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D i ó c e s i s d e Q u i b d ó
Vicaría de Pastoral Afro
3 de noviembre 2011
Estimados Señores,
Quisiéramos agradecerles por reunirse con el Padre Sterlin Londoño Palacios de la Diócesis de Quibdó y el FISCH (Foro Interétnico Solidaridad Chocó) y Gimena Sánchez-Garzoli de la Oficina Sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) el día 18 de octubre de este año. Apreciamos el esfuerzo que hicieron para brindarnos una reunión con un grupo amplio y representativo de diferentes oficinas del departamento de estado y por su atenta atención a las preocupaciones y sugerencias presentadas por el Padre, las cuales les relacionamos:
Fumigaciones Aéreas
Desde el mes de Septiembre 2011 se viene fumigando con glifosato los cultivos de coca y los cultivos de pan coger de las comunidades afrocolombianas e indígenas en el Chocó. Desde hace varios años las comunidades han venido informando de la presencia de dichos cultivos en sus comunidades, sin haber recibido una atención adecuada del Gobierno Colombiano. Los 5 mil miembros de comunidades afrodescendientes e indígenas que se movilizaron en protesta contra la política de fumigación, han manifestado que no están de acuerdo ni con los cultivos de coca, ni con la aspersión aérea porque acaba con los cultivos tradicionales que son la base para el sustento.
Como lo han señalados los consejos comunitarios afrodescendientes de la región afectada, la fumigación aérea ha sido aplicada de una manera indiscriminada que afecta los cultivos lícitos necesarios para el sustento de las familias que viven en esa región. Cultivos de maíz, arroz, frutales, yuca, plátanos y otros han sido destruidos causando una grave crisis en la seguridad alimenticia de los habitantes. El veneno también fue fumigado en los acueductos de donde beben los locales y las casas de pobladores y un colegio fueron fumigados llevando a una preocupación por las afectaciones de salud que puede brindar el glifosato sobre la salud de humanos en particular los niños y mujeres embarazadas. Existen casos de afectaciones de piel y gastrointestinales de los pobladores que viven en la región. Mas aya de la afectación humana, social y ambiental, seguimos preocupados que la política de fumigación solo conlleva a la dispersión de la coca y no a su reducción. Con mucho respeto les advertimos que esto no ayuda a atacar la raíz del problema que es el narco-trafico que con lleva a violencia, abuso y muchos problemas para las comunidades de esta región.
Las comunidades en esta región son victimas del narco-trafico. Ellas son forzadas por parte de los grupos ilegales de sembrar coca porque si no lo hacen sufren consecuencias devastadoras. Ellas no quieren sembrar coca y están dispuestas a buscar soluciones alternativas para trabajar con las autoridades para que se cese el narco-trafico en la región y que también se cese la política de fumigación que solo agudiza el problema. Nuestra recomendación es que la oficina de anti-narcóticos del Departamento de Estado establezca un dialogo con estas comunidades y sus entidades territoriales, el FISCH y la Diócesis de Quibdó para buscar mejores formas de erradicar la coca que conllevan no solo a su reducción pero a que se disminuye el narco-tráfico en el Chocó y se disminuyen los abusos cometidos contra los habitantes de esta zona debido a este fenómeno.
Desplazamiento Forzado
Colombia en general y las comunidades afrodescendientes e indígenas en el Pacifico en particular continúan siendo victimas de nuevos desplazamientos internos a raíz del conflicto interno armado, violencia, narco-trafico y la política de fumigaciones. Esto se suma a que más de la mitad de los pobladores del Chocó fueron desplazados desde el año 1996. En el caso del Chocó han habido 10 casos de nuevos desplazamientos solo en el 2011. Los desplazados de la última década continúan en una situación precaria donde abandonaron sus tierras y sus derechos no han sido reconstituidos y su condición es una de pobreza absoluta. Sus lideres en Quibdó y en otras partes del país siguen bajo amenazas y sin haber visto justicia en las situaciones que con llevaron a su desplazamientos. El Estado ha sido omiso en su protección efectiva de líderes desplazados y el peligro de que haya más asesinatos sigue siendo alto. A estos se les suman los nuevos desplazados quienes experimentan una situación de emergencia en lo humanitario y necesidades básicas.
La Corte Constitucional de Colombia dio un gran paso a favor de los derechos de los desplazados con la orden T-025 de abril del 2004 y luego con el auto 2005 de enero del 2009 sobre las comunidades afrocolombianas desplazadas. Desafortunadamente, pese a lo que el gobierno de Colombia presenta fuera del país en términos de implementación de lo mismo, algunas comunidades del Chocó solo fueron socializadas que incluía el auto el mes pasado. En otras palabras el estado no ha implementado la orden de la Corte en el caso del Chocó.
La Administración de Santos ha avanzado con una ley de tierras y victimas. Es importante resaltar que dicha ley no resuelve los derechos de los desplazados internos solo se refiere a los derechos de la tierra de algunos de ellos. En general este es un buen paso adelante y todos estamos de acuerdo que al reconocer las víctimas y sus derechos que el gobierno esta avanzando. Pero es importante notar que la ley fue hecha sin una consulta previa, libre e informada con las comunidades afrocolombianas e indígenas. En las consultas para la implementación del decreto reglamentario de la ley de víctimas después que paso la ley, no se ha respetado el derecho de las comunidades afrocolombianas de la consulta previa, libre e informada. A raíz de esto la Mesa Afrocolombiana ha presentado una propuesta de decreto ley para la reglamentación de la ley de victimas para los afrocolombianos. Sin embargo la situación sigue muy compleja y no hay voluntad política del gobierno para sostener una consulta de buena fe para el decreto de ley de víctimas. El riesgo que las comunidades afrocolombianas sean re-victimizadas con esta ley es muy alto.
A raíz de lo notado, le recomendamos a la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado que urgen a las autoridades Colombianas que hagan prioridad la aplicación de la Orden 005, implementen mecanismos diferenciados, urgentes y efectivos para la protección de líderes afrocolombianos y que avancen con una consulta previa, libre e informada del decreto de ley con las comunidades afrodescendientes y con todas las acciones que alteren la vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas.
Titulación de COCOMOPOCA
En el año de 1999 el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA), solicitó al Estado colombiano el reconocimiento jurídico de su posesión ancestral del territorio del Alto Atrato. Pese a que la propuesta fue la mejor sustentada de todo el Pacífico, según autos respectivos, el Estado Colombiano se demoró 11 años para este reconocimiento, debido a la presión ejercida entre otros, por empresas transnacionales que tienen intereses de explotación de recursos naturales. Tal realidad es perceptible en el hecho de que a COCOMOPOCA le reconocieron 73.000 hectáreas, pero dentro de esa misma área, le concesionaron más de 40.000 hectáreas para explotaciones mineras a gran escala y a cielo abierto. Esta y otras realidades similares, generan mucha inseguridad en los habitantes, y al no ser previamente consultados, afectan la existencia física, cultural y espiritual de las comunidades.
Estamos convencidos de que su apoyo a estas justas causas de comunidades que además de lo descrito anteriormente, tienen alto índice de necesidades básicas insatisfechas, es muy importante, por eso les invitamos a que en sus diálogos oficiales con el Gobierno Colombiano, consideren la importancia de abordar sobre los siguientes temas que son prioritarios para las comunidades, líderes y organizaciones afrodescendientes e indígenas:
1. Monitoreo de parte de Uds. de la consulta previa, libre e informada cuando haya afectaciones ocasionadas por la implementación de planes y proyectos, así como la realización de estudios previos de impactos ambientales, sociales, culturales, étnicos y económicos para adelantar proyectos de explotación de recursos naturales y minerales.
2. Efectuar la erradicación manual de los cultivos ilícitos para evitar las afectaciones físicas, espirituales, y culturales.
3. Implementación pertinente, eficaz y eficiente de las ordenes y recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional de Colombia en el Auto 005 de 2009 y complementarios, para la atención a población afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado.
4. Garantizar que todo apoyo financiero de los EEUU, por USAID y por otras vías, sea decidido para la construcción y materialización de los planes de etnodesarrollo de las comunidades afrocolombianos. Todos dichos proyectos deberían ser consultados de forma previa, libre e informadas con las autoridades étnicas de los territorios en cuestión y con organizaciones afrodescendientes tradicionales de base. El Departamento de Estado debería sugerirle a USAID que sus contratistas respeten el derecho de las comunidades de la consulta previa, libre e informada y que en todas las etapas de la intervención haya un diálogo directo con las organizaciones étnicas territoriales.
5. Frente a las altas cifras de asesinatos, desapariciones forzadas y señalamientos, realizar las adecuaciones necesarias para poder brindar a los líderes y liderezas y comunidades étnicas, esquemas de protección integral.
Nuevamente apreciamos la oportunidad de dialogar con Uds. sobre estos temas importantes que afectan las vidas diarias de miles de afrodescendientes en la región del Chocó. Es nuestra esperanza que el Embajador Michael McKinley visite Quibdó y que se reúna con la Diócesis de Quibdó y el FISCH en sitio para fortalecer estas alianzas y poder trabajar conjuntos sobre soluciones de una manera mas fuerte.
Sinceramente,
Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli
CC:
Zakiya Carr-Johnson, Unidad de Raza, Etnia e Inclusion Social
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, DRL
Olivia Franken, WH
Paula Uribe, Consultora
Amanda Porter, Embajada EEUU en Bogotá
English Translation:
November 3, 2011
Brian A. Nichols
Principal Deputy Assistant Secretary of State
International Narcotics and Law Enforcement Affairs
Simon Henshaw
Director of Andean Affairs
Bureau of Western Hemisphere Affairs
U.S. State Department
2201 C St, NW
Washington, DC 20520
Dear Sirs,
We wish to thank you for meeting with Father Sterlin Londoño Palacios of the Dioceses of Quibdo and FISCH (Interethnic Solidarity Forum for Choco), Gimena Sanchez-Garzoli and Anthony Dest of the Washington Office on Latin America (WOLA) on October 18th. We appreciate the effort you made to grant us a meeting with representatives from various offices within the State Department concerned with Colombia and for your close attention to the concerns and suggestions that were presented by the Father. Below you will find a summary of the concerns expressed at this meeting:
Aerial Fumigations
Since September 2011, authorities have fumigated with glifosphate both coca crops and the food crops of Afro-Colombian and indigenous communities residing in Choco. For many years, these same communities have informed the Colombian government that coca cultivation was taking place in their territories and the authorities did not respond adequately to this concern. The five thousand Afro-Colombians and indigenous persons who recently protested the policy of fumigation have fully expressed that they are not in favor of coca growing and of the aerial fumigation policy. The later due to the fact that this lead to the crops that they grow to sustain themselves are destroyed by fumigation efforts.
As the Afro-Colombian community councils affected by the fumigation policy have pointed out in various public statements, aerial fumigation is applied in an indiscriminate manner that leads to the basic crops grown by the communities in order to sustain themselves are affected. Cultivations of corn, rice, fruits, yucca, plantain and other food items were destroyed by the fumigations and have led to a grave food security crisis for the inhabitants in the region. The poison from the fumigation effort has also landed in aqueducts from which the locals drink, the houses of residents and a school was fumigated. The later has led to great concern for the effects glifosphate will have on the health of these persons in particular their children and pregnant women. Already there exist reports of effects on residents' skin and gastrointestinal tracts. In addition to concerns health, social and environmental effects, we remain concerned that the fumigation policy is only resulting in dispersing coca growing and not its actual reduction. With all due respect, we inform you that this policy is not attacking the roots of the narco-trafficking problem. Narco-trafficking is highly problematic leads to violence, abuses and a series of other problems for the residents of this region.
The communities residing in this region are victims of narco-trafficking. They are forced by illegal armed groups to grow coca because if they refuse they suffer devastating consequences. They do not want to grow coca and are willing to seek alternative solutions that enable them to work with the authorities on how to attack narco-trafficking in the region. They would like the fumigations to cease because they only see this as aggravating the problem and not resolving it. Our recommendation is that the office of anti-narcotics affairs (INL) of the State Department establish a direct dialogue with the affected communities, their territorial leaders, FISCH and the Dioceses of Quibdo that seeks to find better ways to eradicate coca growing and leads to diminishing narco-trafficking in Choco. The hope for this dialogue would be for it to also lead to a reduction in the abuses committed against the inhabitants of this region by those involved in narco-trafficking.
Internal Displacement
Colombia, in general, and the afrodescendant and indigenous communities in the Pacific in particular, continue to be victimized by new internal displacements linked to the internal armed conflict, violence, narco-trafficking and the fumigation policy. New displacements are added to the fact that at least fifty-percent of Choco's has suffered internal displacement sin 1996. In Choco in 2011 alone, ten cases of new displacements have taken place. The persons displaced during the last decade continue to live in precarious conditions having abandoned their lands and without their rights having been reconstituted. Most live in conditions of absolute poverty. Their leaders who are in Quibdo and throughout the country continue to face death threats and are still waiting for justice for the situations that led to their displacements. The State has omitted providing the leaders of the displaced effective protection measures and due to this many of them face a high risk of being assassinated. In addition to this longer standing problem, newly displaced persons are facing a humanitarian emergency where their basic needs are not being met.
Colombia's Constitutional Court took the important step towards remedying the rights of the displaced in April 2004 with sentence T-025 and later with subsequent order 005 of January 2009 on Afro-Colombian displaced communities. Unfortunately, despite what the Colombian government presents outside of the country in terms of implementation of this order, some of the communities in Choco only learned about the contents of the order issued two years ago by the Court last month. In other words, the State has not implemented order 005 in the case of Choco.
The Santos Administration has taken steps with the victims and land law. However, it is important to underscore that this law does not resolve the overall rights of internally displaced persons; it only refers to the territorial rights of some of the displaced. In general, we believe that the new law is a good step and everyone agrees that by recognizing victims and that they have rights the government is moving forward. Nevertheless, the law was passed without an informed, free and previous consultation with Afro-Colombian and indigenous communities. The consultations for implementation of the regulatory decree for the victims law that was introduced after passage of the law, Afro-Colombians' right to a free, informed and previous consultation was not respected. As a result of this, the Afro-Colombian Working Table has put forth a proposal for the regulation of the decree law for Afro-Colombian victims. Despite this, the situation remains complex and there does not appear to exist the political will on the part of the government to hold a consultation in good faith with the Afro-Colombian victims. As such, the risk of Afro-Colombians being re-victimized by this law is very high.
With regards to the above, we recommend that the State Department's Human Rights, Democracy and Labor Bureau urge the Colombian authorities to prioritize the implementation of Order 005, as well as, urgent, effective and differentiated mechanisms of protection for Afro-Colombian leaders. Further, that Colombia advance with a free, previous and informed consultation with Afro-Colombian communities on the decree law and that the previous consultation process is respected in all future legislation that affect Afro-Colombian and indigenous communities.
COCOMOPOCA Land Titling Process
In 1999, the Major Community Council of the Popular Campesino Organization of the High Atrato (COCOMOPOCA) requested that the Colombian State legally recognize its ancestral territory of High Atrato. Despite the fact that this was one of the claims best supported with evidence in all of the Pacific Coast, including with various subsequent judicial orders, it took the Colombian State eleven years to recognize this legal claim. Part of its reason for doing so had to do with transnational companies' interest in exploiting natural resources located in these territories. This reality is seen in that COCOMOPOCA received titles to 73,000 hectares. Yet in 40,000 of those same hectares concessions were granted for mining exploration to outsiders. These mining permits foresee large-scale open sky efforts. This and other realities in these territories are producing great insecurity for its residents. The territorial authorities were not previously consulted or consulted at all about these projects that will affect these communities in a physical, cultural and spiritual manner.
We are convinced that your support for these social justice causes that are important for these communities whose basic needs are largely unmet. For this reason, we recommend that in your official dialogues with the Colombian government that you consider integrating the following items that are a priority for these Afro-Colombian and indigenous communities, their leaders and organizations.
1. Guaranteeing by monitoring on the part of your offices that the Colombian government implements free, informed and transparent prior consultation processes in the implementation of plans and projects (including prior environmental, social, cultural, ethnic and economic assessments) concerning natural and mining resources.
2. Effective manual eradication of illicit crops to avoid physical, spiritual and cultural effects of the local population.
3. Full implementation in an effective and efficient manner of the orders and recommendations emitted by Colombia's Constitutional Court in order 2005 of 2009 and complementary orders, for the attention of afrocolombians in the situation of internal displacement.
4.Guaranteeing that all financial support from the US, via USAID and other means, is designated to the construction and implementation of the ethnic- development plans of Afro-Colombian communities. All projects financed by the US should be consulted in a free, informed and previous manner with ethnic authorities of the areas where these projects will be implemented, as well as traditional Afro-Colombian grassroots organizations. The US State Department should recommend that USAID guarantee that its contractors respect the right to previous, free and informed consultation in all stages of a project's development with the territorial ethnic organizations concerned.
- In terms of the high number of killings, murders, forced disappearances and threats, State should take action to guarantee that the necessary and adequate steps are taken to provide male and female leaders of ethnic communities' integral protection mechanisms.
Again, we appreciate the opportunity to dialogue with you on these important issues that affect the daily lives of thousands of afrodescendants in the region of Choco. It is our hope that Ambassador Michael McKinley will visit Quibdo and meet with the Dioceses of Quibdo and FISCH in order to strengthen alliances that enable us to work jointly in finding better solutions to these problems.
Sincerely,
Padre Sterlin Londoño Palacios
Gimena Sánchez-Garzoli
CC:
Zakiya Carr-Johnson, Race, Ethnicity, and Social Inclusion Unit
Steve Hanwick, INL
Teresa Drake, INL
Tina Huang, Colombia Desk Officer, DRL
Olivia Franken, Colombia Desk Officer, WH
Paula Uribe, Consultant
Amanda Porter, Human Rights Officer, U.S. Embassy
Gimena Sanchez-Garzoli
Senior Associate for Colombia and the Andes
Washington Office on Latin America
Tele: (202) 797-2171 ext. 205
Cell: (202) 489-1702
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