenazas han sido asesinados y por lo menos unos nueve más Afrocolombianos han sido asesinados.


Estamos interesados en escuchar de Ud. acerca de los planes que tiene su oficina para solucionar esta critica situación, para prevenir que no sucedan mas asesinatos y asegurar que los victimarios por estos crímenes sean traídos a la justicia. Nosotros creemos que la prioridad de su oficina debería ser de garantizar el derecho fundamental de la vida de los Afrocolombianos. En esta línea, quisiéramos recomendar que el gobierno ponga en la práctica un mecanismo que de forma adecuada documente los abusos cometidos contra afrodescendientes y mecanismos de proteccion efectivos para los líderes y lidérezas afrodescendientes quienes están en alto riesgo de muerte e implementar medidas de prevención para prevenir que no sucedan más asesinatos. Adicionalmente, recomendamos que se tomen pasos fuertes para investigar y llevar a la justicia las personas responsables por los 42 casos de asesinatos de Afrocolombianos quienes fueron denunciados por AFRODES.


Mientras que valoramos la denuncia publica del Presidente Santos acerca de las amenazas perpetradas contra WOLA y los comentarios en la prensa del Vice Presidente Angelino Garzon acerca de las amenazas contra AFRODES, es nuestra esperanza que dichas palabras sean traducidas en acciones concretas y efectivas que resulten en la prevención de más asesinatos y amenazas. Nosotros también esperamos que Ud. como asesor Presidencial para los Afrocolombianos públicamente condene dichos crímenes si llegan a ocurrir en el futuro y que Ud. trabaje para asegurar que las políticas públicas son cambiadas para solucionar dichos temas.


Desplazamiento interno y la falta de implementación de las órdenes de la corte constitucional


Como Ud. ya esta enterado la corte constitucional ordeno en el 2009 al gobierno colombiano que toma una serie de pasos para prevenir que haya más desplazamiento de las comunidades Afrocolombianos y para garantizar la proteccion y asistencia del alto número de Afrocolombianos desplazados con el auto 2005. Esta orden le da al estado lineamientos de cómo puede aumentar la participación de organizaciones de desplazados internos dentro de planes y políticas que los afectan. Adicionalmente, este auto 005 ordena que le gobierno colombiano desarrolle una estrategia para garantizar las necesidades de Afrocolombianos que se encuentran "confinados," en otras palabras personas sin la posibilidad de huir. Es nuestro entendimiento que hasta el momento poco de lo que la corte ha ordenado ha sido implementado.


Quisiéramos estresar que Afrocolombianos constituyen un 16% de los desplazados internos en el 2009 y por esta razón este es un tema urgente[ii]. De las 50 municipalidades que han sido colectivamente tituladas a las comunidades afrocolombianas, más de 517,000 personas residentes de esos territorios se encuentran en un estado de desplazamiento y 49% de los desplazados son mujeres y niños. Adicionalmente, 15.3% de los desplazados Afrocolombianos han sufrido mas de un desplazamiento. De los 77 desplazamientos masivos que se dieron en el 2009, es reportado que 67% de ellos se dieron en áreas afrocolombianas incluyendo Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia. Es alarmante que 69% de la población desplazada no haya recibido ningún tipo de asistencia inmediata después de ser desplazada. 76.4% no han recibido nada de alimentos, 82% no han recibido camas o colchones para dormir, mas de 80% no han recibido asistencia para la auto-sostenibilidad y 90% no han recibido documentos de identidad. En el momento 96.5% de la población Afrocolombiana desplazada interna se encuentra bajo la línea de pobreza con 78.4% bajo la línea de indigencia.


Entendemos que el gobierno esta limitando su consulta e implementación del auto 005 a la Consultiva de Alto Nivel. Una consulta tan restrictiva y no-transparente no va lograr ser efectiva en garantizar los derechos de los Afrocolombianos desplazados. Su oficina debería tomar pasos para asegurar que las 60 organizaciones de desplazados internos representadas dentro del marco de AFRODES, CNOA, PCN, Asomujer y Trabajo, Ceuna, Foro Inter-Étnico Chocó, COCOCAUCA, RECOMPAS, COCOMACIA, ASCOBA, ADACHO, las organizaciones de base afrocolombianas y lo/as lideres de los consejos comunitarios mas afectados y otros grupos clave de Afrocolombianos, muchos de ellos que se encuentran listados en la orden de la Corte, quienes trabajan el tema de desplazamiento interno son de forma adecuada consultada en el diagnostico de la problemática y cuales son los mejores pasos para implementar esta orden.


Queremos enfatizar que nuestros aliados recomiendan que el estado colombiano implemente un enfoque diferencial en los programas para desplazados que toma en cuenta las necesidades especiales y la identidad cultural de los afrodescendientes. El 8 de noviembre en una conferencia regional humanitaria que se realizo en Quito, Ecuador. Acción Social noto que esta implementando un enfoque diferencial par alas personas afrocolombianas desplazadas. Estamos muy interesados en saber cual es este enfoque diferencial, con quien ha sido diseñado y si se hizo con consulta de las organizaciones afrocolombianas desplazadas. También nos interesa saber cuanto prosupuesto se le ha designado a este esfuerzo. Adicionalmente, sugerimos que su oficina garantice la creación de la Mesa de Trabajo sobre Afrocolombianos, como fue indicado que el gobierno pensaba hacer en el memorándum de certificación del departamento de estado y que esta entidad de reúna antes de diciembre del 2010[iii]. El propósito de dicha Mesa, algo que ha sido recomendado por grupos Afrocolombianos por varios años, es para realizar dialogo entre el gobierno y las organizaciones afrocolombianas que forman parte de los procesos de base Afrocolombianos para garantizar una implementación efectiva de forma diferenciada a los desplazados de origen afrodescendiente. Creemos que esta pueda servir como un paso importante adelante para diagnosticar e intentar de solucionar de forma efectiva las necesidades de los Afrocolombianos desplazados.


Las mujeres afrocolombianas reciben el peso desproporcionado del desplazamiento interno como mujeres jefas de hogares. Ellas también son altamente vulnerables a ataques de tipo sexual y tienen que confrontar una triple discriminación---por ser mujeres, desplazadas y afrodescendientes. Como las que tienen que cubrir todos los gastos sin el apoyo de otros y también tienen que confrontar problemas de inseguridad a solas (físicos, alimentarios y de empleo). Ellas también tienen que confrontar esfuerzos de reclutar de forma forzada a sus niños por parte de los grupos ilegales armados (paramilitares e insurgentes) y bandas de delincuentes. Dado la situación particularmente difícil que confrontan un alto número de mujeres desplazadas Afrocolombianos, también sugerimos que Ud. haga todo lo que pueda para asegurar que otros dentro de su gobierno implementen de forma eficaz la orden de la corte 092. Otra vez, quisiéramos recomendar que dicho esfuerzo se realice con consultas directas con organizaciones de desplazadas y organizaciones de base afrocolombianas como la Red de Mujeres Chocoanas, Asomujer y Trabajo, AFRODES y otras. Nos interesa saber los planes de su oficina para garantizar que los derechos de las mujeres afrocolombianas son respetados.


El derecho de los Afrocolombianos a ser previamente consultados


Estamos preocupados por el reciente comunicado[iv] escrito por los grupos Afrocolombianos nacionales - La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) , el Movimiento Nacional CIMARRON, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Colectivo de Estudiantes Afrocolombianos-CEUNA y la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas (KAMBIRI) acerca de la manera que el gobierno esta manejando el derecho a la consulta previa acerca de varias leyes propuestas (victimas y tierras) y el plan nacional de desarrollo. Nosotros apoyamos la recomendación de nuestros aliados que estas consultas siguen los procesos mandados por la Corte constitucional en sus sentencia C-175 del 2009 donde declaro inconstitucional el Estatuto de Desarrollo Rural y estableció un precedente sobre cuales son los temas prohibidos de consulta dentro de un consulta. También quisiéramos recordarle que Afrocolombianos han bajo varios gobiernos presentado su plan integral de largo plazo para la población negra/ Afrocolombiana, palanquera y raizal y que los previos gobiernos no lo han considerado en sus planes de desarrollo económico y políticas en áreas afrocolombianas. Es nuestra esperanza que su gobierno va cambiar las prácticas de previos gobiernos y aceptar, apoyar y financiar este plan.


Esperamos que Ud. vaya tomar pasos para remediar esta situación y garantizar la inclusión de las recomendaciones hechas por las organizaciones nacionales de Afrocolombianos sobre como proceder acerca del tema de la consulta previa. También agregaríamos que no solo deberían ser consultadas las organizaciones nacionales afrocolombianas sobre la implementación de toda la legislación y programas que los afectan en concordancia con el Convenio de la OIT 169 y la ley 70 de las comunidades negras en legislaciones y programas que los afectan pero seria bueno consultarles acerca de los proyectos propuestos dentro del contexto del Plan Racial de Accion EEUU-Colombia. Cuando se trata de proyectos de desarrollo particulares a ciertos territorios esperamos que su oficina vaya a garantizar que los consejos comunitarios en cuestión son consultados de una forma libre, informada y transparente. En relación a este punto quisiéramos saber que esfuerzos se estén haciendo para consultar con estos grupos sobre le implementación de este plan.


Casos particulares que requieren atención urgente


La crisis de derechos humanos y situación humanitaria que esta afectando a los Afrocolombianos es de tan larga escala e involucra tantos temas que los programas del gobierno tienen que mirar como solucionar problemas estructurales. Mismo, hay comunidades que en este momento están particularmente afectadas de forma crítica por esta crisis. Quisiéramos notar algunas que requieren atención inmediata e efectiva de forma de emergencia para garantizar los derechos humanos y territoriales de los Afrocolombianos. De estas nos referimos que se necesita urgente atención de derecho a la vida a los Afrocolombianos en Buenaventura, Guapi, Timbiquí, el norte del Cauca, las áreas del medio Atrato, Acandí y San Juan dentro del Chocó y Nariño. En relación a esto solo vamos a comentar sobre situaciones de emergencia y no las problemáticas de largo plazo de derechos humanos y disputas territoriales como las que se ven en el Alto Mira y Frontera, Curvaradó/Jiguamiandó, La Toma y la situación de condiciones pobres laborales de los corteros de caña de azúcar de origen Afrocolombiano.


La crisis de derechos humanos afectando a los Afrocolombianos en el Puerto y municipalidad de Buenaventura es altamente preocupante. Fuimos horrificados de leer en el diario El País[v] que se encontraron cuatro fosas en Yurumanguí y que familiares de victimas de desapariciones forzadas están usando el diario para buscar sus familiares. Hemos recibido informes de organizaciones religiosas y otras que indican que unos 500 por promedio de muertes violentas se dan en el Puerto de Buenaventura en anos recientes. El defensor del pueblo ha registrado unas 357 desapariciones forzadas en los últimos tres años[vi]. Desde el 2007 nos han informado que las desapariciones forzadas se han vuelto la nueva modalidad para controlar a comunidades de forma política y social. Esta modalidad sirve como una forma de deshacerse de la evidencia del crimen con deshacerse con los cuerpos de las victimas y bajar el número de homicidios reportados en fuentes oficiales. Hemos recibido numerosas informes de personas descuartizadas y sus restos tirados en los esteros de Buenaventura. El País reporto a fines de octubre del 2010 que por lo menos 13 mujeres fueron asesinadas y que la violencia domestica contra mujeres es muy frecuente. Cerca de Buenaventura en la ruta para Cali en Zaragoza una situación problemática de derechos humanos esta creciendo en las áreas donde supuestos paramilitares controlan la minería ilegal de oro.


Violaciones de derechos humanos que están llevando a asesinatos y desplazamientos están ocurriendo recientemente en el Chocó, Guapi y Nariño. Muchos de los abusos los están cometiendo los grupos paramilitares incluyendo las águilas negras y los rastrojos. Pero también hay informes de abusos cometidos por el ejército. La falta de seguridad para los Afrocolombianos en zonas urbanas de Tumaco y en zonas rurales en Nariño sigue siendo crítica. La oficina de naciones unidas para la coordinación humanitaria (OCHA) noto "los datos oficiales muestran que en el Departamento de Nariño la tasa de desplazamiento es de 100,000 habitantes y tres veces mas alta que la tasa nacional."[vii] Solamente en el municipio de El Charco, tres desplazamientos han ocurrido este año con el ultimo siendo el 20 de octubre. Una visita reciente a Quibdó encontró que hay un número alto de asesinatos selectivos en la ciudad y que las amenazas contra los líderes por parte de los paramilitares siguen. Mientras que la situación sigue siendo precaria para muchas comunidades Afrocolombianos localizados en áreas cercanas al Río Atrato, las comunidades de los ríos San Juan y Baudó (Chocó) están particularmente afectadas. COCOCAUCA ha documentado un alto número de asesinatos, amenazas y otras formas de intimidación por parte de los grupos ilegales operando en Guapi, Cauca.


Dado el alto nivel de presencia militar y de policía en áreas mencionadas anteriormente como Buenaventura, Tumaco y Quibdó, quisiéramos saber que pasos Ud. va tomar para asegurar que las fuerzas armadas garanticen la proteccion de los ciudadanos Afrocolombianos que habitan en esas áreas. Pensamos que su oficina debería trabajar con otras instituciones colombianas para garantizar que los grupos paramilitares y sus estructuras operacionales quienes son una gran amenaza a las vidas y seguridad de los Afrocolombianos sean desmantelados y que las fuerzas de seguridad respeten el derecho internacional humanitario.


Para cerrar esperamos escuchar de Ud. acerca de sus planes para solucionar los temas críticos que afectan las vidas y proyectos de vida de los Afrocolombianos. La responsabilidad que Ud. ha recibido en relación a su gente es una muy grande. Es nuestra sincera esperanza que con esta nueva responsabilidad que Ud. ha recibido que pueda actuar para solucionar algunos de los problemas más críticos de derechos humanos que están afectando el pueblo Afro-Colombiano. Esperamos poder seguir dialogando con Ud. acerca de estos temas tan importantes.


Respetuosamente,



Gimena Sanchez y Anthony Dest
Washington Office on Latin America


Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia


Charo Mina Rojas
PCN International


Nora Rasman
TransAfrica Forum


Prof. Joseph Jordan
Department of African/African-American Studies
University of North Carolina – Chapel Hill


Prof. Arturo Escobar
Department of Anthropology
University of North Carolina – Chapel Hill

Carlos Quesada
Global Rights


Roland Roebuck
Activista Afro-Latino


James Vondracek
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)


Eunice Escobar
Junta directiva de Accion Permanente por la Paz y CRLN




[i] "Bicentenario: ¡Nada que celebrar!: Informe de los derechos humanos de las Comunidades afrocolombianas en el marco de la "celebración" de los doscientos años de vida republicana en Colombia", por AFRODES y Global Rights, Julio de 2010, Anexo 4 Casos de asesinatos contra lidérezas y lideres del movimiento étnico-territorial afrocolombiano contiene una lista parcial de los 42 lideres asesinados desde el 1996.
[ii] Las estadísticas listadas en este parágrafo son del informe de AFRODES.
[iii] Memorandum of justification concerning human rights conditions with respect to assistance for the Colombian armed forces, U.S. Department of State, 9 de septiembre de 2010, p. 130.
[iv] Pronunciamiento de las Organizaciones Afrocolombianas Nacionales sobre la Consulta previa y las leyes generales (Ley de víctimas y Plan Nacional de Desarrollo), 26 de octubre 2010.
[v] "Hallan cuatro fosas en Buenaventura," y "Desaparecidos siguen aumentando en el puerto," El Pais, 11 de noviembre 2010.
[vi] "Buenaventura: Caught between War and Despair" by the Black Communities Process (PCN), Pastoral Afrocolombiana, Fundemujer, and Rostros y Huellas del Sentir Humano with the support of WOLA details the tolls of the internal armed conflict, human rights abuses, abuses linked to economic interests and narcotics trafficking in Buenaventura (Valle del Cauca) and provides policy recommendations, 26 de agosto de 2010.
[vii] OCHA, Colombia: Humanitarian Bulletin Issues 43/20-26 Octubre 2010.


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Mr. Oscar Gamboa Zúñiga
Office of the Vice President
Carrera 8a No.7-57
Bogotá, Colombia
Fax: (57 +1) 444-2158


November 15, 2010


Dear Mr. Gamboa Zúñiga,


We, the undersigned group of U.S. non-governmental organizations, activists and academics that form part of the Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN), write to you today to express our deep concern about recent human rights and territorial rights abuses committed against African descendant citizens of your country. We also wish to inquire about what immediate steps you, as the Presidential Advisor on Afro-Colombian, Black, Palanquera, and Raizal Populations and the Direction for Ethnic Minorities of the Ministry of the Interior plan to take to address the concerns outlined in this letter. Given our partnership with many Afro-Colombian groups and Colombian experts on this subject, we also wish to note recommendations based on our partners and NGOs' reports for how your government can best address these concerns. Given the large number of questions and concerns we are listing them in terms of category.


Alarming Number of Killings of Afro-Colombians


We are greatly alarmed by the high number of murders of Afro-Colombians and in particular their leaders in recent years. While no systematic documentation of these murders exists, AFRODES and Global Rights recently released a report on the human rights situation of Afro-Colombians and in that context announced that since 1996 at least forty-two Afro-Colombians were killed.[vii] Since AFRODES's report was released in July 2010, we have received reports of several other murders. We understand from our Afro-Colombian partners, NGOs and the victims' families that the authorities have done little to investigate and bring those responsible to justice. We have also received reports of a high number of threats that illegal armed groups have made either via email, text messaging, and pamphlets or in person against Afro-Colombian leaders, their grassroots organizations and community councils. One of the organizations in our network who works closely with many Afro-Colombian groups, the Washington Office on Latin America (WOLA), received three death threats this year that includes dozens of Afro-Colombian individuals, IDP and community organizations. Since WOLA received the first threat in May, three individuals listed on these threats were killed and at least nine Afro-Colombians murdered.

We are interested in hearing from you on how your office plans to address this critical situation, prevent further killings from taking place, and prosecute those responsible for such crimes. We believe that guaranteeing the fundamental right to life of Afro-Colombians should be the priority of your office. As such, we would like to recommend that the government put in place a mechanism that accurately documents abuses committed against afrodescendants and that you put into place effective protection mechanisms for Afro-Colombian leaders at high risk of death in order to prevent further killings from taking place. Additionally, we encourage that bold steps are taken to investigate and prosecute those responsible for the murders of the 42 Afro-Colombians noted by AFRODES.

While we appreciate President Santos' public statement condemning the threats against WOLA and Vice President Angelino Garzon's press statements concerning threats against AFRODES, we very much hope that their condemnations are translated into concrete and effective actions that prevent further murders and threats from taking place. We anticipate that as Presidential Advisor you will also publicly condemn such abuses should they take place in the future and will work to make sure that public policies are changed in order to address these matters.

Internal Displacement and Lack of Implementation of Constitutional Court Orders

As you know, in 2009 the Constitutional Court ordered the Colombian government to take a series of steps that will prevent the further displacement of Afro-Colombian communities and guarantee protection and assistance for the high number of Afro-Colombians already internally displaced through Order 005. It gives the State guidelines on how to increase the participation of IDP organizations in plans and policies that affect them. Additionally, Order 005 orders the Colombian government to come up with a strategy for guaranteeing that the humanitarian needs of Afro-Colombians who are "confined," in other words unable to flee, are met. Our understanding is that so far, little of this Court Order has actually been implemented.

We wish to stress that Afro-Colombians constituted 16% of those displaced in 2009.[vii] Of the fifty municipalities that are collectively titled to Afro-Colombian communities, over 517,000 persons residing in those territories are now displaced and 49% of those displaced are women and children. Additionally, 15.3% of displaced Afro-Colombians have suffered more than one displacement. Of the 77 massive displacements that took place in 2009, it is reported that 67% of them took place in Afro-Colombian areas including Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca and Antioquia. It is quite alarming that 69% of the Afro-Colombian population have not received any immediate assistance after becoming displaced. 76.4% have not received any food, 82% have not received any beds or mattresses to sleep on, more than 80% have not received assistance with integration of self-sustainability projects, and more than 90% have not received identity documents. Currently, 96.5% of the Afro-Colombian displaced population finds itself below the poverty line with 78.4% of these below the indigence line.

We understand that the government is limiting its consultation and work on implementation of Order 005 to the High Consultative group. Such a restricted and non-transparent consultation will not be effective in guaranteeing the rights of Afro-Colombian displaced. Your office should take steps to make sure that the 60 key Afro-Colombian internally displaced organizations represented by AFRODES, as well as CNOA, PCN, Asomujer y Trabajo, Ceuna, Foro Inter-Etnico Chocó, COCOCAUCA, RECOMPAS, COCOMACIA, ASCOBA, ADACHO, CIMARRONES, leaders of the worst affected community councils and other key groupings of Afro-Colombians, many of whom are noted in the Court's order, that deal with displacement are properly consulted in the steps to be taken to diagnose and implement this Court Order.

As such, we would like to underscore our partners' recommendations that the Colombian state implement a differentiated approach to programs for IDPs that takes into account the special concerns and cultural identity of Afrodescendants. Last week, at a conference on the regional humanitarian situation in Quito, Ecuador, Acción Social noted that they are implementing a differentiated approach for Afro-Colombian internally displaced persons. We are most interested in knowing what this approach is, with whom it was designed, and whether it was put together in consultation with Afro-Colombian displaced organizations. Also, we would be interested in knowing how much of a budget has been allotted to this effort. We strongly suggest that your office guarantee the creation of the Working Table on Afro-Colombians, as was indicated would be done in the State Department's memo for certification, and that this entity meets before the end of 2010.[vii] The purpose of this Table, recommended for years by Afro-Colombian groups, is for there to be dialogue between the government and Afro-Colombian organizations that form part of the various Afro-Colombian grassroots "processes" to guarantee effective implementation of a differentiated approach to Afro-Colombian IDPs. We think that this can serve as an important step forward in meeting displaced Afro-Colombians' needs.

Afro-Colombian women bear the disproportional burden of internal displacement as single heads of households. They are also highly vulnerable to sexual violence and must deal with triple discrimination—for being women, displaced and afrodescendant. As the main breadwinners they must confront, often alone, many forms of insecurity (physical, food and employment) and attempts by illegal armed groups (paramilitaries and insurgents) and criminal gangs to forcibly recruit their children. Given the particular hardships faced by the large number of Afro-Colombian displaced women, we also suggest that you urge others within your government to properly implement Court Order 092. Again, we would highly recommend that such efforts are done in direct consultation with Afro-Colombian IDP and grassroots women organizations like the Red de Mujeres Chocoanas, Asomujer y Trabajo, AFRODES and others. We would also like to know how your office plans to guarantee that Afro-Colombian women's rights are respected.

Afro-Colombians' Right to Be Previously Consulted

We are troubled by the recent statement[vii] made by the National Conference of Afro-Colombian Organizations (CNOA), the National Organization of Displaced Afro-Colombians (AFRODES), the National Cimarron Movement (CIMARRON), the Black Communities Process (PCN), the Afro-Colombian Students Collective (CEUNA) and the National Network of Afro-Colombian Women (KAMBIRI) concerning the government's approach to Afro-Colombians' right to previous consultation on key proposed laws (victims law and land law) and the National Development Plan (PND). As such, we support our Afro-Colombian partners' recommendation that these consultations follow the processes mandated by the Constitutional Court's multiple judgments such as sentence C-175 in 2009 by which it declared that the Rural Development Statute is unconstitutional and it established a precedent as to what issues are prohibited to consult within a consultation. We also wish to recall that Afro-Colombians have consistently provided consecutive governments with the Long-Term Integral Plan for Black, Afro-Colombian, Palanquera and Raizal communities (their vision of an economic development plan) that previous governments have not taken into account when developing economic development policies in Afro-Colombian areas. We hope that your government will change these past practices by accepting, supporting and funding this plan.

We expect that you will take steps to rectify this matter and guarantee the inclusion of the recommendations made by the national Afro-Colombian organizations on how best to proceed with the previous consultation process. We would also add that not only should national Afro-Colombian organizations be consulted about implementation of all legislation and programs that affect them as mandated in ILO Convention 169 and Law 70 of the Black Communities, but they should also be consulted about proposed projects linked to the US-Colombia Racial Action Plan. In this vein, we would like to know more about efforts by your office to consult with these groups on the implementation of this plan.

Particular Cases Requiring Urgent Attention

The human rights and humanitarian crisis affecting Afro-Colombians is so large-scale and all-encompassing that government programs must address their structural inabilities to address the situation. Nevertheless, there are communities that are more acutely affected by the crisis. We would like to highlight the need for immediate and effective emergency attention to guarantee the human and territorial rights of Afrodescendants residing in Buenaventura, Guapi, Timbiqui, Northern Cauca, Acandi, Atrato River area and San Juan River basin, of the Chocó and Nariño require immediate attention. As such, we are only highlighting situations of an emergency nature and not protracted human rights or territorial rights situations that also require attention such as that of Alto Mira y Frontera, Curvaradó/Jiguamiandó, La Toma and the case of poor labor conditions of Afro-Colombian sugarcane workers.

The human rights crisis affecting Afro-Colombians in Colombia's port city and municipality of Buenaventura is of much concern. We were horrified to read last week's articles in El Pais[vii] on the four graves found in Yurumangui, Buenaventura municipality and relatives attempting to located their disappeared family members. We have received reports from religious and secular organizations on the ground that an average 500 violent deaths were registered in the port of Buenaventura in recent years. The municipal human rights ombudsman office reported that 357 forced disappearances have taken place in the past three years. We are aware that since 2007 forced disappearances have become the new modality to politically and socially control communities.[vii] This serves as a way to do away with persons' bodies in order to do erase evidence needed for the reporting of homicides. We have received countless reports of persons being cut up into pieces and dumped in the estuaries surrounding Buenaventura. El Pais reported in late October that in 2010 at least 13 women were killed and that domestic violence against women is skyrocketing. Near Buenaventura on the road to Cali in Zaragoza a similar human rights calamity is unfolding surrounding the areas where alleged paramilitary-controlled illegal gold mining is taking place.

Human rights violations leading to displacements and killings are also particularly acute at this time in Chocó, Guapi and Nariño. Many of these abuses are taking place at the hands of paramilitary groups including the Black Eagles and Rastrojos. However, there are also reports of military abuses. The lack of security for Afro-Colombians in the urban areas of Tumaco and in rural areas inhabited by afrodescendants in Nariño remains critical. According to UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "official data shows that in Nariño department the rate of displacement per 100,000 inhabitants is three times higher than the national rate."[vii] In the municipality of El Charco alone, three displacements have taken place so far this year with the last one occurring on October 20. A recent visit of some of our partners to Quibdó found that there is a large number of unrecorded selective assassinations taking place within the city and that paramilitary threats against leaders remain a constant. While the situation remains precarious for all Afro-Colombian communities living along the Atrato River basin, members of communities residing in the San Juan and Baudó River Basins (Chocó) are particularly affected. COCOCAUCA has documented a large number of killings, threats and other forms of intimidation by illegal armed groups operating in Guapi, Cauca.

Given the large scale military and police presence in some of the areas listed above i.e. Buenaventura, Tumaco and Quibdó, we would like more information on what steps you will take to guarantee that the armed forces protect Afro-Colombian citizens situated in these areas. We think that your office should work with other Colombian institutions concerned to guarantee that paramilitary and insurgent groups and their operational structures which are a major threat to the lives and safety of Afro-Colombians are being dismantled and that the security forces respect international humanitarian law.

In closing, we look forward to learning about your plans for addressing the critical issues affecting the lives and livelihoods of Afro-Colombians. The responsibility you have been granted on behalf of your people is a very large one. It is our sincerest hope that you will take your newly granted responsibility to act in order to address some of the critical human rights concerns affecting the Afro-Colombian people. We look forward to dialoguing with you on these important matters.

Sincerely,

Gimena Sanchez and Anthony Dest
Washington Office on Latin America

Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia


Charo Mina Rojas
PCN International

Nora Rasman
TransAfrica Forum

Prof. Joseph Jordan
Department of African/African-American Studies
University of North Carolina – Chapel Hill

Prof. Arturo Escobar
Department of Anthropology
University of North Carolina – Chapel Hill

Carlos Quesada
Global Rights

Roland Roebuck
Afro-Latino Activist

James Vondracek
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)

Eunice Escobar
Board Member, Witness for Peace and CRLN

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